Prepagas no podrán aumentar las cuotas sin la autorización del Gobierno nacional

La Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían liberado los precios de la medicina privada. A partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener facultades para revisar y autorizar los incrementos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga no podrán disponer libremente de los aumentos de sus cuotas sin someterlos al control de las autoridades nacionales. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado las atribuciones del Estado para supervisar los valores de los planes de salud.

Con esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus facultades para fiscalizar, revisar y autorizar las modificaciones tarifarias, que deberán estar justificadas por la estructura de costos de las empresas y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y representa la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre una disposición del decreto de desregulación económica dictado en diciembre de 2023.

El origen del reclamo judicial

La causa se inició a partir de la presentación de una afiliada que cuestionó los fuertes incrementos aplicados por su empresa de medicina prepaga. Según consta en el expediente, su cuota registró una suba del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La sentencia de la Cámara Federal de La Plata había respaldado parcialmente su reclamo. Entre otros puntos, contemplaba que los aumentos quedaran limitados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la Corte modificó ese aspecto de la resolución.

De esta manera, el máximo tribunal dejó en claro que la restitución del control estatal no significa establecer un límite automático de aumentos atado a la inflación. Lo que vuelve a regir es la obligación de someter las variaciones tarifarias a la evaluación de la autoridad competente.

El fallo implica que las compañías de medicina prepaga deberán justificar los incrementos que pretendan aplicar y someterlos a los mecanismos de supervisión previstos por la normativa vigente.

La resolución también podría tener consecuencias sobre numerosas causas judiciales que todavía están pendientes. Se estima que existen cerca de 500 expedientes con planteos similares, además de otros reclamos impulsados por afiliados en distintos tribunales del país.

El alcance de la decisión también podría extenderse a quienes ya afrontaron aumentos cuestionados y evalúen iniciar acciones para solicitar la devolución de los importes abonados.

Los argumentos de la Corte contra el DNU

Para fundamentar su decisión, los jueces analizaron los límites constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia. La Corte recordó que este mecanismo solo puede utilizarse ante circunstancias excepcionales: cuando resulte imposible seguir el procedimiento legislativo ordinario o cuando exista una urgencia que no permita esperar los tiempos del Congreso.

En ese sentido, consideró que los fundamentos expuestos en el DNU 70/23 no alcanzaban para justificar la eliminación de los controles estatales sobre las cuotas de la medicina prepaga. Los argumentos vinculados con la crisis del sistema sanitario y la necesidad de incrementar la competitividad mediante la liberación de precios no demostraban, por sí solos, una situación de urgencia que habilitara al Gobierno a avanzar por decreto.

Además, el tribunal sostuvo que las decisiones de conveniencia económica del Poder Ejecutivo no pueden reemplazar las condiciones excepcionales que exige la Constitución Nacional para ejercer facultades legislativas. Finalmente, la Corte aclaró que su pronunciamiento se limita exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, por lo que no supone una definición sobre la constitucionalidad del resto de las disposiciones incluidas en el decreto.

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