Privatización de la Vía Navegable Troncal: tres empresas compiten en la licitación internacional
El Gobierno completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para la privatización de la Vía Navegable Troncal y recibió tres propuestas de empresas líderes en dragado a nivel mundial, con aval técnico de la ONU y respaldo de sectores productivos y provincias.
El proceso apunta a la modernización, operación y mantenimiento de esta traza estratégica por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino y de países de la región.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las ofertas fueron presentadas por las firmas Jan De Nul, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las principales compañías del sector a nivel global.
El pliego licitatorio fue elaborado con el respaldo técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que garantizó criterios de transparencia, competencia y previsibilidad en la adjudicación.
La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.
También expresaron su respaldo las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.
Cómo será el proceso
La licitación se estructuró en tres instancias.
El primer sobre evalúa los antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de las empresas.
El segundo analiza el plan de trabajo mediante un sistema de puntajes.
El tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.
Una vez finalizado el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión por 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.
El proyecto busca permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.