"Hay que dejar claro que la Justicia de adultos no es la misma de los menores"

En la oficina del titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez (63), resalta una foto con el papa Francisco - quien lo convocó dos veces-, tomada en un viaje al Vaticano en 2019 cuando era presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia.

El magistrado está en su puesto desde hace 23 años y fue el encargado de administrar justicia en recordados casos que trascendieron mediáticamente a todo el país como el homicidio de Lucas Vega a manos de un adolescente de 15 años en 2011, “la chica del Mini Cooper” que chocó y mató a un trabajador en 2016 o la reciente denuncias de alumnas del colegio Roque González por abuso y acoso.

Con su jubilación ya en el horizonte, el juez detalló que en ese rol interviene en un promedio de 100 causas por turno -mes-, ya que comparte jurisdicción con el Juzgado Correccional Uno, a cargo de la jueza Marcela Alejandra Leiva. De esas causas, la mayoría son por delitos contra la propiedad - hurtos, robos, asaltos - y en segundo lugar aquellos contra la integridad sexual, que dijo han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.

Al respecto, dejó en claro dos factores excluyentes en los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley: la pobreza y las adicciones. También hizo hincapié en que la Justicia de Menores no es lo mismo que la “Justicia de Mayores”, una diferencia que considera no está del todo clara incluso en el Poder Judicial.

Mediante un trabajo interdisciplinario -con psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales- considera que el rol que se debe cumplir es de “reorganizar y reinstalar al niño que cometió un ilícito, dándole una segunda oportunidad a la sociedad y tratar de sanar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado en casa. Porque no es que un niño que un día se despertó con ganas de matar y robar, hay una causa que casi siempre es familiar, otra veces la ausencia del Estado, pero casi siempre es familiar, en donde tenemos un grupo familiar también desamparado, sin posibilidades alternativas de una mejor vida”.

“¿Qué pasa con el niño?”, preguntó retórico. “No está escolarizado, no tiene la posibilidad de tener un mandato familiar serio y cierto. De esta manera vive en las calles. Entonces tenemos niños que se crían en las calles y sus padres, sus madres en la misma calle”

Consultado al respecto sobre la incidencia de la pobreza, los números son contundentes. “Es hasta excluyente la clase social y tenemos que agregar un ingrediente: las adicciones. En el anteúltimo turno el 100 por ciento de niños y adolescentes que cometieron ilícitos son adictos. Esto me lo dice la estadística, que es un expediente con un trabajo realizado por la interdisciplina e informes pertinentes”.

“De ese 100 por ciento la única posibilidad que tenemos como Estado es intentar de reencauzarlo, de darle otra oportunidad. En esto tenemos que trabajar de forma integral, porque no sirve solamente la Justicia, nos tiene que dar un acompañamiento serio a través del Ejecutivo, a través de su ministerio típico. Es un trabajo difícil, pero lo que tenemos como Justicia es dejar en claro que la Justicia de adultos no es la misma de los menores”, remarcó.

Al respecto, afirmó que “la pobreza tiene que tener una salida con política pública, pero la Justicia, que es el último eslabón de un sistema, no puede ser quien realmente administre la pobreza. Tenemos que administrar justicia con racionalidad y humanidad y la política pública tiene que encargarse del compromiso social”.

Al ser consultado por la diferencia de los niños y adolescentes de atrás y los actuales, el juez Jiménez remarcó varias diferencias. Antes debía intervenir en violentas peleas a la salida de boliche -“donde se golpeaban a matarse o casi matarse”- “ahora parece casi un paquete exclusivo de los sectores empobrecidos”.

“El otro dato de la realidad importante que veo es que los niños infractores de la ley penal son cada vez más niños. El chico que cometía ilícitos hace más de 20 años hoy lo comete de 11, 12, 13 o 14 hasta 15”, reflexionó.

La Ley

¿Cómo se trabaja esa metamorfosis? “Nosotros lo único que tenemos es la Ley y obviamente en la Justicia de Menores los estándares internacionales. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene raigambre constitucional, tiene y debe ser de una vez por todas la estructura jurídica fundamental para pensar en la niñez cuando comete un ilícito penal. Y esto significa que debemos darnos la posibilidad seria de un sistema penal juvenil adecuado a estos tiempos”, propuso el entrevistado.

El juez considera que para armar un nuevo régimen penal juvenil no hay que pensar en bajar la edad de punibilidad como muchos dirigentes políticos proponen. “Es una imposibilidad hasta internacional, porque nosotros tenemos edad y al tener edad el Comité Internacional de los Derechos del Niño dice que en el país donde hay edad no se puede bajar porque es una medida regresiva”, argumentó. 

Tampoco cree que la solución es la detención, aunque es consciente que la sociedad muchas veces lo reclama. “De diez pibes que ingresaron a la alcaldía de menores, dos son adultos y ocho han reincidido en la actividad delictiva. No pasa por meter preso a los pibes. Hay que responsabilizarse como Estado en todos los ámbitos, en todos los sectores políticos, en la medida de lo posible. Que todos compartan esta situación y todos sean parte del problema y parte de la solución”.

Proceso

Asimismo,  consultado sobre el proceso judicial de los menores una vez que se comete el delito, remarcó que la detención es “la última ratio”. “Hay una entrevista con los familiares, hay una entrevista con el chico y una entrevista con la víctima dependiendo del tipo delictivo”.

En estos casos trabaja la llamada interdisciplina, que según el juez es fundamental porque muchas veces en esos informes se apoyan la sentencia. Al respecto, consideró que la tarea más importante del proceso es que el menor sea escolarizado -si no lo está- porque “el chico que está en la escuela no delinque porque está ocupado en otros ámbitos”.

“Armamos una suerte de contención para intentar encauzar o que vuelva ese pibe a la sociedad más sanamente. Los juzgados tienen su fiscal y su defensor. Hay dos juzgados (en Posadas), cuando ocurre un hecho investiga uno y juzga el otro. El moño de todo esto es el juicio, del juicio va a depender la condena”, explicó. 

Lo que indica la ley, según explicó el magistrado, es que a la hora de definir una pena no existe la prisión perpetua, no hay reincidencia y generalmente el menor es entregado al padre o tutor. Si debe establecerse una sanción, el juez se basará en la escala penal prevista para la tentativa del delito investigado.  

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