Los expedientes que generaron polémica y debate en la sociedad

La agenda de debates orales y públicos en 2023 estuvo marcada por casos que generaron gran conmoción cuando ocurrieron, pero además se sumó la particularidad que llamaron la atención mediática y social debido a disyuntivas, posiciones opuestas o directamente señalamientos, incluso dentro de la Justicia.

Tal vez el caso más claro sea el de Antonella Bernhardt (27), joven que fue asesinada en su departamento del barrio El Brete, de Posadas, el 4 de abril de 2019. El propio Cristian Vargas (33) confesó el crimen en su indagatoria días después y, en consecuencia, a mediados de noviembre fue condenado por ello.

Pero el centro de la discusión era la calificación legal. El Tribunal Penal Uno descartó la figura de femicidio con la que había llegado a esa instancia y se inclinó por homicidio simple. La diferencia en términos de pena es sustancial: femicidio prevé perpetua (35 años), mientras que homicidio simple, de 8 a 25 años.

Vargas no fue condenado por esa máxima, pero claro está que se trata de algo más profundo, una discusión jurídica y de valoración de pruebas. “Es indiscutible que un hecho como el presente causó una enorme conmoción y repudio social. No obstante, la existencia de un contexto de violencia de género no puede construirse a partir de conjeturas que hagamos cualquiera de nosotros (la vecina, la amiga, la familia, los medios de prensa, etcétera)”, desarrolló la jueza Viviana Cukla en los fundamentos.

Los debates orales y públicos con estas características se concentraron en Posadas y en todos ellos hubo referencias muy explícitas a la prensa y la sociedad por parte de los actores judiciales que intervinieron. Y en este informe de domingo El Territorio los va a repasar.

El primero en reunir estas características ocurrió en marzo, cuando Martín Monzón se sentó en el banquillo para responder por el crimen de su pareja Horacelia Marasca (16) en 2015. El debate se postergó tanto debido al inusual pedido de Monzón: quería declarar bajo el denominado suero de la verdad porque, dijo, sabía que de otra forma no le iban a creer que fue un accidente.

También los accidentes de tránsito tuvieron su capítulo, ya que los juicios contra Julio Werner Lutz (30) y Juan Gastón Brunner (31) pudieron marcar un precedente en la Justicia misionera. Ambos estaban imputados por chocar y matar a personas con su vehículo y llegaron a esa instancia acusados de homicidio simple, es decir, por el mismo delito que Vargas.

Sin embargo, el Tribunal Penal Uno decidió condenar a ambos por homicidio culposo, figura que sí es habitual en estos hechos. Lo que tal vez explique una carátula tan gravosa es que ambos siniestros ocurrieron en 2016, un período marcado por la seguidilla de muertes al volante que además derivó en la implementación de la tolerancia de alcohol cero para la conducción en la capital.

“Los accidentes de tránsito, los homicidios con automóviles, salvo una excepción extrema, son homicidio culposos, a veces los fiscales o los jueces exageran la calificación un poco para tapar lo que digan los medios de comunicación”, opinó el abogado Eduardo Paredes, defensor de Werner Lutz.

El último hecho ocurrió en diciembre, con la sentencia a Rita Cervantes Martínez, condenada por intentar matar a su hija recién nacida. Perspectiva de género y salud mental fueron puestos en juego.

La defensa planteó que Rita nunca fue consciente de su embarazo y que a causa de eso sufrió una psicosis, pero el Tribunal Penal Dos - en base a pericias del Poder Judicial - lo descartó y decidió declararla culpable, aunque tuvieron en cuenta circunstancias de atenuación y impusieron cuatro años de pena. Con esto, la mujer podría salir pronto de prisión.

“Siempre veo la falta de comunicación clara con los verdaderos interesados del proceso. Estamos acostumbrados a resolver las cosas entre nosotros”, dijo el fiscal Vladimir Glinka en sus alegatos en el juicio contra Cervantes Martínez, acusada de intentar asesinar a su hija recién nacida.

Lo dijo para introducir que la acusada era quien más que nadie debía saber justamente de qué se la acusa y qué estaba ocurriendo allí. Pero tal vez el Poder Judicial también deba asumir de una vez y todas la tarea de comunicar por canales institucionales más eficientes las decisiones que toma y sobre todo por qué las toma y no dejar las interpretaciones al sentido común.

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