Entrevista al defensor Miguel Ángel Varela
El trabajo de la defensa pública y la llamada desigualdad de armas
Para que un juicio sea justo se tiene que garantizar la defensa del imputado, quien es inocente hasta que demuestre lo contrario. Como se sabe, si una persona es acusada de cualquier delito tiene el derecho a un abogado defensor y por ello existen las defensorías oficiales, tantas como los juzgados o fiscalías de instrucción.
En Misiones los defensores oficiales intervienen también ante los tribunales cuando el expediente llega a juicio e incluso en las instancias superiores a la que puede llegar un proceso judicial, como la Corte Suprema de la Nación. En el fuero federal y en otras provincias hay defensores para cada instancia del proceso.
En una entrevista con El Territorio, Miguel Ángel Varela, defensor oficial penal 4 de Posadas e integrante como protesorero de la comisión directiva Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Defensa de la República Argentina, describió esta situación como “desigualdad de armas”, refiriéndose no sólo a la diferencias de las estructuras con la fiscalía, sino también por no percibir la misma remuneración por igual tarea.
“La diferencia que existe entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa es el siguiente: en el Ministerio Público Fiscal hay fiscales de instrucción, hay fiscales de tribunal, el Superior Tribunal de Justicia cuenta con un procurador general, que es el fiscal general de la provincia. En todas las etapas cuenta con fiscales”, describió.
Y siguió: “En cambio en la defensa cuenta con defensor de instrucción que tiene que transitar todas las etapas y todas las instancias del proceso penal, exceptuando los delitos menores de seis años”. Estos delitos, se explicó, son girados al Juzgado Correccional y de Menores.
Varela señaló que durante un turno, que dura un mes, los defensores oficiales en Misiones tienen que atender cerca de 100 causas, aunque se registraron hasta 120. Esto significa que tienen que atender procesos desde un hurto, abusos u homicidios agravados, que prevén una pena de prisión perpetua.
“O sea que intervenimos desde el momento de que la persona está sospechada de cometer un delito, pasando por la etapa de instrucción, luego a la etapa de debate o de juicio ante los tribunales penales. Y en caso de surgir una condena que consideramos que se debe impugnar lo tenemos que hacer a través del recurso de Casación que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia”, puntualizó.
Luego de eso queda el recurso extraordinario federal que se presenta ante el STJ y se tramita hasta la Corte Suprema de Justicia o, en caso de un resultado adverso, el recurso de queja, que es la vía directa ante el máximo órgano argentino.
“Muchas veces - explicó Varela- el recurso técnico ante la Corte Suprema es rechazado por meras formalidades, porque tienen exigencias muy altas en cuanto a la formalidad. El escrito no puede tener más de 40 páginas o 26 líneas por página. Con el riesgo de que si no se cumplen te rechazan”. Esto demanda, claro, una dedicación especial.
“Lo que nosotros llamamos desigualdad de armas se produce fundamentalmente a partir de la etapa de debates, porque nosotros los defensores de instrucción al tener que ocuparnos de todas las etapas se nos hace muy difícil la preparación para un debate. Eso exige una exclusividad de un tiempo para prepararse adecuadamente y es muy difícil porque tenemos que estar atendiendo causas que recién inician, a veces tenemos que hacerlo durante el turno, lo que significa que tenemos que asistir sí o sí a la declaración indagatoria para acompañar al imputado. Y los debates son varios días que tenemos que estar exclusivamente para eso, no podemos movernos”, remarcó el entrevistado.
Varela recordó que “hubo un proyecto que nos equiparaba a los defensores de instrucción y correccionales de menores a los fiscales de tribunales y nos reconocía la jerarquía que realmente nos corresponde, con una denominación nueva y además con el trato de magistrados como lo tiene la Justicia Federal”, aunque perdió estado parlamentario.
Desde la Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Defensa de la República Argentina se hicieron pedidos a la Cámara de Representantes de la Provincia, al Ejecutivo y al STJ, porque “en nuestra ley orgánica, además en la Constitución Nacional y provincial se establece el principio de igual remuneración por igual tarea”. Sin embargo no hubo respuestas.
Consultado si la creación de nuevas defensorías ante los tribunales no sería la solución de fondo, Varela respondió: “Es una alternativa, pero la cuestión es que hasta que se implemente pueden pasar años y en realidad nosotros ya estamos ejerciendo esa función hace muchísimos años. Lo correcto sería que se nos reconozca la tarea que estamos cumpliendo”.
Al respecto, refiriéndose al juicio oral y público propiamente dicho, Varela manifestó que otra desventaja es que los tribunales son más permisivos a la hora de que un fiscal interrogue a un testigo o acusado.
“La otra desigualdad es en cuanto a cuerpo de investigadores, peritos que la defensa no cuenta y que el Estado sí. Cuesta entender que los peritos son peritos oficiales, de que son imparciales, objetivos pero no dejan de ser peritos del Estado y es el Estado quien acusa al imputado. Hay cierta desigualdad porque la defensa no cuenta con esos profesionales”, describió.
En este sentido, relató que más del 99 por ciento de las personas que tienen que defender son personas pobres, que no tienen la posibilidad de pagar un perito de parte.
“Tiene carencias en la educación e impacta muchísimo hoy en día el tema de las drogas, la manera tan fácil como se la adquiere lamentablemente”.
El árbitro que juega para un equipo
Misiones es una de las únicas provincias de Argentina que no tiene sistema penal acusatorio.
“Actualmente en la provincia nosotros tenemos un sistema mixto, de una influencia totalmente inquisitiva, donde el juez es juez y parte porque al investigar, quieras o no se convierte en parte”, explicó Varela.
Asimismo, dio el ejemplo de un árbitro que en el medio del partido empieza a jugar para uno de los equipos. Ese equipo sería la fiscalía “porque está obteniendo y buscando pruebas generalmente que son en contra del imputado”.
“Salvo que la defensa solicite o impulse, por regla general el juez de instrucción no busca pruebas que puedan favorecer al imputado”.
El defensor citó a la jueza correntina Alejandra Aromí, quien dice que el juez se enamora de su investigación y por eso le resulta muy difícil aceptar planteos como una nulidad en la instrucción.
“En cambio si la investigación está llevada a cabo por un fiscal y el fiscal es el que ha cometido la irregularidad o ha incurrido en un acto que es nulo, entonces el juez de garantías está en condiciones de parcialidad para decir ‘esto en nulo’ sin inconvenientes”.
Consultado por su parecer de por qué aún no se aplicó, el defensor expresó que considera que “estaban dadas todas las condiciones en la última reforma que se hizo como para llegar al sistema acusatorio. Es una cuestión de voluntad, de decisión”.
“Me extraña porque somos de avanzada en muchas otras cuestiones legislativas, en esas que es del proceso penal estamos rezagados respecto a todo el país”, reflexionó.
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