Vecinos denunciados en Santa Ana: “El pueblo pidió un mejor servicio de salud y terminó siendo acusado de amenazas”

La conmoción en Santa Ana continúa tras la muerte del niño de 8 años que falleció a fines de septiembre luego de ser trasladado desde el hospital local al Hospital de Pediatría de Posadas. En los días posteriores al hecho, familiares, vecinos y amigos se manifestaron frente al hospital reclamando justicia y mejores condiciones en la atención médica.

Sin embargo, el reclamo derivó en una controversia judicial. Según relató el abogado José Montiel, que representa a un grupo de los vecinos denunciados, “la intendenta de Santa Ana presentó una denuncia contra al menos 150 personas acusándolas de amenazas”.

“Estamos representando al pueblo en esta patriada —expresó Montiel—, porque lo único que hicieron fue exigir un servicio público eficiente. Cuando el resultado es la muerte de un niño, eso pasa a ser prioridad número uno”.

El letrado informó que ya se presentó “un recurso de amparo colectivo federal para que intervenga la Justicia Federal”, argumentando que “la medida dictada por el juez local es arbitraria y vulnera derechos constitucionales básicos”.

Entre las disposiciones judiciales se establecieron restricciones de acercamiento para los denunciados hacia la intendenta y la directora del hospital, algo que, según Montiel, “es de imposible cumplimiento”.

“Son funcionarias públicas y sus oficinas están en el centro del pueblo, cerca del cajero y los principales comercios. Hay vecinos que no pueden ni siquiera ir a sacar dinero o atenderse en el hospital”, denunció.

El abogado también cuestionó la forma en que se realizaron las notificaciones: “El fin de semana fue bochornoso. En cada casa llegaban vehículos oficiales con cuatro policías armados. El pueblo está conmocionado; muchas de las personas notificadas ni siquiera participaron de la manifestación, solo publicaron algo en WhatsApp o pasaron por el lugar”.

Montiel sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento: “¿De qué amenazas se habla? ¿Qué altercado verbal existió? No hubo ningún hecho que lo justifique. Esto es persecución política e ideológica”.

Asimismo, explicó que entre los denunciados hay mujeres que no pueden acercarse al hospital para recibir atención médica: “Tenemos el caso de una vecina que tenía turno para atenderse y no pudo hacerlo por la restricción. Esto es inconstitucional”.

El conflicto llegó también a la Cámara de Representantes de Misiones. Montiel mencionó que el diputado opositor Cristian Castro presentó un pedido de declaración para abordar el caso, pero “no fue acompañado por la mayoría oficialista”.

“El reclamo del pueblo fue minimizado. Los legisladores priorizaron defender la institucionalidad antes que atender la precariedad de la salud pública en Santa Ana”, lamentó el abogado.

Mientras tanto, las falencias en el sistema sanitario local persisten. “Anoche mismo —contó Montiel—, una vecina tuvo que pedir ayuda por la salud de su hijo y no consiguió atención”.

El abogado aseguró que continuará con las acciones judiciales: “Vamos a apelar esta medida. No se puede castigar a quienes tuvieron el valor de reclamar justicia por un niño que ya no está. Esto no tiene razón de ser”.