El Senado dio media sanción a la reforma de la ley de biocombustibles y el proyecto pasó a Diputados

El Senado de la Nación dio media sanción este jueves a la reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles, una iniciativa que amplía los porcentajes de corte obligatorio de bioetanol y biodiésel y que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos, luego de un extenso debate que estuvo atravesado por diferencias entre los distintos sectores de la industria de los biocombustibles. La iniciativa había quedado relegada en el temario tras la fallida sesión de la semana pasada y finalmente fue tratada como último punto de la jornada.

La propuesta establece elevar el corte de bioetanol del actual 12% al 15%. De ese porcentaje, un 6% corresponderá al bioetanol producido a partir de caña de azúcar, otro 6% al elaborado con maíz y el 3% restante quedará sujeto a competencia. Además, se establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado.

En el caso del biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 5% al 10%, aunque durante los primeros 12 meses se establecería en 7,5%. El esquema contempla dos segmentos, uno para empresas integradas y otro para compañías no integradas.

Para las empresas no integradas se prevé un cupo específico del 5% del mercado y una reducción progresiva del porcentaje reservado hasta llegar al 4% en 2036. El proyecto también establece que ninguna empresa podrá superar el 10% del mercado.

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el impacto que la nueva regulación podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de biodiésel. Los representantes de provincias con fuerte presencia de estas industrias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa y San Luis, expresaron reparos durante el debate.

En cambio, las provincias del norte impulsaron la aprobación de la iniciativa debido al peso que tiene la producción de bioetanol en sus economías regionales. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo presente en el Congreso durante la sesión, mientras que la senadora salteña Flavia Royón fue una de las principales impulsoras del proyecto.

Durante el debate, Royón sostuvo que la iniciativa busca "potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior". También afirmó que el sector "hoy necesita reglas nuevas que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala".

La legisladora señaló además que el dictamen fue resultado de un proceso de discusión entre distintos sectores. "Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas", expresó.

Desde el peronismo, el senador chaqueño Jorge Capitanich planteó reparos respecto del impacto de la reforma sobre las empresas no integradas. Consideró que el proyecto "organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación".

Capitanich sostuvo que existe coincidencia en la necesidad de actualizar la normativa, pero cuestionó las condiciones previstas para las empresas de menor escala. "Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay que defender, cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños", afirmó.

Por su parte, la senadora tucumana Beatriz Ávila destacó la importancia del proyecto para las provincias productoras y afirmó que hubo "un fuerte lobby para que la ley cayera". También consideró que la reforma permite avanzar hacia "un paradigma energético con un ambiente más limpio y sano".

La iniciativa también elimina el precio máximo vigente para ambos tipos de biocombustibles y establece como referencia el valor exportable. Además, delimita las condiciones para modificar los porcentajes de corte y habilita a las provincias a ampliar esos porcentajes.

Con la aprobación en el Senado, la reforma de la Ley 27.640 continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá obtener sanción para convertirse en ley.