Denunció presuntas fallas en la causa por restitución de su hijo

Una joven madre que reside en la localidad de 25 de Mayo presentó una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que cuestiona el trámite de una causa de restitución de su hijo que se tramita en el Juzgado de Familia N° 2 de Posadas.

La presentación se concretó el pasado 15 de junio y solicita la intervención del máximo tribunal provincial para “revisar la actuación judicial y adoptar medidas que garanticen el debido proceso y el interés superior del niño”, mientras se encuentra pendiente la resolución de una apelación.

La denuncia se vincula con el expediente iniciado por Ángel Fabián F. de M. contra Camila Ayelén F. por la restitución de D. E., un niño de 2 años.

La acción judicial fue promovida el 6 de abril del corriente año, luego de que el padre sostuviera que la madre trasladó al menor desde Posadas a 25 de Mayo sin su consentimiento y en incumplimiento del acuerdo de cuidado personal compartido homologado en 2025.

En su contestación de demanda, la madre rechazó los hechos atribuidos y planteó la incompetencia territorial del juzgado posadeño. Argumentó que el centro de vida del niño se encontraba en 25 de Mayo y ofreció distintas medidas de prueba para respaldar su postura.

“El juez nunca me escuchó, sólo escuchó la versión del papá”, reclamó la madre.

En diálogo con este medio, precisó que el 22 de abril se realizó la audiencia prevista, aunque las partes no alcanzaron un acuerdo.

Luego, la Defensoría Oficial y la Fiscalía dictaminaron que la causa debía tramitar en otra jurisdicción y recomendaron remitir el expediente a Oberá. Sin embargo, el padre impugnó esos dictámenes al sostener que el cambio de residencia había sido “ilegítimo”, se cita en la denuncia.

Restricciones

Mediante una resolución dictada el 26 de mayo, el Juzgado de Familia N° 2 de Posadas rechazó la excepción de incompetencia, confirmó su competencia al considerar que el centro de vida legítimo del niño continuaba siendo Posadas y ordenó la restitución inmediata del menor al padre.

Además, dispuso dar intervención a la Justicia Penal para investigar una eventual infracción a la Ley Nacional 24.270, que sanciona el impedimento u obstrucción del contacto entre un menor y sus progenitores.

La resolución fue apelada por la defensa de la madre. No obstante, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, por lo que la orden de restitución continuó siendo ejecutable mientras la Cámara analiza el planteo.

Ante el incumplimiento de esa medida, el juzgado también ordenó restricciones para impedir la salida del país del niño, mediante oficios dirigidos a la Dirección Nacional de Migraciones y a distintas fuerzas de seguridad.

En la reciente denuncia presentada ante el STJ, la defensa de la madre sostiene que durante el proceso se produjeron “graves irregularidades que comprometieron las garantías procesales y los derechos del menor”.

Entre los principales cuestionamientos, la defensa argumentó que “el juez ordenó la restitución inmediata sin producir pruebas interdisciplinarias consideradas esenciales,  como informes socioambientales, pericias psicológicas y evaluaciones médicas, pese a que entienden que ese tipo de elementos resulta indispensable antes de adoptar una decisión de esa magnitud”.

Asimismo, se indicó que “el magistrado se apartó de los dictámenes emitidos por el Ministerio Público Complementario y el Ministerio Público Fiscal, ambos favorables a declarar la incompetencia territorial del juzgado, sin brindar —según la presentación— una fundamentación suficiente que justificara ese apartamiento”.

“Daños emocionales”

Otro de los planteos apunta a que la sentencia habría adoptado la medida más gravosa disponible, al disponer la restitución inmediata del niño, sin evaluar previamente alternativas menos categóricas, como un régimen progresivo de vinculación o visitas supervisadas que permitieran preservar los vínculos familiares mientras se resolvía el conflicto.

La denuncia también señala que existía un informe socioambiental incorporado en otro expediente judicial relacionado con la familia que, según la defensa, no fue valorado por el juzgado al momento de resolver.

La defensa argumenta además que “la ejecución inmediata de la sentencia, pese a encontrarse apelada, podría ocasionar daños emocionales y familiares de difícil reparación en caso de que la resolución sea posteriormente revocada por un tribunal superior”.

En ese contexto, la presentación solicita al Superior Tribunal de Justicia que tome conocimiento de los hechos denunciados, requiera el expediente para analizar la regularidad funcional del proceso y evalúe especialmente la presunta omisión de medidas probatorias consideradas relevantes.

También pide que el máximo tribunal “tenga presente la urgencia del caso y el riesgo de un daño irreparable para el niño, y que adopte las medidas de superintendencia, investigación o prevención que estime necesarias para resguardar el debido proceso y el interés superior del menor mientras se resuelve la apelación pendiente”.