“Hay una cultura que exalta la figura del pibe chorro”

El abogado especialista en Derecho Penal Matías Vidal explicó que “en los últimos años, según las estadísticas oficiales sigue creciendo la participación de jóvenes y adolescentes menores de edad en delitos violentos sin ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos”.

El abogado analizó en una entrevista que mantuvo con El Territorio cuál es la realidad de los menores de edad que cometen acciones tipificadas en el Código Penal.

En ese punto, advirtió que “se espera que el gobierno que acaba de ser electo tome algún tipo de acción en esta materia porque  lamentablemente en varios conglomerados urbanos del país está muy instalada la cultura del pibe chorro como aspiracional para adolescentes y jóvenes.

¿En los últimos diez años creció el número de menores de edad que cometen delitos penales?

Sí, así lo demuestran las estadísticas oficiales, como por ejemplo la que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todos los años publica un informe, que muestra claramente el aumento de estos casos. El último de esos informes que fue publicado en el 2022 mostró un incremento de menores que delinquen con respecto al 2021.

El informe toma el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la realidad muestra que es un fenómeno que se replica en las principales ciudades de todas las provincias del país.

¿Pero ese crecimiento también se lo puede leer como producto del aumento demográfico de la población?

No, porque el porcentaje de menores que delinquen es superior al del crecimiento demográfico. Está por encima del aumento de la población.

¿De qué tipo de delitos estamos hablando?

Estamos hablando de delitos violentos, que se llaman delitos de sangre, como hurtos, robos, abusos, lesiones y homicidios, vinculados generalmente al delito de narcomenudeo. Porque estos jóvenes y adolescentes integran el eslabón más bajo del narcotráfico y de la venta de estupefacientes.

¿Cuál es el tratamiento judicial que recibe un menor que comete un delito?

Está normado por el Régimen Penal de la Minoridad, en el que se diferencian dos universos distintos. El tratamiento es diferente para los menores de 16 años que para los jóvenes que tienen más de 16 y menos de 18 años.

En el primer caso, de los menores de 16 años,  son inimputables para cualquier delito del Código Penal.  Esto significa que si por ejemplo un menor de 16 años es encontrado en el momento de la comisión del delito, por más atroz que éste sea, su condición es de inimputabilidad.

Esto significa que para la legislación de nuestro país un menor de 16 años no comprende la criminalidad de ese acto y por lo tanto no puede recibir ningún tipo de condena. Si el delito es extremadamente grave puede ser que el juez de menores que interviene, imponga una medida tutelar con el objetivo de apuntalar las condiciones de vida de ese menor de edad.

¿Y qué pasa si el menor tiene más de 16 años?

Si el menor tiene 16 o 17 años y comete un delito, hay que ver si ese delito que se le imputa tiene una penalidad menor a dos años, por ejemplo un hurto, y en ese caso se lo considera también como inimputable.

En cambio, si el delito tiene una pena de más de dos años, como un robo, un homicidio o un abuso, se lo puede juzgar, pero no se lo puede condenar hasta que cumpla los 18 años y sea mayor de edad, haya atravesado un proceso tutelar de por lo menos un año y a criterio del juez interviniente subsista la necesidad de imponer una pena.

Por ejemplo, un menor de 17 años cometió un robo con un arma, que tiene una pena mayor a dos años. Puede ser juzgado, pero la sentencia del juez recién puede concretarse después de esos tres requisitos antes mencionados: hay que esperar que cumpla los 18, que realice el proceso de orientación tutelar y recién después el juez evaluará si en ese tiempo el menor aprendió de su error y no volverá a cometer un acto similar.

Esto significa, en síntesis, que  los menores que cometen delitos, salvo casos excepcionales, quedan fuera del alcance de la ley.

¿Se trata de adolescentes de distintos sectores sociales o son en su mayoría provenientes de familias pobres?

Este tipo de delito es transversal a todas las clases sociales, pero las estadísticas también muestran que su mayor incidencia  se da en sectores más pobres, con familias desestructuradas o donde muchas veces los padres o familiares ya tienen vinculación con el delito.

¿Qué mirada tenés del funcionamiento de los institutos de menores?

En general estos institutos no cuentan con el presupuesto necesario para ser ámbitos adecuados de contención y educación de los menores de edad.

Las infraestructuras que tienen quedaron totalmente superadas por el crecimiento de la población menor de edad que delinque. En la mayoría de ellos rige la precariedad y la sobrepoblación, con condiciones de higiene que no son dignas.

Tampoco funcionan en general los talleres y las capacitaciones que son fundamentales para encauzar socialmente a esa población. Los menores de edad no pueden ser llevados a comisarías, ni tampoco a establecimientos para adultos, tampoco pueden ser esposados y su tratamiento es totalmente distinto al de una persona mayor de edad.

¿Por qué motivo un adolescente ingresa al mundo del delito?

En los últimos años se terminó de instalar una cultura prodelincuencia, que tiene que ver con la no vigencia de la ley en muchos sectores de la sociedad desde donde se irradia un mensaje antinormativo o de anomia donde todo está permitido.

Y esto es alimentado por un sistema judicial que al no dar una respuesta firme en la primera vez que un menor de edad incursiona en un delito, genera la idea de que está todo bien y que no pasa nada si sos menor y violas la ley.

Ese primer delito que suele ser leve es el trampolín para seguir escalando en la carrera de la delincuencia. Es lo que vemos en nuestro trabajo en los juzgados. Jóvenes que empiezan con delitos menores y siguen escalando muchas veces empujados por su mismo entorno que los lleva a cometer delitos más graves.

Y así la línea se va corriendo cada vez más porque esos chicos no encuentran un límite claro que les diga ‘esto no se puede hacer’ o ‘si hacés esto vas a tener esta consecuencia’.

¿Te referís a una especie de cultura que promueve que los jóvenes delincan?

Sí, creo que esta cuestión cultural es el aspecto más problemático de este tema, porque actualmente ya estamos hablando de una tercera o cuarta generación de pibes chorros. Que nacieron en hogares donde alguno de los progenitores ya incursionó en el delito como así también sus abuelos.

No estoy diciendo que en todos los casos sea así, porque también hay familias que intentan evitar que sus hijos cometan ilícitos. Pero claramente es una tendencia que crece.

 Hay una cultura muy extendida que enarbola la figura del pibe chorro y le baja el pulgar al gil laburante. Porque también tiene que ver con la idea de lograr satisfacer rápido las necesidades sin sacrificios ni esfuerzos de estudio o trabajo.

Por eso la figura del pibe chorro, lejos de ser un símbolo negativo, es más bien algo deseado por muchos jóvenes, porque es sinónimo de status social en algunos sectores.

¿Se trata de fenómenos sociales de ciudades grandes o también se da en otro tipo de poblaciones?

Este tipo de cultural pro delito en los jóvenes se puede ver en las zonas del conurbano de las grandes ciudades. Se extiende en los conglomerados urbanos donde el Estado y la ley no llegan. Ahí donde la gente vive librada a su suerte es donde crece esta semilla de falta de sentido de respeto al otro y del todo vale porque inclusive la vida no es valorada en su justa dimensión.

Son jóvenes que se sienten expulsados del sistema. Que abandonaron la educación. Que muchas veces no tienen familias como sistema de contención o instituciones que los ayuden. Entonces a ese pibe es casi imposible llegarle con discursos de respeto a la ley.

¿Dónde buscar las herramientas para evitar que los jóvenes elijan el camino del delito?

Como en todo fenómeno social complejo, la solución debe provenir desde distintos lugares. Primero hay que destacar que los jueces están obligados a respetar la ley y los tratados internacionales sobre los derechos de niños y jóvenes.

En este tema es necesario avanzar con cambios en materia de leyes para ponerlas acordes a los tiempos que corren. Sin violar esos tratados internacionales hay que ir hacia una actualización legal en la materia de menores.

En lo personal pienso que bajar la edad de inimputabilidad es una posibilidad. Otra herramienta es dotar a las áreas que trabajan con menores de edad del presupuesto necesario para su correcto funcionamiento. Y también es necesario avanzar como sociedad en acuerdos de convivencia básicas que contemplen esta problemática así tal cual la estamos viviendo. Que no se la siga escondiendo. Creo que este gobierno que acaba de ser votado por la mayoría de los argentinos va avanzar en algunos cambios en esta materia.

Pero también es necesario llegar con salud, educación y posibilidades de crecimiento personal a todos los jóvenes que viven en situaciones de alta vulnerabilidad social.

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