Adolescentes ante el delito, un debate que recobra actualidad

El crimen del playero rosarino Bruno Bussanich conmocionó al país en medio de una escalada de violencia sin sentido en la ciudad santafesina. El asesinato al azar y a sangre fría ejecutado por un sicario quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación de servicio y se repitieron hasta el cansancio pese al pedido de la familia de que no se reproduzcan más.

Por el hecho, a fines de marzo un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía de Santa Fe como el autor material, lo que avivó el debate de la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años. En medio de la agitación, los ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, adelantaron que preparan un proyecto de ley para bajarla a 14 años y que podría ser enviado al Congreso este mes.

"Nosotros nos debemos a las leyes vigentes. Si se confirma que tiene 15 años, no es punible, por lo que establecen las leyes. El criterio de modificarlo o no compete al Poder Legislativo. (El supuesto autor) quedaría bajo un tratamiento, a través de Niñez y después determinarán si corresponde o no, pero ellos deberían quedar a resguardo del menor de edad", explicó el fiscal Adrián Spelta, a cargo del caso, confirmando que el adolescente no iba a quedar detenido ni a él le correspondía investigarlo.

En este contexto el debate y la polémica por la edad de punibilidad, que no son nuevos en la Argentina, quedaron instalados nuevamente en la sociedad, con voces a favor -como la del propio presidente Javier Milei- y en contra. Y si bien hasta el momento no hay precisiones sobre el contenido del proyecto de ley, varios bloques se manifestaron en contra de la medida.

"La edad de punibilidad debe ser a los 14 años y para todos los delitos. Eso es lo que indican los 30 proyectos de ley que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado en el Congreso de la Nación desde distintos espacios políticos pero que hasta el momento no tuvieron acompañamiento legislativo", expresó el ministro Cúneo Libarona en una entrevista.

"Es necesario crear un sistema de instituciones que tengan la misión de la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo que son los objetivos que se mantienen en la redacción del proyecto que estamos terminando de redactar", adelantó, señalando que el proyecto "pasó por las manos" de fiscales, jueces y juristas.

Ante esto El Territorio habló con diferentes actores, quienes coincidieron que los argumentos que sostienen este nuevo régimen están basados en hechos y casos de Buenos Aires o Rosario, que son muy tristes y causan indignación, pero que no reflejan la realidad general del país. Y mucho menos la de Misiones, en donde los casos recordados graves como un homicidio en el que está involucrado un menor se cuentan con una mano.

Al respecto, el juez de menores César Jiménez expresó que en provincia de Buenos Aires los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley cometen el 4 por ciento de los delitos, mientras que la media nacional es del 1 por ciento. En la tierra colorada, en tanto, no se llega a ese registro. Es decir, es menor al 1 por ciento.

El magistrado se manifestó en contra de esta propuesta al señalar que se trata de "una obstinación política".

"Tenemos que buscar alternativas válidas para resolver esta situación y buscar un debate serio, con la posibilidad de un sistema juvenil. Que la reforma sea sin una marcada lógica penal, que sea una ingeniería institucional en donde todos debemos buscar la manera de instalar los estándares internacionales como salida lógica", reclamó.

"Bajar la imputabilidad implicaría, desde mi punto de vista, un error gravísimo sin crear un régimen penal juvenil que se adecue a las normas y a los estándares internacionales. Esto no es algo que no sólo ocurre acá, hay distintos ensayos, en distintas partes del mundo, pero con distintos regímenes", coincidió Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones.

"Acá en Argentina lo que tenemos es un régimen del año 80 que claramente no está cumpliendo con los estándares a tal punto que la Corte Interamericana ya ha hecho varios llamados de atención", amplió.

"La verdadera solución pasa por trabajar por una sociedad más justa, con un Estado activo y presente para los que más lo necesitan. Y esa presencia se da en escuelas abiertas, clubes de barrio para que el deporte sea el entretenimiento y no el consumo de drogas. Comida en las heladeras de cada familia, trabajo digno para los padres sostenes de esos hogares. Esa es la verdadera prevención para que los pibes no caigan en manos del delito", dijo a su turno el diputado Hugo Yasky, proponiendo que se atiendan otras problemáticas antes de modificar la ley.

Es que la pobreza y el consumo de sustancias aparecen como un factor determinante a la hora de analizar los casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Lo confirman los actores judiciales, pero también las personas al frente del Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) o la Unidad Penal IV del Servicio Penitenciario Provincial, destinada a menores de edad.

Fuentes del SPP detallaron que en la actualidad hay 43 alojados menores de 20 años que se encuentran distribuidos en las distintas unidades penales de la provincia. Once de ellos son adolescentes de 16 y 17 años, mientras que los 32 restantes comprenden a jóvenes de 19 y 20 años. De esos 43 jóvenes detenidos por delitos graves, 36 se encuentran alojados en la UP IV.

Casos como el de Lucas Vega o el joven de Oberá que esta semana fue baleado por su abuelo son una muestra de cómo el flagelo de las drogas atraviesa a estos jóvenes, con finales tan diferentes como reveladores. Números, testimonios y posturas mayoritariamente disidentes con la baja de la imputabilidad son el aporte de El Territorio en este informe. Pase, lea y opine.

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