La Libertad Avanza cedió ante Argentina Federal para conseguir un dictamen para discapacidad
La comisión conjunta de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados alcanzó este martes un dictamen de mayoría sobre el proyecto de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad".
Con esto busca dejar atrás la polémica por el capítulo sobre discapacidad que el propio Gobierno había incluido en el Presupuesto 2027 y que había generado un fuerte rechazo, incluso dentro de su propia coalición.
Además, evita que el peronismo avance con otra declaración de emergencia en discapacidad.
El dictamen oficialista reunió 42 firmas, 32 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, una de la UCR y una de Producción y Trabajo, más cuatro firmas en disidencia, la de Eduardo Falcone (MID), las de Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, del bloque Argentina Federal, y la de Karina Maureira, de La Neuquinidad.
En paralelo, el bloque integrado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca presentó un dictamen de minoría con 36 firmas, que propone directamente prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) hasta el 31 de diciembre de 2027, sin necesidad de una ley nueva. La decisión de este espacio no se centra en diferencias de fondo con la propuesta de la mayoría, que en su mayoria fue elaborada por Argentina Federal, si no en la falta de confianza en que la Casa Rosada cumpla con le ley, una vez aprobada. La condición de emergencia aporta un plus jurídico oara el accionar rápido de la justicia ante el incumplimiento, explican.
El Gobierno tuvo que dar marcha atrás
El proyecto original que el Poder Ejecutivo había incluido en el Presupuesto 2027 proponía quitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder a la pensión, prohibir su cobro a quienes tuvieran cualquier empleo formal, y eliminar el arancel único, lo que habilitaba a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores para pagarles a los prestadores.
La reacción no tardó en llegar desde los propios aliados, el PRO cuestionó públicamente la medida, "en el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó", y ante el riesgo cierto de perder la mayoría en el plenario de comisiones, la conducción de La Libertad Avanza resolvió flexibilizar por completo la redacción original para acercar posiciones con las bancadas dialoguistas.
En ese proceso de negociación, distintas fuentes del propio oficialismo reconocieron el peso que tuvo el diputado misionero Herrera Ahuad en la redacción final del texto.
Según pudo reconstruirse, en LLA admiten que el 80% del dictamen es de Herrera Ahuad, por la cantidad de aportes que el legislador de Argentina Federal introdujo en el articulado durante las reuniones de trabajo con los bloques aliados.
El nuevo texto restaura, entre otros puntos, la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901 que garantiza aranceles homogéneos y un nomenclador común para todos los prestadores del país, vuelve a incluir al CUD como criterio válido de acceso a la pensión, restablece la compatibilidad de esa pensión con el empleo formal en las mismas condiciones que regían antes del Presupuesto de hasta dos salarios mínimos, con suspensión automática y rehabilitación inmediata si se pide, y repone el derecho a la cobertura de salud a través del Plan Federal Incluir Salud.
También incorpora una cláusula que exige que la partida presupuestaria de discapacidad no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior, y obliga al Gobierno a publicar un cronograma para saldar las compensaciones a prestadores que quedaron pendientes de la ley de emergencia.
Pese a haber sido el autor de la mayor parte del articulado, Herrera Ahuad y su par Bernardo Biella optaron por firmar el dictamen en disidencia. La objeción central tiene que ver con el mecanismo de actualización de las prestaciones, los bloques aliados habían reclamado que quedara establecido de manera explícita que la actualización sería mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el Poder Ejecutivo se reservó hasta último momento la posibilidad de no explicitarlo de forma directa en el texto, remitiendo en cambio a la vigencia del artículo 7 bis. Esa ambigüedad sobre "la letra chica" del proyecto es lo que llevó a Argentina Federal a acompañar el dictamen sin dar un aval sin reparos.
Más allá de esta reserva, según sostienen acreditados en Casa Rosada, la decisión del bloque oficialista no cayó bien en el sector de la Casa Rosada que propició el recorte a los servicios de discapacidad en el Presupuesto 2027, y profundiza las diferencias internas dentro del oficialismo.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, autor del proyecto de prórroga lisa y llana que impulsa el dictamen de minoría, definió el giro del oficialismo como "el plan recalculando", y advirtió que sin el paraguas de la emergencia, "ningún juez" firmaría a favor de un reclamo de actualización o pago atrasado presentado por una organización de personas con discapacidad.
Con el dictamen de mayoría ya aprobado en comisión, La Libertad Avanza proyecta llevar el proyecto a una sesión el 7 de octubre, junto con las iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar y el paquete de leyes vinculado a Malvinas. El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 propiamente dicho recién comenzará a debatirse en comisión el 13 de octubre, ya sin el articulado que generó todo este conflicto.
