“La escasez de recursos es la pared con la que chocamos todo el tiempo”

Lautaro tiene 17 años y el último jueves fue demorado junto a otro chico de la misma edad porque la Policía halló en su poder una riñonera con seis envoltorios que totalizaron poco más de 30 gramos de marihuana.

Ambos venden para pagarse el consumo, es decir que detrás hay un adulto que los usa en beneficio propio. Un mayor que explota las carencias y necesidades de menores como Lautaro, cuya madre desde hace varios meses se halla abocada al cuidado de su pequeña de 5 años que padece cáncer y realiza tratamiento en Buenos Aires.

Un caso que ejemplifica la vulnerabilidad en que se encuentra la gran mayoría de los menores que delinquen, quienes más allá de no dimensionar el alcance de sus acciones (tal como lo considera la ley), en general tampoco cuentan con una familia que asista todas sus necesidades.

Y cuando ya están en conflicto con la ley “son las madres quienes concurren al juzgado. Generalmente es la mujer la que está detrás de los hijos”, comentó Adriana Denise Zajaczkowski, jueza Correccional y de Menores de Oberá.

En diálogo con El Territorio, la magistrada explicó el sistema de minoridad se sostiene a partir de considerar que una persona no alcanza hasta los 18 años la madurez completa cognitiva y emocional para comprender el real alcance de sus acciones, y por eso deben ser juzgados desde una perspectiva diferente a la de los adultos.

“Por eso buscamos efectividad en las medidas de protección, partiendo de la base de que el chico está abandonado a su suerte”, subrayó.

Múltiples frentes

Zajaczkowski destacó la labor en red que realizan con diferentes organismos, aunque reconoció que “la escasez de recursos es la pared con la que chocamos todo el tiempo, porque buena voluntad hay”.

“Hay buena voluntad en la Pastoral de Adicciones, en Niñez de la Municipalidad, en el Hogar de Día y acá. El problema es que los recursos son escasos. Estamos siempre administrando recursos escasos”, remarcó.

Su visión se corrobora con la cantidad de causas que se tramitan en el ámbito del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, cuya órbita incluye juicios a mayores por delitos con penas de hasta seis años de cárcel; el tratamiento específico de menores y también cumple función de tribunal de apelación de la justicia de Paz.

Un dato contundente señala que en el 2022 se tramitaron 460 expedientes de juicio correccional, casi el triple de causas que en el Tribunal Penal Uno, donde hubo 170 causas.

Ocurre que la incorporación de la quinta jurisdicción judicial sumó trabajo al enorme caudal que ya había, pero no se incrementaron los recursos.

Otro dato: actualmente hay un solo defensor oficial que atiende las causas de los dos juzgados de Instrucción, del Correccional y de Menores y del Tribunal Penal de Oberá.

Más causas que en Posadas

También las estadísticas son contundentes. Según la página oficial del Poder Judicial de Misiones, el año pasado en el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá se tramitó un total de 782 expedientes, mientras que en Posadas fueron 744.

En tanto, en la específica materia de menores la cifra local ascendió a 322 causas, contra 238 de la primera circunscripción capitalina.

Respecto a los delitos más habituales entre menores, Zajaczkowski precisó que “en lo que va del 2023, el 60 por ciento corresponde a hechos contra la propiedad y 20 a delitos contra la integridad sexual, que es un número enorme”.

Sobre el último punto, opinó que “los menores acceden a mucha información y no tienen la madurez para procesar toda esa información. Entonces por ahí repiten acciones que no comprenden ni se percatan de que cometieron un abuso”.

De todas formas, remarcó que a pesar de ser no punibles, no es que el sistema se desentiende y el hecho queda impune.

“La Policía instruye un sumario porque tenemos la obligación de comprobar que exista un hecho que sea delito, porque yo no puedo decir ‘declaro no punible porque me parece’, debo estar segura de que el hecho ocurrió y que el chico es el presunto autor, porque pasa que a veces se encubre la actividad de un adulto detrás de una acusación a un menor”, señaló.

En ese contexto, si bien no hay un proceso penal, el menor es evaluado por un gabinete interdisciplinario que hace hincapié “en el entorno familiar para ver si tiene contención y si le garantizan sus derechos, porque es la única manera de reencauzar a ese chico”, agregó.

Llamado de atención

En este punto se requiere la intervención de otros organismos, como las áreas de niñez y adolescencia municipal de Oberá que trabaja en red con la Justicia.

La magistrada también ponderó el rol del Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal (Cemoas).

“Un menor sólo puede ser demorado en instalaciones del Cemoas para las actuaciones y en un plazo no mayor a cuatro, seis horas debe ser restituido a sus padres. Así se busca evitar que ingrese a una comisaría y los pongan en una celda o sea sujeto de malos tratos. El Cemoas es un aporte valiosísimo porque es un lugar en mejores condiciones edilicias para recibir a un chico”, destacó.

Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe alojar menores en comisarías.

Zajaczkowski también se refirió a una situación que la preocupa con relación a la actuación de la Justicia de Paz.

“Hay todavía una lucha con el Juzgado de Paz porque el proceso contravencional los considera punibles desde los 15 años, lo que va en contra de la ley nacional todavía vigente y en contra de fallos de la Corte Interamericana. Y así pasó de chicos alojados en comisarías que terminaron suicidados o lo que fuera, y eran chicos que estaban en un proceso contravencional”, precisó.

Por ello, subrayó que “el código contravencional debe ser modificado por los legisladores provinciales, pero nadie le presta atención. Es algo que está muy olvidado y requiere urgente atención”.

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