Abusador condenado y un acusado de femicidio que pronto será juzgado

En 20 de septiembre de 2021, el Tribunal Penal Uno de Oberá dictó su primera sentencia a un integrante de la comunidad mbya guaraní por el delito de abuso sexual.

“Mi hija le decía papá porque la crió desde que tenía un añito. Pero yo salía y él aprovechaba para abusar de ella ”, declaró la madre de una menor que durante dos años fue víctima de su padrastro, R.K.Y. (45), quien fue condenado a 16 años de cárcel.

En su alegato, la fiscal Estela Salguero ponderó la coherencia del relato de la mujer en todas las instancias de la causa y valoró los dichos de la víctima en Cámara Gesell. Si bien el acusado habla castellano, durante el juicio dispuso de la asistencia de un traductor mbya para garantizar su derecho de defensa. Actualmente cumple su condena en Puerto Rico.

En la misma cárcel se halla alojado el cacique mbya Marcelo Núñez (37), imputado por el femicidio de su concubina María Solange Diniz Rabela (22), perpetrado en abril de 2020 en la aldea Taruma Poty, municipio de San Vicente. Según confirmó El Territorio, el expediente que se tramitó ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente ya fue elevado al Tribunal Penal de Oberá que deberá fijar fecha para el debate oral.

Desde un primer momento el acusado insistió con que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció que luego quemó y enterró el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la mujer se había contagiado de Covid-19. Como sucedió en el primer juicio citado, a su turno Núñez también contará con traductor.

Abuso en la aldea
La denuncia contra K. Y. fue radicada por la madre de la víctima el 15 de enero de 2019 en San Vicente. La familia reside en la zona rural de dicho municipio. Cuando la menor tenía un año su madre inició una relación con el implicado. Luego la pareja tuvo cuatro hijas. Se confirmó que los abusos ocurrieron desde los 11 a los 13 años.

Por las características particulares del juicio se dispuso la participación de veedores de diferentes organismos, como la antropóloga social Vilma Solari, enviada por el Poder Judicial de Misiones. También participaron una funcionaria de la Dirección General de Asuntos Guaraníes y una representante regional de la comunidad mbya.

En la ocasión, Solari precisó que el acusado es hijo de una mbya, pero fue criado por una pareja sin relación con dicho pueblo originario. “Al ser criado por personas que no tienen nada que ver con el pueblo mbya, no le inculcaron la cosmovisión de la comunicad. Este tipo de cosas (por el abuso sexual) son inaceptables para los mbya”, remarcó.

Además, consideró que las condiciones en que transcurrió el debate oral garantizaron el derecho de defensa del imputado. El Tribunal fue presidido por Francisco Aguirre, secundado por Miguel Moreira y José Rivero.

El femicidio
El 17 de abril de 2020, el cacique Marcelo Núñez fue detenido como el principal sospechoso del femicidio de su concubina María Diniz Rabela. En plena cuarentena por la pandemia, el acusado afirmó que la mujer murió de coronavirus, lo que no hizo más que alertar a las autoridades, sobre todo porque en Misiones hasta entonces sólo se habían confirmado dos contagios.

La posterior autopsia no logró determinar la causa del deceso, ya que el cadáver fue quemado y presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos. En tanto, el examen forense determinó que “son fracturas producidas por acción del fuego, no son previas a la muerte”.

También se realizó la medición de gases (carboxihemoglobina) para determinar si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono del incendio, lo que arrojó resultado negativo, es decir que el deceso fue previo a la incineración del cadáver.

A la imposibilidad de obtener una certeza científica sobre el origen del fallecimiento de Diniz Rabela se suma que en la primera ronda de testimoniales en el Juzgado de Instrucción Tres comparecieron otro cacique y una mujer, ambos de otra aldea, quienes apoyaron la coartada del imputado, quien en la indagatoria se desligó del crimen afirmando que la joven falleció por enfermedad.

El acusado había señalado a personal médico que llegó a la aldea, asegurando que no revisaron el cuerpo y que dijeron que podría haber fallecido por coronavirus.

Según ese testimonio, una galena le dijo que ellos se encarguen de la inhumación del cadáver y añadió que en su comunidad es habitual quemar los cuerpos cuando hay sospechas de que la causa de muerte es algo contagioso. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la testigo expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.

La víctima -que no era aborigen y tuvo dos hijos, previo a la relación con el cacique-padecía cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de siete meses que se había mudado a la aldea con el pequeño de 4 años. En tanto, el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.

Según la investigación, el domingo 12 de abril de 2020 el cacique Núñez caminó hasta la casa de un vecino de la colonia y habría pedido que llame una ambulancia porque el hijo de su concubina se encontraba enfermo.

Más tarde habría arribado una camioneta de Salud Pública, aunque no está claro si llegó con algún profesional, tal como luego declaró el sospechoso.

Tampoco se descarta que el sujeto solicitó asistencia médica en el marco de su coartada para encubrir el crimen, puesto que no habría referido que su concubina estaba mal, sino que hizo revisar al hijo de ésta.

“Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de Colonia Tambor de Tacuarí, cercana a la aldea.

Y agregó: “Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza con la cama y todo, por lo que sacaron unas tablas de la pared para que pase. El mismo día vinieron a comprar un litro de nafta a mi negocio”, precisó el testigo.

Intervino la madre
El cuerpo de Diniz Rabela fue quemado y sepultado a unos 200 metros del centro la aldea, en una zona de pastizales.

El 16 de abril el juez de Instrucción Tres, Gerardo Casco, ordenó la detención de Núñez, quien días antes se había trasladado a otra aldea en San Pedro. Luego dijo que se fue para distraerse porque estaba muy triste por el deceso de su mujer.

Días antes, él mismo se contactó con una hermana de la víctima y le dijo que ésta falleció por Covid-19 y una médica le autorizó a quemar el cuerpo, lo que luego ratificó en sede judicial.

En consecuencia, dicha versión llegó a oídos de la madre de Diniz Rabela, en San Vicente. “Por eso la señora se acertó a la Policía y contó lo que sabía y dijo que quería recuperar a su nietito. Ante la presunción de que la chica murió por coronavirus se activaron todas las alarmas y las autoridades policiales dispusieron que una patrulla se acerque a la aldea para hablar con los aborígenes”, comentó un vocero.

La Policía llegó a la aldea, el cacique no estaba y, en primera instancia, los paisanos no dijeron nada. Los uniformados insistieron y alguien confirmó que el cadáver se hallaba a 200 metros.

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