La libertad de un menor debe ser una postura a sostener

Se han tomado varias posturas acerca de disminuir la edad de la imputabilidad de un menor.
Del Régimen Penal de Minoridad (ley 22.278 y su reforma 22.803) se colige que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad y su artículo segundo determina que lo es el menor de 16 años a 18 años de edad que incurriere en delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no excedan de dos años, con multa o inhabilitación.
Si bien la reforma que se pretende efectuar, la cual disminuye la edad punitiva de los menores, no es compartida por la suscripta, puesto que requiere de un amplio estudio que incluye un relevamiento de datos que le otorguen sustento y por sobre todas las cosas un análisis del resultado que generó en los países que no dieron como paso previo u opcional este relevamiento, con un abordaje interdisciplinario y han tenido que retroceder en tal decisión, la baja de la imputabilidad no debe tener tratamiento por el momento.
Cabe destacar que en nuestro país este relevamiento no se ha efectuado profundamente ni contamos con una estadística que indique un aumento de delitos cometidos por menores, lo que no amerita por el momento ninguna reforma de esta naturaleza.
Más bien deberíamos preguntarnos por qué, en caso que la haya, existe un aumento de la criminalidad de menores .
El consumo de sustancias tóxicas a una edad temprana y sobre todo la falta de control del grupo familiar son factores preponderantes.
En algunas oportunidades también surge que los menores son utilizados por grupos que se dedican a actividades delictuosas para lograr la no punibilidad de los mayores integrantes de estos grupos.
La pregunta que debe hacerse es ¿disminuirá la cantidad de delitos responsabilizando penalmente a menores de 13 o 14 años como se pretende? La respuesta es negativa. Pues estos mismos grupos buscarán para integrar su mano de obra no punible a menores de 12 o 13 años para imputarlos e incluirlos dentro del circuito pernicioso de la criminalidad para que los mayores no tengan responsabilidad en el evento delictuoso.
Entonces, ante todo, debemos encontrar métodos para que el menor no ingrese al mundo delictivo.
Para ello se debe contar con un pluralidad de políticas criminales que incluyan un control estatal pormenorizado, la asistencia controlada a las escuelas de los menores, incluso incorporando jornadas extensivas o completas -mañana y tarde- y con el auxilio de equipos especializados antidroga y especializados en detectar menores abandonados o en riesgo.
Entonces, la libertad de un menor, conforme se encuentra en la actual ley, será una postura a sostener y no la imputabilidad de menores de 13 o 14 años, como pretende la reforma.