Paraguay cierra sus fronteras a "personas vinculadas al dictador Nicolás Maduro"
En sintonía con la línea adoptada por la Argentina y otros países de la región, el Gobierno del Paraguay anunció que reforzará los controles migratorios para evitar el ingreso a su territorio de personas "vinculadas al narcoterrorismo del régimen de Nicolás Maduro o con cuentas pendientes con la Justicia". La medida fue confirmada a través de un comunicado oficial de la Dirección Nacional de Migraciones.
Según el documento, las acciones se adoptan "en virtud de los acontecimientos recientes vinculados a la captura del dictador Nicolás Maduro", y se enmarcan en una estrategia regional de control y seguridad. El comunicado señala que las medidas se implementan con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado y en coordinación con políticas similares impulsadas por otros países.
Migraciones informó que se están articulando "mecanismos de análisis orientados a identificar y verificar de manera objetiva a personas eventualmente vinculadas al régimen venezolano", mediante cooperación interinstitucional y el cruce de bases de datos tanto de fuentes abiertas como cerradas. El objetivo es contar con elementos que permitan "certificar dichos nexos".
En ese contexto, el organismo aclaró que, cuando corresponda, se aplicarán "medidas de restricción migratoria conforme a la normativa vigente", en especial para quienes presenten vínculos con actividades ilícitas o antecedentes judiciales. La prioridad, remarcaron, es reforzar los controles sin afectar los marcos legales internacionales.
El comunicado es explícito al señalar que las acciones buscan "impedir el ingreso de personas relacionadas al citado régimen, con vinculaciones al narcoterrorismo o con deudas pendientes con la justicia", con el fin de resguardar las fronteras nacionales y prevenir el uso indebido de figuras de protección internacional.
Finalmente, el Gobierno paraguayo reafirmó su política histórica de apertura a la "migración segura, ordenada y regular", subrayando que estas medidas son compatibles con los derechos humanos y la cooperación internacional, y apuntan a una gestión migratoria responsable que contribuya a la convivencia pacífica y al desarrollo regional.
