Miryam Bogado, inocente para su comunidad pero cerca del juicio oral

El caso de Miryam Bogado es posiblemente el más representativo de los desentendimientos o ruidos que existen entre la Justicia blanca y la mbya. La joven fue detenida el 1 de febrero del 2019 acusada de asesinar a su hija de cuatro meses en la aldea Pindoity, ubicada en paraje Teyú Cuaré, San Ignacio.

El hecho llegó a las autoridades cuando una médica que fue convocada por la comunidad constató que en la aldea había una beba que no registraba signos vitales, por lo que dio aviso a la Policía.

Estudios forenses determinaron que la beba tenía traumatismos de cráneo y tórax, por lo que la Justicia decidió la detención de los dos padres, quienes por entonces tenían 18 años. Luego se probó que el padre estaba en otra aldea al momento de los hechos, por lo que fue liberado.

La defensa tiene como principal hipótesis que la muerte de la bebé fue un hecho inevitable debido al frágil estado de salud de la pequeña, que al momento de fallecer pesaba menos que al nacer.

La hija de Miryam nació de forma prematura en el hospital de San Ignacio y desde allí fue trasladada a neonatología del Hospital Fernando Barreyro, donde ingresó “sin vida, hipotérmico, hipotónico.”

Fue revivida, pero sufrió serios daños cerebrales y permaneció internada en la capital provincial durante un mes y medio.

Pasado el tiempo, a pesar de que no tenía reflejos de succión y no podía alimentarse por su cuenta, fue dada de alta y enviada nuevamente a la aldea, donde falleció debido a que no cuentan con una estructura adecuada para atender ese cuadro. Al respecto, autoridades mbya mencionaron que se debería analizar también la acción de los médicos que le dieron el alta.

Miryam estuvo detenida durante ocho meses, hasta que la defensa logró su liberación. Para la comunidad de Miryam, ella es inocente, pero paralelamente el caso avanzó, fue elevado a juicio y hoy se encuentra en el Tribunal Penal Dos pronto a ser ventilado en un juicio oral y público.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes judiciales, hubo un pedido de las autoridades mbya para que los jueces vayan a la aldea y sean escuchados desde sus lugares. Desde la defensa una buena predisposición del Tribunal y se pudo saber que la Fiscalía también está abierta, aunque aún no hubo respuesta.

Quien defiende a Miryam es el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, con los letrados Roxana Rivas y Eduardo Paredes. Rivas además es asesora del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

En diálogo con El Territorio Rivas expresó que ellos tomaron intervención por pedido de las comunidades. “Conocimos su historia con todas las dificultades que eso implica porque, en su condición de vulnerabilidad, el hecho que hablaba poco el castellano y la propia idiosincrasia de las personas mbya guaraní hace muy difícil que se pueda abrir a un extraño. Y sobre todo en un proceso penal con una imputación tan grave”, contó.

Bogado está acusada de homicidio agravado, por lo que podría ser condenada a prisión perpetua si es considerada culpable.

“Se trabajó como siempre de manera interdisciplinaria, colaboramos con una pericia antropológica, primero con la propia defensa pública que ella tenía y después asumimos formalmente la defensa. La imputación es gravísima y la preocupación de la comunidad y del pueblo en general mbya guaraní era su situación”, amplió la letrada.

Señaló que hablaron con las mujeres de la aldea y con las autoridades ancestrales que tiene el pueblo mbya y la conclusión es que ellos no culpabilizan por la muerte de la beba: “Eso es un punto importante, ya que para su propio pueblo es inocente. Pero, bueno, nuestro proceso penal tiene otra característica y dinámica, entonces mucho de lo que nos costó en su momento fue justamente poder conseguir que ella nos contara bien qué pasó, que pudiera defenderse. Hasta que finalmente las propias autoridades mbya decidieron hacer sus propias averiguaciones y sacaron sus conclusiones para elevarlas al tribunal”.

Si bien trabajan para lograr una absolución, la abogada no descarta que el caso llegué a juicio oral y público, que deberá hacerse con un traductor y con todas las garantías para la imputada.

Rivas citó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país por Ley 24071, al manifestar que es un derecho de los pueblos originarios reconocer sus propias autoridades, impartir su propio sistema de justicia y juzgar a sus propios miembros.

“No estamos hablando de un encubrimiento, estamos hablando de procesos que tienen que ver con sus derechos y costumbres. Son las formas que vinieron resolviendo cuestiones de todo tipo durante más de 15.000 años, que es el tiempo que se presume que viven acá”, argumentó.

Desde su experiencia Roxana detalló que el pueblo mbya guaraní en Misiones tiene autoridades que son “globales”, quienes conforman una gran asamblea, pero cada comunidad a su vez tiene autoridades, que son políticas y religiosas.

“En esta convivencia van resolviendo todo tipo de cuestiones, tiene sus formas, sus métodos, que es siempre a través del diálogo, de la conversación, del acuerdo. De los consensos y de otros mecanismos que nosotros no conocemos en profundidad porque tampoco nos cuentan”, reveló.

Consultada por cómo considera el accionar del Poder Judicial de Misiones respecto a los derechos mencionados, la entrevistada expresó que “hace diez años era una cosa y hoy estamos encaminados hacia otra forma, si se quiere, de interactuar y en esto la interculturalidad es un concepto fundamental. La idea no es trasladar nuestro sistema de Justicia al de ellos ni el de ellos al nuestro, sino poder convivir”.

Mencionó que en las facultades de derecho no se enseña derecho indígena o no es una materia obligatoria, por lo que muy probablemente los actores judiciales llegan a sus puestos sin esa formación si no es por voluntad propia.

“Pero hoy sabemos que la legislación indígena está plenamente vigente, por lo que no hay posibilidad de desconocerla. Entonces se va creando ese diálogo, pero siempre a impulso de esas comunidades, porque si los abogados, defensores, fiscalía, tribunal que interviene no lo aplica esto difícilmente se aplique la perspectiva indígena. Es más fácil aplicar el derecho común”, concluyó.

“También hay mucha discusión sobre hasta dónde se debe aplicar o no el derecho indígena y siempre el límite parece ser la cuestión penal, porque es la más grave”, finalizó.

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