Políticas públicas integrales como forma de prevención

En Misiones funciona desde el año 2012 la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que depende de la Vicegobernación. La institución, a través de su titular, Miguel Molina y, al igual que las otras cuatro defensorías del país, se ha manifestado en contra de bajar la edad de imputabilidad y lo ha dejado claro en un extenso documento.
Y bajo esta postura, quien se prestó a una entrevista con El Territorio fue Marcelo Susini, abogado y coordinador del área jurídica del organismo. El profesional consideró que la contención de los niños, sobre todo con generación de políticas públicas, debe ser la prioridad antes que encerrarlos y detalló que la pobreza, la violencia y el consumo de estupefacientes son los factores comunes que sufren los menores que incurren en delitos.
“En la Defensoría, en los casos que tomamos conocimiento o intervención, servimos como articuladores de medidas para que se garanticen sus derechos. Hubo montón de casos en los cuales se planteaban situaciones que no sabían qué definir respecto al alojamiento del chico”, señaló el profesional con respecto a la intervención de la entidad.
Asimismo criticó que “lastimosamente las prácticas respecto a la Justicia penal juvenil o la Justicia penal son mucho más críticas porque tienen en cuenta un régimen anterior, que resulta vulneratorio de lo que dice la convención de los Derechos del Niño. Entonces se aplican medidas tutelares que no se ajustan a la niñez y a la perspectiva de derecho y todo el tiempo se está disponiendo el encierro de los niños en instituciones”.
Más allá de eso, como defensoría, contó Susini, se preocuparon por ver y acondicionar de mejor manera los lugares en donde se alojan los jóvenes que son sometidos a un proceso judicial.
“Trabajamos en colaboración con varios jueces, participamos en mesas de trabajo para hacer propuestas en el mejoramiento del sistema penal juvenil en la provincia y una de estas cuestiones es haciendo control y monitoreo de las instituciones existentes. Hoy tenemos la Unidad Penal de Menores, que depende del Servicio Penitenciario Provincial, y la residencia socioeducativa Lucas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social como únicas instituciones que sirven para alojar chicos”, detalló.
Entre los trabajos que fueron posibles mediante gestiones a diferentes organismos, se logró el acondicionamiento de un espacio para niñas y adolescentes mujeres que se inauguró el año pasado.
“En lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil, avanzamos en un pedido de fortalecimiento a la residencia Lucas para el mejoramiento de la infraestructura, que era medio endeble. De tantas visitas y yendo, mirando y viniendo, se buscó mejorar el lugar, la calidad para los chicos. Si bien se equivocaron o llegaron a situaciones que los impulsaron a tener que infligir la ley, también tenemos que buscar un espacio para que puedan reinsertarse en la sociedad”, insistió.

Funciones
El trabajo de la Defensoría consiste en resolver las cuestiones de niñez desde una mirada de políticas públicas integrales. Para ello, desde el organismo buscan generación de programas y proyectos “como para garantizar bases y ante una situación de vulneración de derecho sí avanzar, también desde lo administrativo, para restituir derechos”.
Los órganos de aplicación de la ley de protección del niño son los encargados de establecer esas medidas de protección integral y, en último caso, si se toma la decisión de separar al niño, niña o adolescente de su entorno familiar, ahí se solicita la convalidación judicial.

Pobreza, violencia y drogas
Al ser consultado por los factores comunes que identificaron en los chicos que cometieron delitos, el abogado fue contundente: pobreza, violencia y adicciones. “Los niños -advirtió- que llegan a infligir la ley penal no lo hacen por una mera decisión, sino por las vivencias, las experiencias respecto a su familia o las circunstancias de vida que tuvieron que enfrentar”.
“El factor común es la violencia, la pobreza, el consumo de sustancias. Esos son los principales factores que existen hoy en día y esto se basa en que no hay posibilidad de restituirle sus derechos oportunamente. El chico que nace en un contexto violento va a tener, lastimosamente, escasas posibilidades de salir adelante de ese contexto”, precisó.
Aunque aclaró: “No todos los niños que viven en la violencia van a ser violentos, pero lastimosamente si el niño ya aprende que el propio padre le enseña determinada cuestión para poder sobrevivir en las calles, va a ser más difícil porque no tenemos los mecanismo idóneos para captar a ese chico y generar otros espacios”.
También señaló que en Posadas hubo casos de adolescentes que vivían en un contexto económico favorable y, por causa de las adicciones y la falta de contención familiar, fueron detenidos.

Postura clara
“Bajar la edad de imputabilidad es una decisión que no afecta a las políticas criminales del país, si bien tuvimos casos trascendentales, son ínfimos. Las estadísticas y los número dan que la cantidad de chicos que infligen la ley no afecta al sistema a la política criminal en general”, argumentó Susini, quien considera que, de cada diez delitos, en 0,02 están involucrado un menor.
El profesional tiene la convicción que el sistema judicial es el último lugar donde tienen que ir lo chicos, aunque advirtió que “es necesaria una reforma o la creación de un sistema o un régimen penal juvenil, porque tenemos una ley que es obsoleta y no se ajusta a los parámetros internacionales”.
“Tenemos que saber también que hay principios de derechos internacionales, los principios de derechos humanos, que hacen a la progresividad, por lo que no podemos ir hacia atrás en los derechos que tenemos adquiridos. Si bien en Latinoamérica hay países en los cuales edades de imputabilidad son bajas, cuando se definió la edad de los 16, no podemos ir en retroceso porque estaríamos afectando este principio. En realidad tendríamos que ir avanzando en mejorar la situación de los jóvenes”, insistió.
“Nos tenemos que centrar -profundizó- no tanto en las políticas de encierro, si no en políticas públicas que permitan la inclusión social de los jóvenes, evitar la criminalización y judicialización de la pobreza , generar oportunidades a los chicos. Hoy el 40 por ciento de la población de Misiones pertenece a niños, niñas y adolescentes, es una alto porcentajes y no podemos dejarlos de lado. Si nosotros no nos dedicamos a efectuar políticas públicas, de integración o inclusión social, no vamos a tener herramientas que después lleguen a prevenir el delito”.