Denuncian que el dinero de las rutas fue a bonos y el Gobierno tiene tres días para responder a la Justicia

La Justicia federal dio trámite a un amparo que reclama al Estado nacional que reactive las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, con dinero que, según los denunciantes, debería haberse aplicado a la infraestructura vial. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martin.

El planteo lo presentaron los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. El expediente lleva el número 12957/2026 y se tramita bajo la ley de amparo, una vía judicial pensada para reclamos que requieren una respuesta rápida.

En su primera intervención, Martin se declaró competente y, antes de decidir sobre la medida cautelar que pidieron los legisladores, ordenó un paso previo. Les dio tres días a los organismos demandados para que presenten un informe sobre el interés público que estaría en juego. Es decir, todavía no resolvió si hace lugar o no al pedido de fondo.

De dónde salen los fondos y qué denunciaron

El reclamo gira en torno al Sistema de Infraestructura de Transporte, conocido como SISVIAL, un fondo que se alimenta con lo que se recauda del impuesto a los combustibles líquidos y que está pensado para financiar la construcción y el mantenimiento de rutas. Funciona a través de un fideicomiso creado por el Decreto 976/01.

Michel aseguró que buena parte de ese dinero no llegó a las obras. Según planteó, "tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales". Además, sostuvo que más de $1,5 billones que, a su entender, debían ir a las rutas se usaron para "sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno".

Entre las rutas que abarca el reclamo figuran las nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, esta última la que conecta la provincia con Santa Fe a través del puente Rosario-Victoria. También se incluyen las rutas 130, 131 y 136 y el acceso A015, que lleva a la represa de Salto Grande.

Por ahora, el expediente sigue su curso: el Gobierno deberá responder los pedidos del juzgado y, recién después, Martin definirá si concede la cautelar.