En medio del escándalo, una de las ex defensoras apuntó violencia institucional

Juzgado por abusar de su hija tiene nuevo defensor y seguirá el debate

Después de que renunciaran sus cuatro abogados, desde el lunes que José Raúl G. tiene nuevo defensor. El viernes se esperan las voces de los últimos testigos.
La semana que viene se conocerán alegatos y sentencia.  Foto: Marcelo Rodríguez
La semana que viene se conocerán alegatos y sentencia. Foto: Marcelo Rodríguez

El inminente vaciamiento del equipo de abogados de un hombre actualmente juzgado por abusar sexualmente de su hija cuando ésta tenía 5 años, despertó inquietudes sobre la continuidad del debate oral en su contra, que se realiza en el Tribunal Penal Uno de Posadas.

El lunes se preveía que el juicio continuara con normalidad. Sin embargo, ni el titular de la defensa, Eduardo Paredes, ni el defensor sustituto, Mauricio Vergara, se presentaron, por lo que los jueces determinaron que el acusado José Raúl G., estaba “indefenso”.

A último momento de la mañana, el defensor oficial Mauro Ramírez, se presentó solicitando la representación, que le fue aprobada. Por lo que, de no haber imprevistos, el juicio continuará este viernes con los últimos testigos citados en el expediente. Se prevé que comparezca una familiar de la menor, un médico pediatra y tres psicopedagogas.

Caso sin resolver hace 13 años

Los recientes vaivenes judiciales y administrativos comenzaron cuando el jueves por la tarde, el imputado se internó en una clínica psiquiátrica de la capital. Su consecuente ausencia en el debate del día siguiente, es decir el viernes pasado, motivó una orden de detención: ese mismo día, dos de sus abogadas renunciaron a representarlo, María Laura Alvarenga (bajo licencia) y Florencia Romero, quien sustituía a la primera letrada.

El caso que está siendo juzgado -con posibles alegatos la semana que viene- se remonta a episodios que habrían ocurrido en 2013, cuando la menor pudo poner en palabras lo que su padre le habría hecho en varias oportunidades, cuando lo visitaba. Fue la madre de la niña quien radicó la primera denuncia en su contra, en mayo de aquel año.

Desde entonces el derrotero judicial llevó a la víctima y a su familia materna a tener un primer juicio en 2022, en el que José Raúl G. fue absuelto por el beneficio de la duda. Esa primera sentencia la firmaron los jueces Viviana Kukla, Ángel Cardozo y Juan Manuel Monte.

Debieron pasar dos años para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) advirtiera que aquella sentencia se firmó sin contemplar la perspectiva de género ni el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, previstos en la Convención del Niño. Por lo que en 2024 ordenó que se hiciera un nuevo juicio contra el hombre, dando lugar a una serie de recursos que había interpuesto la querella y la Fiscalía (que ese año estaba representada por la magistrada María Laura Álvarez).

Así, José Raúl G. llegó el pasado 23 de febrero a la sala del TP-1 en libertad, de traje claro, y acompañado por dos abogados sustitutos (ya que sus apoderados, Eduardo Paredes y María Alvarenga, se encontraban bajo licencia por el nacimiento de su hija). Pero su situación cambió a la brevedad, ante un posible peligro de fuga y obstrucción de la causa, después de ausentarse del debate por una internación por problemas de salud mental.

Actualmente, permanece alojado en la Comisaría Cuarta de esta capital, después de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el acusado estaba en condiciones psíquicas de continuar con el proceso penal. Mientras tanto, su nuevo defensor oficial tiene hasta el jueves para poder estudiar la densidad del expediente y así plantear sus alegatos.

Abogada apuntó cargas y violencia

Quien decidió romper el silencio sobre los motivos de su paso al costado en la causa y en la representación del acusado fue Florencia Romero, también docente de derecho. En un extenso comunicado en sus redes personales, la letrada manifestó sentirse “profundamente agraviada como mujer y como profesional” a lo largo del debate.

En el escrito apuntó comentarios que calificó de “agraviantes” de parte de la Fiscalía y de la querella, representados por Vladimir Glinka y Hugo Zapana, respectivamente. Pero también remarcó el rol de los jueces que componen el Tribunal, presidido por Gustavo Bernie, con Miguel Mattos y Juan Carlos Sosa como subrogantes: “Lo más grave fue que el Tribunal no me permitió en ningún momento defenderme de los ataques personales de la Fiscalía ni de la Querella”, marcó.

Romero recordó que el jueves 26 de febrero, antes del inicio del debate, había informado formalmente que su defendido se encontraba internado en la Clínica Arandú por motivos médicos. “Mi decisión no constituye un abandono de defensa ni dejó al imputado en estado de indefensión”, subrayó.

Al tiempo que argumentó que “si una persona está internada, no está fugada. Sostener lo contrario no solo es jurídicamente insostenible, sino profundamente agraviante”.

Durante la audiencia, según relató, el fiscal Glinka la calificó de “irrespetuosa” y “desfachatada” y que la acusaba de facilitar la fuga del imputado. Para Romero, “desconocer la vivencia de agravio frente a descalificaciones públicas no es neutralidad: es invisibilización”, expresó.

También apuntó contra la querella, que -según indicó- cuestionó reiteradamente su habilitación profesional y su matrícula en el Colegio de Abogados. “Se puso en duda mi condición de abogada habilitada y se me trató de mentirosa por ejercer la defensa”, afirmó.

La letrada sostuvo que el tribunal no le permitió defenderse de los ataques personales. “Cada vez que intenté responder a las descalificaciones dirigidas hacia mi persona, se me limitó el uso de la palabra exclusivamente a cuestiones procesales”, cuestionó, al tiempo que remarcó que todos sus planteos fueron “estrictamente jurídicos”.

“Renuncié porque me sentí profundamente agraviada como mujer y como profesional. No fue abandono. Fue la consecuencia de un contexto donde no existieron condiciones mínimas de respeto institucional”, apuntó.

Pruebas contra el imputado

A lo largo del debate que comenzó el 23 de febrero de este año, se presentaron familiares -tanto de la línea materna como paterna- de la menor; psicopedagogas, peritos psicólogos y especialistas ginecólogas.

Estas últimas ratificaron que, en los exámenes hechos a la niña en 2013, se advirtieron lesiones en sus zonas íntimas inusuales para alguien de esa edad.

La madre y abuela de la víctima, por otro lado, reiteraron las primeras señales de que algo ocurría: “Mi papá me toca la colita”. Incluso la niña manifestaba no querer estar con su progenitor.

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