Entrevista a la jefa de la Unidad de Cibercrimen del CIJ de la ciudad de Buenos Aires
Crece en el país el tránsito de material de abuso a menores
La licenciada en Criminalística Marisa Annichini es la jefa de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar que recibe alertas sobre casos de abuso sexual infantil cuyas imágenes o videos circulan en redes sociales o en medios digitales, un delito que crece en todo el país.
El Territorio dialogó con Annichini para conocer cómo funciona el engranaje judicial que investiga este tipo de delitos cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes de toda Argentina. Víctimas que cayeron en la trampa de adultos que con perfiles falsos lograron relacionarse con ellos primero de manera virtual, donde comenzó el abuso, y que en muchos casos llegó a concretarse de manera física.
“Es un delito que viene creciendo mucho todos los años. Para tener una dimensión de esto según los informes de memoria institucional del Ministerio Publico Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en el 2019 recibimos 38.570 reportes, en el 2020 con la pandemia la cifra trepó a 52.706, en el 2021 se recibieron 71.797 casos, en el 2022 86.867 reportes y aún no tenemos los datos del 2023 y del 2024 pero en nuestro trabajo cotidiano sabemos que creció un montón”, describió.
Para tomar conciencia de lo que significan esos reportes es necesario entender que detrás de cada una de esos números hay menores de edad abusados por adultos que producen, consumen y distribuyen imágenes de sus víctimas a través de Internet. Es decir, una actividad delictiva que como todos los delitos de la actualidad hacen uso de la tecnología para cometer el ilícito.
Los reportes de casos que reciben las fiscalías porteñas especializadas en estos delitos son enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una organización no gubernamental de Estados Unidos que es conocida por sus siglas en inglés NCMEC, que a su vez recibe estas alertas de parte de todas las redes sociales y mecanismos de comunicación virtual.
“Por ejemplo si la red social Instagram o Facebook registra algun contenido relacionado con abuso a menores de edad, inmediatamente ese aviso llega a esta organización no gubernamental y si ese caso proviene de un usuario en nuestro país, el aviso lo recibimos nosotros también”, explicó la jefa de la Unidad de Cibercrimen.
En 2013 se firmó un acuerdo entre el Ministerio Publico Fiscal de la ciudad de Buenos Aires con la organización no gubernamental norteamericana Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que permite esa comunicación constante para que se pueda alertar en tiempo real el tránsito en medios virtuales de imágenes asociadas a abusos sexuales contra menores de edad.
Cuando en esos reportes registran usuarios localizados en alguna provincia, desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires se da aviso a las fiscalías provinciales porque se trata de un trabajo conjunto que conecta a los investigadores de todo el país.
En la legislación argentina, la difusión de imágenes de abuso sexual infantil es un delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal de la Nación. Este último establece penas de 3 a 6 años de prisión para el que “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas”.
En ese mismo artículo legal se fija penas, aunque en escalas menores, para la tenencia “a sabiendas” de este tipo de imágenes o videos. Esto último fue incorporado a través de una ley sancionada por el Congreso de la Nación en 2018.
Un delito sin fronteras
La tecnología permite que este tipo de delitos pueda transitar por medios digitales a nivel global, porque las fotos o videos pueden ir con un click de un lugar a otro sorteando cualquier tipo de distancia física.
Por eso la investigación de este delito requiere de un trabajo en equipo entre los investigadores judiciales que vaya más allá de las divisiones políticas que marcan los mapas y que funcione las 24 horas de los siete días de la semana porque no hay horarios para esto. Puede estar pasando en cualquier momento y en cualquier lugar.
“Por eso trabajamos en una red 24/ 7 con todas las provincias del país y al momento en que se recibe algún reporte que notifica un usuario que esta traficando material de abuso sexual infantil, la fiscalía especializada lo deriva a la provincia donde se encuentra ese usuario”, explicó la licenciada Annichini.
Seguidamente la funcionaria judicial destacó que “se trata de un delito tan aberrante como también transnacional porque no reconoce fronteras y por eso es fundamental el trabajo en equipo entre todas las jurisdicciones de un país y también entre los diversos países”.
Con respecto a las pistas que tienen en cuenta los investigadores para perseguir a los delincuentes que producen o consumen imágenes de abusos de menores de edad, Annichini dijo que “siempre se dejan rastros de las acciones en medios digitales”.
“A veces si son personas que tienen conocimiento de tecnologías pueden escabullirse mejor, pero en general siempre hay formas de perseguir este delito”, contó.
Y otra cuestión a tener en cuenta al momento de investigar es que hay que despojarse de cualquier tipo de prejuicios. Porque no todos los abusadores tienen perfiles sospechosos.
Justamente se trata de delincuentes que pueden tener una imagen, ya sea en la sociedad donde viven, o en las redes de una persona impecable y respetada.
Y otro prejuicio a desterrar es que se trata de delitos cometidos solamente por hombres.
“En su mayoría los delincuentes son hombres pero también hay mujeres. Se trata de personas de todos los sectores sociales. Esto no pasa solamente en un barrio pobre o en un country. Pasa en todas partes, por eso los padres de niños y adolescentes tienen que estar más que atentos con la vida de sus hijos en redes sociales”, señaló la investigadora.
Se multiplicó en pandemia
Consultada sobre si se trata de un fenómenos delictivo nuevo, la licenciada en Criminalística sostuvo que “el abuso de menores es un delito que siempre existió, pero que en pandemia comenzó a tener este lado virtual por el hecho de que todos empezamos a usar más los medios digitales y los delincuentes también y además a eso le sumamos la evolución de la tecnología que permite una serie de acciones que antes era imposible imaginar, uniendo distancias y permitiendo el tránsito de información en poco tiempo”.
Seguidamente dijo que “por ejemplo si nos remitimos a lo que pasaba hace 20 años encontramos que no era común que en todas las casas hubiera una computadora, conexión a internet y que los teléfonos celulares no eran de uso masivo como son ahora. Por eso este cambio tecnológico también es usado por estos delincuentes”.
Finalmente, la licenciada Annichini explicó que “la investigación judicial va por los delincuentes para atraparlos. Pero también hay que ocuparse de las víctimas”.
“En los allanamientos, además del operativo, es necesario llegar a las víctimas que son menores de edad y a sus familias para informarlos de la situación y brindar la contención necesaria. Ese trabajo depende del protocolo que haya en cada provincia”.
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