“La droga es un flagelo que se vuelve cada vez más inmanejable”

Menores con serios problemas de adicciones que delinquen una y otra vez para solventar la droga. Niños y adolescentes que violan, quienes muchas veces antes de convertirse en victimarios fueron víctimas del mismo delito. Chicos envueltos en un círculo vicioso propiciado por familias ausentes, carencias estructurales, antecedentes de violencia y abuso.
En el medio, sectores de la sociedad que atizan la baja en la edad de imputabilidad, con las redes sociales como canal para liberar sus broncas.
“Cuando se discute sobre la baja de la edad de imputabilidad, entiendo que eventualmente podría llegar a discutirse en ciertos tipos de soluciones, tal vez la baja a 15 años en determinados delitos muy graves. Pero si tengo que dar mi posición, creo que está bien el régimen que tenemos, de no punible hasta los 16 y de 16 a 18 en determinadas situaciones, porque el problema mayor entiendo que tiene que ver en cómo encaramos medidas diferenciadas de los adultos, porque por más que al menor lo volvamos punible con 15 años, constitucionalmente estoy obligada a darle respuestas diferentes a las de un adulto”, explicó Adriana Denise Zajaczkowski, jueza Correccional y de Menores de Oberá.
En diálogo con El Territorio, la magistrada subrayó que “en general el menor que comete algún hecho delictivo lo hace porque está en una situación de vulnerabilidad que no le permitió acceder a una educación, a un proceso de integración social esperable para cualquier persona. No digo que los justifiquen, pero fundamentan por qué el menor terminó en el camino equivocado y no está en la escuela ni busca un oficio que le permita ser una persona de bien”.

“Muy lastimados”
Si bien Zajaczkowski asumió el cargo en noviembre pasado, ya cuenta con datos para trazar un panorama de la situación actual en torno a los menores y el delito en la zona Centro.
“Sería precipitado dar una estadística, pero puedo hablar de lo que voy conociendo desde que estoy acá. Y sí, sorprende la cantidad de hechos que involucran a menores. Por un lado muchos casos de delitos contra la integridad sexual, muchos más de los que imaginaba, y por otro lado la gran cantidad de delitos contra la propiedad en casos de menores que están en la problemática del consumo”, detalló.
Consultada al respecto, reconoció que “la incidencia de la droga es enorme. Lo que podemos observar es que los jóvenes están realmente muy lastimados por este flagelo, están muy expuestos y es muy fácil para ellos acceder al consumo de marihuana, de pastillas, porque es lo que constatamos en las causas que vienen a conocimiento nuestro. La droga es un flagelo que se está volviendo cada vez más inmanejable”.
Según la legislación, la justicia debe agotar las instancias para reinsertar al menor a su ámbito familia, aunque muchas veces el propio entorno incide en la conducta de un chico que delinque.
“En delitos vinculados a la integridad sexual, son situaciones que se vuelven muy difíciles de manejar porque tenemos víctima y victimarios y todos terminan siendo víctimas de una situación familiar de vulnerabilidad, y las respuestas no pueden venir únicamente del juzgado, porque nosotros debemos ajustarnos a lo que dice la ley”, señaló la magistrada.

Reclamo social y ley
La legislación actual considera como niño a quien no cumplió 18 años, y como tal necesita un tratamiento diferenciado respecto al sistema penal de los adultos. Eso es taxativo.
“Entiendo que nuestro sistema necesita un ajuste, porque si traslado el paradigma que plantea la normativa internacional y constitucional, la ley 22278 ya no se ajusta, porque además se inspiraba en criterios de régimen tutelar que no es lo que se persigue actualmente, sino tratar de reinsertar al menor, que sea una persona útil a la sociedad y que alcance su madurez plena”, destacó la jueza de Menores.
También se refirió a la demanda de ciertos sectores sociales por mano dura y castigo a los menores.
“Entiendo que el reclamo social es la primera reacción que tiene la gente ante un hecho que le resulta grave, monstruoso o el calificativo que le quieran poner. Pero la respuesta que nosotros estamos obligados a dar es la respuesta que nos impone la ley. Nosotros no hacemos las leyes, sino que las aplicamos”, aclaró.
Por ello, los menores no pueden ser encarcelados y requieren medidas sustitutivas en busca de su recuperación.
“Esto no significa que el menor no pueda recibir un reproche, pero ese reproche debe ser diferenciado porque constitucionalmente está planteado así. Suponer lo contrario significa que tenemos que empezar por modificar la Constitución, porque no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, subrayó.

Pequeñas victorias
Zajaczkowski explicó que el regreso del chico a su hogar está acompañado de medidas restaurativas, por lo que destacó la colaboración de los grupos de la Pastoral de Adicciones y Narcóticos Anónimos que “realmente hacen un trabajo impresionante. En estos momentos son los espacios que nos están ayudando muchísimo en las medidas de protección que podemos disponer cuando hay menores en conflicto con la ley y que se les constata la problemática de consumo”.
Asimismo, ponderó la creación de espacios de Niñez y Adolescencia en el ámbito de municipios y provincia, como también de las Secretarías de Acceso a la Justicia.
“Es cuestión de aunar y encarrilar todos los esfuerzos que hoy tal vez están dispersos para buscar respuestas que sean diferenciadas del tratamiento de un adulto, pero que sean útiles para lograr la reinserción del menor. Todo esto es responsabilidad de todos, no sólo de la justicia”, opinó.
En tanto, expresó su satisfacción por algunos logros en busca de la recuperación de los chicos.
“Nunca es suficiente para dar por ganada la batalla, pero hay muchos casos en que el acompañamiento va resultando. Por ejemplo, en que mañana o pasado no volvamos a tener otra causa similar que involucre al mismo menor. Eso para nosotros son pequeñas victorias”, señaló.