Querella analiza apartar al juez Balor de la causa por la muerte de Juanita Sirimarco
La querella en la causa por la muerte de Juanita Sirimarco Díaz (13), la adolescente que falleció en octubre del 2024 por un shock séptico consecuencia de un cuadro de Influenza B cuando regresaba de su viaje de egresados, analiza pedir la inhibición del juez Ricardo Balor, de Instrucción Seis de la capital provincial y que intervino en el expediente, con el objetivo de que otro magistrado revise el caso. Esto tras la reciente decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Misiones que señaló que desestimar el caso tenía una “fundamentación insuficiente”.
El abogado querellante, Miguel Cassettai, confirmó en Radioactiva 100.7 que el planteo está en estudio mientras esperan que el fallo quede firme y el expediente regrese al juzgado de origen. “Lo que estamos analizando con el equipo es ver si metemos una inhibición, porque ya el doctor Balor expresó su punto de vista”, explicó. En esa línea, remarcó: “Necesitamos que otro juez, que tenga otro punto de vista, se expida al respecto”.
La novedad se da luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas declarara la nulidad del archivo dictado en primera instancia y ordenara que se vuelva a evaluar la totalidad de las pruebas reunidas en la causa. Según detalló Cassettai, el tribunal entendió que la resolución original “no había valorado todas las pruebas que se encontraban rendidas en el expediente”, lo que afectaba la “secuencia de la lógica racional”, marcó.

“El órgano superior estableció que se tiene que hacer una valoración íntegra de todos los testimonios”, precisó el abogado de Claudia Díaz, mamá de Juanita, quien destacó que la medida representa un avance clave para la querella. “Es buenísimo porque la causa no queda cerrada y continuaría su curso”.
Hay que recordar que, a lo largo de la instrucción pasaron por sede judicial docentes, profesionales médicos, enfermeros y coordinadores del viaje que había hecho la adolescente con sus compañeros de 7° grado del Instituto Cristiano República Argentina (Icra). El expediente no tuvo entonces personas imputadas ni detenidas, una situación que, según el abogado, podría empezar a modificarse recién tras una nueva evaluación judicial. “Todavía no se hizo imputación sobre ninguna persona determinada”, subrayó.
En esa línea, clarificó que “una vez que se entienda que hay delito o una negligencia (por parte del juez), recién se va a poder hacer la imputación y ahí vamos a poder hablar de los primeros nombres”.
Daños y perjuicios
En paralelo a lo que se dirime en el fuero penal, la familia de Juanita avanza por vías civiles en una demanda por daños y perjuicios. Al respecto, el abogado aclaró que las eventuales responsabilidades institucionales se tramitan por esta vía: “Las instituciones y seguros están involucrados en el juicio de daños y perjuicios, que es por la vía civil. Acá responden las personas por los hechos”, diferenció.
La resolución de los camaristas Pedro Benito Piriz y Marisa Ruth Dilaccio cayeron como un baldazo de agua fría. En el entorno familiar de la víctima, contó el letrado, recibieron la resolución con alivio, aunque lejos de la satisfacción plena. “Están conformes, no contentos, porque esperan justicia desde el primer día. Pero que una causa que iba camino a cerrarse se reabra es una noticia de gracia pura”, compartió.
Las resoluciones fiscales y del juez que fueron apeladas
En el documento elevado por la Fiscalía de Instrucción Seis en abril del año pasado se había concluído que, en base a las pruebas y testimonios recabados, no existían conductas penalmente relevantes atribuibles a los docentes ni a los adultos responsables del viaje escolar realizado en octubre del 2024 que puedan configurar en delito. Para el fiscal René Casals, la maestra del grado y los coordinadores “se comportaron de acuerdo con el estándar de diligencia esperable en un contexto de emergencia médica”.
Siempre siguiendo lo expuesto en el expediente, y en base a los testimonios que consideró la Fiscalía, los adultos apuntados por la querella “no sólo se mantuvieron permanentemente junto a la menor, sino que gestionaron la atención médica, realizaron los cuidados higiénicos personales cada uno en su rol (...) y priorizaron, con criterio razonable, la derivación urgente a un centro de salud”.
En contradicción a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, para la querella a cargo de Cassettai “si bien ninguno tenía la intención de que Juanita fallezca, entendemos que por su negligente accionar fue que la menor empeoró”, había juzgado el letrado en una entrevista radial apenas conocida la resolución que daba fin a la instrucción penal.