Condenaron a dos de los responsables del encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra

La Justicia determinó que existió una trama de sobornos y tráfico de influencias para proteger a José Pedraza tras el asesinato de Mariano Ferreyra. Dos exfuncionarios judiciales fueron condenados y otros acusados resultaron absueltos o beneficiados por la prescripción de la causa.

El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a dos de los responsables de encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra mediante una red de sobornos destinada a proteger al entonces líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Otros dos acusados fueron absueltos o beneficiados por la prescripción de la causa.

Según el fallo del tribunal integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñiguez, el exsecretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid, recibió una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por tráfico de influencias agravado y cohecho activo y pasivo. También fue condenado Luis Ameghino Escobar, quien manejaba el sistema informático de asignación de jueces en Casación Penal. Recibió tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por participar en el esquema de tráfico de influencias.

En cambio, el contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Stafforini, fue absuelto porque el delito atribuido prescribió. El tribunal consideró probado que había participado como colaborador secundario en el pago de sobornos.

La también directiva de Belgrano Cargas, Susana Planas, fue absuelta. El exagente de inteligencia Juan José Riquelme no llegó a escuchar el veredicto porque murió antes del inicio de las audiencias.

La investigación reconstruyó cómo operadores judiciales, sectores de inteligencia y dirigentes sindicales intentaron manipular el recorrido del expediente para favorecer a Pedraza. Según las escuchas incorporadas al expediente, el objetivo era lograr que la causa cayera en una sala específica de la Cámara de Casación, donde el juez Eduardo Riggi pudiera influir para evitar el procesamiento del dirigente ferroviario.

El crimen de Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010, cuando una patota vinculada a la Unión Ferroviaria atacó a trabajadores tercerizados y militantes que reclamaban el pase a planta permanente en las vías del Ferrocarril Roca, en Avellaneda. Ferreyra, militante del Partido Obrero, recibió disparos efectuados por Cristian Favale y Gabriel Sánchez.

Por el homicidio ya habían sido condenados Pedraza y otros integrantes de la patota ferroviaria. Sin embargo, Pedraza murió en 2018 sin llegar a ser juzgado por el intento de soborno revelado en escuchas telefónicas incorporadas a la causa.

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