Entrevista a Sandra Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen de la fuerza provincial
Reportes de alerta y la intervención ante un caso de abuso a menores
La Policía de Misiones y la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial trabajan articuladamente desde hace años en la provincia en la constante lucha contra los delitos informáticos.
En este punto, como tantas otras problemáticas existentes sobre esta temática, la distribución de material sobre abusos de menores registrados representa una preocupación constante cada vez que se conocen intervenciones de este tipo en Misiones.
Es por ello que el trabajo entre ambos actores con los distintos juzgados de la provincia y los organismos internacionales que ayudan a la detección del tráfico de estos contenidos explícitos representan un aporte vital para identificar a quienes se dedican a estos delitos.
En el caso de la fuerza provincial, a través de la Dirección Cibercrimen, área que se aboca ante este tipo de hechos, existe una estructura de operatividad que implica varios aspectos y que se despliegan una vez recibida la debida autorización judicial para actuar.
Al respecto, El Territorio entrevistó a la comisario Sandra Marilyn Ozuna, titular de la mencionada dependencia, quien explicó el arduo y constante trabajo que se hace desde esta área en particular.
En primera instancia comenzó explicando cómo se actúa ante la recepción de alertas sobre la circulación de material de pornografía infantil y cómo son los pasos que se siguen.
En Misiones los primeros reportes se recibieron en 2012. En aquel tiempo los juzgados eran los que recepcionaban las alertas y Delitos Informáticos de la fuerza provincial (hoy Cibercrimen) era el área que se abocaba en dichas intervenciones.
En la actualidad, uno de los organismos que se encarga de reportar este tipo de material es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por su sigla en inglés) que opera en Estados Unidos.
“La Saic es la responsable o el nexo para recibir estos reportes de Nación y que a su vez se reciben de organismos internacionales. Y es el Ministerio de Seguridad de la Nación que los va canalizando por provincia o por región”, comentó en un principio Ozuna.
Luego puntualizó que “generalmente la Saic recibe un importante flujo de reportes que después se va tramitando por juzgado. Si hablamos de casos más recientes tuvimos un caso en Apóstoles, otro en Puerto Rico, también Eldorado. Pero también suelen existir en Posadas y en otros puntos de la provincia. Allí depende del turno que corresponda la llegada del reporte y la posterior intervención”.
La entrevistada detalló que el juzgado lo que hace es pedir inicialmente la intervención de la Policía para que se haga un trabajo de campo previo de investigación. Es decir, para ubicar a la persona responsable de ese tráfico, para ver si aún vive en el mismo lugar, ya que aclaró que estos informes no son en tiempo real.
“El juzgado libra la orden para que se hagan las labores de campo, cuando se corrobora el domicilio el juzgado libra la orden de allanamiento para trabajar con comisaría, alguna división especial y en ese caso se secuestra cualquier tipo de soporte que pueda albergar como ser unidades de almacenamiento. Generalmente hacemos trabajo de campo y allanamiento. Y después, con los elementos secuestrados, a criterio judicial, se hace el análisis de esos elementos y posteriormente se elevan los informes con el material”, añadió la funcionaria policial.
A su vez, explicó que los reportes que se reciben habitualmente tienen un retraso de un año, un año y medio, y otros de algunos meses, pero sí van variando los tiempos. “Esto significa que la persona viva o no en el mismo lugar. Nos hemos encontrado en Oberá que el reporte nos daba una dirección y cuando vamos a hacer el allanamiento era un edificio en construcción”, prosiguió.
Intervención en el lugar
Al referirse ya a la intervención en el domicilio donde se cree que salió el material detectado, Ozuna comentó que uno de los puntos a realizar es verificar las direcciones de internet. Además, se hace un barrido en el lugar para ver si hay alguna página abierta para ver si alguna persona está consumiendo o traficando el material en ese momento.
“Se verifica algo muy importante que es sacar fotografías de los lugares o ambientes de la casa. Ha pasado en allanamientos que nos encontramos con un ambiente que estaba acondicionado para sacar fotos y hacer videos. Hay que descartar en el proceso de análisis para ver si en ese lugar no se producía la pornografía, porque hablaríamos de víctimas locales”.
También explicó que quienes están detrás del envío de estos contenidos suelen utilizar VPN para desviar las señales de internet y evitar ser detectados. Puede suceder que en un principio la intervención arroje resultados erróneos, aunque muchas veces ya el organismo internacional es el que detecta estas conexiones y le dan otro tipo de seguimiento.
Detección y alerta en la web
Entre los puntos que se deben tener en cuenta a la hora del análisis en las redes sociales para detectar posible circulación de este tipo de material se halla el léxico. El lenguaje que utiliza determinado grupo de delincuentes no es el mismo; el pedófilo no habla igual que el que roba.
Por otro lado, Ozuna puntualizó que las alertas que se reciben no son sólo por el tráfico sino por el tiempo. “Una persona que envió trece imágenes, descargó y consumió hace un año y medio, no es lo mismo que el que compartió mil imágenes hace dos meses. En comparación a otras grandes urbes tenemos nada de casos, pero estos hechos suceden, no dejan de ser noticia y no dejan de estar a la orden del día”.
Y remarcó que “no sólo la distribución representa un delito, sino que la tenencia también”.
Recomendaciones
El delito de grooming, que es el delito inicial, va muy relacionado a la pornografía infantil. Muchas veces el acosador le pide foto y videos a su víctima que después con el correr del tiempo, o utilizando la inteligencia artificial, van retocando las imágenes.
Como recomendación principal, desde la óptica de la entrevistada, siempre está el dialogo. Las alertas de consumo a las actitudes que tiene el adolescente o el menor deben ser siempre tenidas muy en cuenta.
“Si un chico se esconde para hablar o si hay conductas que llaman la atención de los padres hay que tener muy en cuenta. Hay que estar atentos y ver qué consume, en qué tipo de páginas está navegando. Los pedófilos generan o crean grupos de WhatsApp durante el día que por lo general duran una hora. Allí suben y comparten durante una hora todo tipo de material y luego eliminan ese grupo”.
A su vez, en torno a los casos que se reciben y a la realidad de dónde está parada Misiones a nivel nacional dentro de esta problemática, sostuvo: “Estamos bien en el sentido en que el personal policial está capacitado, está en condiciones de dar una respuesta inmediata a cualquier juzgado ante este tipo de delitos. Lo que remarcaría es que Misiones no es ajena pero no tiene el mismo nivel de conflicto de otras provincias”.
Fuerte condena que sentó un precedente
En otro tramo de la charla, Ozuna recordó el caso del docente obereño Sergio Daniel González, quien fuera el primer condenado en Misiones por corrupción de menores agravada por engaño, distribución de pornografía infantil y grooming, delitos por los que en 2020 recibió 14 años de prisión mediante un juicio abreviado.
Sobre este caso puntual, la entrevistada reconoció: “Tengo la convicción que ese caso sentó un precedente importantísimo en nuestra sociedad. Por un lado era la bronca que lo largaran a cada rato, la impotencia de las madres de los menores que fueron víctimas, sumado a nuestra férrea lucha por estar atentos a lo que esta persona pudiera hacer. Para nosotros era una meta que debíamos resolver”.
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