Ingresaron otras 350 personas por Iguazú y serían las últimas

domingo 29 de marzo de 2020 | 5:00hs.

Tal como lo indica la ampliación del decreto presidencial que prohíbe el reingreso de argentinos al país, Gendarmería Nacional tenía la orden de cerrar en la medianoche de ayer el acceso en la cabecera del puente internacional Tancredo Neves -que une Puerto Iguazú (Argentina) con Foz de Iguazú (Brasil)- hasta este martes.

En principio esta acción trajo cierta tranquilidad a los ciudadanos de la localidad misionera, quienes temen que el virus se propague, aunque en horas de la tarde de ayer se confirmó el segundo caso positivo de Covid- 19 en Misiones, un paciente de 27 años de Puerto Iguazú.

En la jornada de ayer ingresaron al país las últimas 350 personas autorizadas por Cancillería a volver al territorio argentino, quienes estaban en tránsito antes de que entrara en vigencia la medida del cierre total de la frontera.

Así, 320 argentinos ya dejaron la zona primaria aduanera: un grupo fue evacuado en micros de larga distancia hacia Chaco y otro a Corrientes. Además un grupo que abordó el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que despegó a las 15.30 y los demás fueron trasladados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en el Hércules C130, tal como ocurrió en la jornada anterior. Al cierre de esta edición estaba previsto que otros 30 que llegaron pasadas las 22 emprendan viaje para volver hoy a sus respectivas provincias.

Además, según indicaron fuentes a este medio, un grupo de funcionarios nacionales arribó al destino para ocuparse de los argentinos que podrían haberse quedado del lado brasileño, tal como lo indicó el presidente Alberto Fernández, que se encargarían de quienes no lograron volver al país.

Trabajo en la frontera

Durante los últimos diez días ingresaron al país por el puente internacional Tancredo Neves casi 14.000 personas, todos de nacionalidad argentina que se encontraban de vacaciones en Brasil y diferentes partes del mundo.

Todos buscaban llegar a sus hogares para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria y decretado por el Gobierno nacional.

Durante esos días, trabajaron intensamente agentes de la Gendarmería Nacional, Policía de Misiones, Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Migraciones, Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y Defensa Civil. Además Parque Nacionales aportó las carpas para resguardo y unos días después el Ejército Argentino colaboró con las carpas de campaña para que aquellos que llegaban de noche pudieran descansar mientras esperaban que se organizaran los grupos para seguir viaje.

Defensa Civil y Bomberos Voluntarios jugaron un papel crucial durante los primeros días ya que se encargaron de organizar los grupos de personas por provincia y conseguir que las empresas de micros de larga distancia trasladaran a los turistas hacia sus hogares. Pese al cierre de frontera que hubo en el medio, el Ministerio del Interior continuó con el trabajo coordinado hasta trasladar al último argentino varado en el Centro de Frontera.

En horas de la mañana de ayer, la Secretaría de Obras Públicas junto a la Dirección de Vectores procedió a la limpieza con camiones y con todo el personal afectado para llevar tranquilidad a las personas que trabajan en la zona primaria aduanera. También han trabajado durante la madrugada en otros puntos de la ciudad con el mismo operativo.

Filippa imputado

La Justicia Federal actuó de oficio ante la aplicación de la Resolución municipal N° 291/2020 que establecía la prohibición del ingreso de personas a la Ciudad de las Cataratas y el cierre de la frontera con camiones.

La medida municipal fue celebrada por muchos residentes que temían posibles contagios de coronavirus ante la incesante llegada de personas provenientes de países en zona de riesgo, pero también generó conflictos con la Justicia, ya que iba por fuera de la ley atento a que el municipio no tiene jurisdicción sobre la zona primaria aduanera, como así tampoco sobre el Parque Nacional Iguazú y las rutas nacionales.

El bloqueo con camiones de gran porte sobre la ruta nacional tuvo consecuencias el viernes, cuando se conoció que finalmente las autoridades federales decidieron imputar al intendente Filippa y a los integrantes del Comité de Emergencia. Los artículos violados según la ley son el 194 y el 230, inciso 2.

El primero de ellos establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Mientras, el segundo indica que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.

Además, la Justicia Federal interviniente también ordenó el secuestro de los tres camiones de gran porte que fueron utilizados para cortar las vías de ingreso al Centro de Frontera, los cuales ayer continuaban sobre la cinta asfáltica pero estaban bajo custodia de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ahora deberán arbitrar la forma para trasladar los rodados hasta una de sus dependencias para quedar bajo resguardo.

Cancillería asiste a los varados

En el marco de la pandemia de Covid-19, la Cancillería Argentina, a cargo de Felipe Solá, creó y comenzó a implementar el Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior, con el objetivo de prestar asistencia a las ciudadanas y ciudadanos argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo previsto por el artículo 1° del decreto 313, del último 26 de marzo. Este programa, sin precedentes en la historia de la Cancillería, se desarrolla a través de las representaciones argentinas en el exterior, “hasta tanto nuestras y nuestros compatriotas puedan retornar a la Argentina”. Las representaciones podrán adoptar las medidas que resulten convenientes a los fines de garantizar el hospedaje, la alimentación, la asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica, según consta en la resolución de la Cancillería.