Democracia y corrupción

Por Hugo Wortman Jofre Presidente Poder Ciudadano/Transparencia Internacional

En estos 40 años de democracia, los argentinos hemos sido testigos de cientos de casos de corrupción. Desde los pollos de Mazzorin hasta el yate de Insaurralde, pasando los bolsos de López, las valijas de Antonini Wilson y de Amira.

Las condenas judiciales fueron pocas y tardías.

Nos hemos acostumbrado a vivir con la corrupción, la hemos naturalizado en nuestras vidas.

Los casos se han ido acumulando en nuestra memoria y siempre uno mas grave, nos hace olvidar de los mas antiguos. En la tapa de los diarios se suceden los escándalos de corrupción, que a la semana siguiente son reemplazados por otros más espectaculares.

Los argentinos vivimos en un contexto de hiper corrupción o corrupción sistémica.

Los empresarios saben que para realizar un negocio deberán provisionar dinero para pagar sobornos y los ciudadanos sabemos que muchas de las complicaciones de la burocracia estatal se solucionan pagando sobornos.

Uno podría preguntarse, entonces, si la corrupción es un problema inmanente al sistema democrático. La respuesta categórica es que no. El índice de percepción de la democracia que elabora Transparency Internacional cada año (https://www.transparency.org/en/cpi/2022) o los indicadores de integridad publica de la OCDE (https://oecd-public-integrity-indicators.org/) evidencian que existen otros países que viven en democracia y tienen muy poca corrupción.

En el año 2022 Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda fueron los países que registraron los mejores indicadores en la materia. Sobre 180 países ellos obtuvieron el primero, el segundo y el tercer lugar, respectivamente. Nuestro país se ubicó en el lugar 94; es decir debajo de la mitad de la tabla.

Tampoco sería correcto afirmar que durante la última dictadura argentina no hubo corrupción o hubo menos que durante estos cuarenta años de democracia. Lo que no existía era información pública, ni libertad de prensa que pudiera difundir la poca información que circulaba.

Hoy los casos de corrupción se conocen gracias a la labor de los periodistas de investigación y a los pedidos de acceso a la información que realizamos desde la sociedad civil.

Estas dos herramientas de lucha contra la corrupción fueron y son defendidas muy férreamente desde el Poder Judicial y la CIDH.

Es decir que la democracia a lo largo de estos cuarenta años nos ha ido dotando de nuevas y mejores posibilidades para combatir la corrupción; tanto a los ciudadanos como a los funcionarios y gobernantes.

Hemos mejorado, pero aún resta mucho trabajo por delante.

Nos equivocaríamos si pensáramos que vamos a poder enfrentar la corrupción solos. Los actos heroicos se agotan en sí mismos y no logran modificar los sistemas corruptos que dañan nuestras instituciones.

Lo que necesitamos es acordar, consensuar y definir un plan nacional y federal para luchar contra la corrupción tanto pública como privada.

Si bien es cierto que a nivel del Poder Ejecutivo Nacional existe el ENI (Estrategia Nacional de Integridad; ver Decreto 258/219 y Decisión Administrativa 592/2021), que consiste en una hoja de ruta de iniciativas para combatir la corrupción y que involucra a la administración publica central y a los organismos descentralizados, no es suficiente.

Realmente es una buena idea que ha comenzado con un diagnóstico y con la elaboración de varias propuestas de mejora.

Pero dicho esto, también hay que señalar que se trata de una iniciativa que al ritmo que avanza y supeditada solo al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y a la coordinación de la Oficina Anticorrupción, está destinada a fracasar frente a la proliferación de casos de corrupción.

Es indispensable que una acción de esta naturaleza abarque a los tres poderes del Estado y cuente con la adhesión de las veinticuatro jurisdicciones provinciales. Es preferible resignar contenidos, pero lograr acuerdos mínimos sobre los cuales avanzan con mayor celeridad.

En conclusión, creo haber transmitido una mirada esperanzadora acerca de que en estos cuarenta años de democracia hemos logrado generar herramientas y mecanismos de lucha contra la corrupción, pero es indispensable que logremos acuerdos mínimos y muy extendidos, que nos permitan ganar eficacia en el corto tiempo.

Caso contrario, la ciudadanía continuará abatida por el descreimiento.

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