Salud mental: el Gobierno impulsa una reforma y reabre el debate sobre la internación involuntaria

El oficialismo anticipó el envío de un nuevo proyecto de ley de salud mental que incluye cambios en los criterios de internación. Desde el Hospital Ramón Carrillo analizaron los alcances de la iniciativa y señalaron las dificultades del sistema actual.

El debate por la salud mental volvió al centro de la escena pública. El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley que propone modificaciones clave, entre ellas, la posibilidad de avanzar en internaciones involuntarias en determinados casos.

Aunque el texto aún no fue presentado formalmente, algunos lineamientos ya generaron repercusiones en el ámbito sanitario. En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la directora del Hospital Ramón Carrillo, especialista en salud mental, analizó el alcance de la iniciativa y el funcionamiento de la normativa vigente.

“La ley de salud mental es la 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada parcialmente en 2014. Ya tiene 16 años y su reforma se viene evaluando desde hace tiempo”, explicó. En ese sentido, señaló que distintos sectores vienen trabajando en observatorios para revisar sus limitaciones: “Han cambiado ciertos conceptos que dificultan, al momento de una internación, llevar a cabo ese proceso”.

Uno de los puntos más sensibles es el carácter voluntario de las internaciones. Según detalló, esto genera obstáculos en situaciones críticas: “Muchas veces el paciente pierde su capacidad de comprender sus actos, su juicio está alterado y no va a querer internarse. Entonces, al ser la internación una cuestión voluntaria, se dificulta la recuperación de la salud mental”.

La especialista indicó que esta problemática se vuelve especialmente visible en casos de consumo problemático de sustancias. “Cuando una persona está en crisis por abuso o intoxicación, puede tratarse de un trastorno de la conducta. No necesariamente es una enfermedad mental, pero sí requiere un diagnóstico y un abordaje adecuado”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el sistema actual limita la capacidad de respuesta del equipo médico: “Hoy, si el paciente no tiene voluntad, hay que respetar. El problema es que, al tener el juicio alterado, muchas veces hay un riesgo cierto e inminente, tanto para sí mismo como para terceros”.

Sobre la internación involuntaria, explicó que ya existe en la normativa, pero bajo la órbita judicial: “La internación involuntaria únicamente la hace la Justicia. Eso muchas veces retrasa la intervención y se pierde un tiempo muy valioso para la recuperación del paciente”.

Además, cuestionó los tiempos burocráticos: “Uno tiene que tener un oficio judicial para internar a alguien en contra de su voluntad. Ese proceso puede demorar, y en salud mental el tiempo es clave”.

Otro de los ejes en discusión es el modelo de atención. La ley vigente impulsó la desmanicomialización, es decir, el cierre progresivo de instituciones psiquiátricas tradicionales. Sin embargo, la profesional advirtió sobre sus consecuencias: “Se cerraron camas psiquiátricas sin generar espacios suficientes en hospitales generales. Entonces, el área de salud mental quedó despojada en muchos casos”.

En este contexto, consideró necesario revisar el sistema: “La idea de una reformulación es generar dispositivos adecuados donde la atención sea correcta. Las internaciones, por ejemplo, no deberían ser largas, sino de 10 a 15 días, para estabilizar al paciente”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto social del problema y el rol de las familias: “Hoy hay una diversidad importante de estructuras familiares y muchas veces el paciente es el emergente de situaciones complejas. Las familias también sufren y no siempre pueden abordar estos cuadros”.

Y concluyó: “Después de la pandemia aumentaron mucho los casos, sobre todo en adolescentes, con ansiedad, vacío e incapacidad para tolerar la frustración. Estamos ante un tema sumamente polémico, pero necesario para recuperar la salud mental”.

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