“Queremos que el Estado respete nuestras propias normas y cultura”

Ricardo Benítez, el cacique de la comunidad Tuna’i, es uno de los mburuvichá que mantienen constante diálogo con los representantes del Estado provincial para poder resolver una brecha que tuvo altibajos a lo largo de los últimos años. Estas cuestiones consisten en las diferencias que mantienen la justicia indígena y no indígena (jurua).

Respecto a esto, Benítez durante una reunión que mantuvo con El Territorio -en la que participaron otros caciques-, explicó cómo es la justicia de su comunidad, en qué consisten sus procesos, su forma de juzgar y cómo toman la intervención del Estado en su sociedad y cultura.

¿En qué situación se encuentra la justicia de su comunidad?
En realidad hace mucho tiempo que está medio parado todo respecto a la justicia en la comunidad. Porque desde hace un largo tiempo que interviene mucho la Justicia blanca, sin conocer cómo es el sistema de la comunidad.

Por eso nuestra justicia está medio parada, porque requiere mucha gestión para llevar adelante las prácticas de las normas, dentro de la cultura o las organizaciones indígenas.

Pero hoy en día estamos trabajando nuevamente para recuperar eso. Y justamente nosotros estamos llevando ese reclamo o ese pedido al Estado. Para que nuevamente se reconozca la forma de vivir o la organización indígena dentro de la comunidad o del pueblo.

Después de mucha lucha, hemos dialogado con la presidente del Superior Tribunal de Justicia y gracias a Dios fue positivo. Estamos para trabajar en conjunto, tanto la justicia indígena como la blanca, con el objetivo de que ambas estén conformes.

¿Por qué tuvo que dejar la práctica de su justicia y cómo era ese proceso?
Por la intervención del Estado en nuestra comunidad, las autoridades indígenas-como los caciques-, no podíamos llevar adelante esa práctica porque la Justicia blanca se mete en nuestra forma de accionar. Por ello, las personas de la misma comunidad se desorganizaron, porque saben que nosotros no podemos juzgar con nuestras reglas por ese miedo que genera que la Justicia blanca esté pendiente, viendo cómo actuamos.

Eso provocó que los integrantes de la comunidad no se lleven bien con las autoridades de la aldea o que quieran independizarse. Por ese motivo por un gran tiempo no había forma de actuar, pero ahora la gente, las comunidades y las autoridades tradicionales realmente van recuperando de a poco ese espacio, para poder ejercer nuestra forma de justicia, para los casos que nosotros podamos resolver.

Si hablamos de justicia, muchas veces es una palabra pesada. Por eso nosotros actuamos en los hechos que podemos arreglar desde la comunidad.

Queremos que esas situaciones que podemos solucionar dentro de nuestra sociedad, la Justicia blanca respete. Porque nosotros como pueblo y como sociedad originaria tenemos una forma de organizar parte de la justicia, y el Estado tiene que entender que nosotros podemos coordinar con la comunidad nuestras propias normas. Además, cuando hay algunas situaciones que requieran correcciones, nosotros tenemos derecho a practicar nuestra justicia.

El pueblo mbya y sus vivencias en la Nación Guaraní. Foto: Natalia Guerrero

Esto quiere decir que si hay alguna persona que esté cometiendo alguna falta, nosotros tenemos derecho de traerlo hasta donde están las autoridades y preguntar qué sucedió. Si es medio leve, nosotros podemos corregir a la persona que está yendo hacía un mal camino.

Sin embargo, la idea es que las dos justicias -indígenas y no indígenas- trabajen juntas, porque cuando hay situaciones graves que nosotros no podamos hacer nada, la Justicia blanca tiene los elementos para resolver esos casos.

¿Qué delitos ustedes no pueden juzgar aún y cuáles sí?
Los casos que todavía no podemos resolver dentro de la comunidad son los hechos de violaciones, peleas fuertes, asesinatos. Por eso es importante trabajar junto a la Justicia del Estado, porque para resolver estos delitos nosotros todavía no tenemos cómo solucionarlo. Nuestra sociedad no tiene la posibilidad en estos momentos de juzgar, por ejemplo, un homicidio. Entonces, por esa parte queremos dialogar con la Justicia blanca para que ayuden a que el que cometió el delito pague y que vaya a cumplir su condena.

Dentro de la comunidad no tenemos dónde llevarlo para que cumpla un tiempo de arresto y tampoco personas que se responsabilicen de ello.

Hay situaciones donde una persona hace cosas que no se debe y se escapa. Nosotros no contamos con las herramientas para buscarlo y tampoco tenemos la posibilidad de seguir la huella de esa persona, porque no tenemos vehículos y tenemos pocas comunicaciones.

Por otra parte, en estos momentos intervenimos cuando hay peleas, robos o cuando una persona lastima a otra. Para juzgar hacemos las reuniones con presencia de todos, de los parientes, del causante y del lado de la víctima. Después se dialoga y se le pregunta cómo y por qué sucedió ese desentendimiento. De acuerdo a lo que digan, resolvemos qué hacer.

¿Qué hace el Estado que los tiene inconformes?
El Estado está tratando de dividir la comunidad. Un grupo está en un lugar, otro grupo en otro lado y por ello no se llega totalmente a la unidad. Entonces no podemos todavía trabajar para ver cómo se definen las reglas de la comunidad.

Lo que ahora nosotros hacemos dentro de la sociedad son cosas simples. Pero repito, cuando pasan cosas graves queremos que cumplan con su condena porque nosotros no estamos a favor de un delincuente.

No obstante, pedimos que el Estado dialogue con nosotros, que no entren sin autorización, sin conocimiento de la comunidad o de las autoridades. Los caciques tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando antes de pasar el acusado a mano de la Justicia blanca.

Otra cosa en la que todavía no estamos de acuerdo es con la creación de la organización “consejo de caciques”, que está creada por el Estado provincial para intervenir aún más en la comunidad mbya. Ellos dicen que está creada para tener más posibilidades de trabajar y conseguir con más facilidad lo que se necesita en la comunidad. Pero para nosotros es una herramienta que ellos pueden usar para manipular a todas las aldeas.

La creación de esa organización volvió a confundir a los caciques y a dividir nuevamente a toda la colectividad.

Nosotros formamos nuestra organización hace más de 20 años, llamada Aty Ñeyccyrõ, y no tenemos ni un papel, porque no queremos que el Estado tenga forma de ingresar a esa organización.

¿Qué hecho ocasionó que ustedes comiencen a plantear los límites del Estado?
El hecho que nos dio ánimo de defender nuestra organización fue cuando gente de nuestra comunidad fue detenida por una situación grave que pasó dentro del pueblo. La joven Miryam Bogado fue acusada de haber asesinado a su beba de 4 meses. Era algo importante y las autoridades teníamos la obligación de resolver eso.

También lo que pasó hace pocos años, cuando dos personas mayores de San Vicente fueron detenidas y uno de ellos murió en la cárcel. Hasta el día de hoy no sabemos realmente qué pasó y es una herida muy fuerte para nosotros. Cuando consultamos, dijeron que murió por una enfermedad, porque justo fue en época de pandemia.

¿Cómo está estructurada la justicia mbya y cómo juzgan?
En la comunidad no tenemos un reglamento escrito. Acá se organiza con diálogo. A diferencia de la Justicia blanca, intentamos resolver con la unión, con la asamblea y con las opiniones de todos. En las asambleas tomamos la decisión de cómo, cuándo y cuánto tiene que pagar.

Primero traemos a esa persona para que hable con nosotros y dé su versión de los hechos. Después vemos qué puntos corregir para reprenderlos.

R.K.Y fue a juicio tras ser acusado de violar a su hijastra. Foto: El Territorio/Archivo

Esto se dejó de lado por mucho tiempo, porque si un cacique mandaba a buscar a esa persona que cometió una falta, el aldeano se dirigía directamente a la Justicia blanca acusando de atropello en su domicilio. Con la intervención del Estado, el culpable del delito denunciaba a las autoridades de la comunidad para no ser juzgado. Algo que no debe ocurrir, porque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona claramente que los pueblos originarios tienen derecho a vivir con la cultura y el sistema propio. Además del derecho a vivir con una forma propia de organización. Y el Estado tiene que garantizar y acompañar ese proceso para que se pueda llevar adelante la justicia.

Cabe mencionar que nosotros modificamos la manera de juzgar luego de mantener diferentes diálogos que mantuvimos con las autoridades de la Justicia no indígena. Algo que modificamos es que antes cuando una persona cometía un crimen, decidíamos que merecía pagar con su vida. Hoy ya no hacemos esa práctica. Estamos conscientes que la Justicia del país y del mundo no permite eso, por ello tuvimos que modificar esos aspectos.

¿Qué hechos no son delitos dentro de la comunidad pero sí lo son para la Justicia blanca?
Unos de los hechos en los que todavía no tenemos un acuerdo es en los conceptos de violación. Para nosotros violación es cuando una mujer o una chica no está de acuerdo a tener relaciones con alguien más e igual la obligan. Pero en nuestra comunidad no es delito si un menor de edad tiene a su pareja mayor y viven juntos porque se llevan bien, se entienden y están dentro de los acuerdos de la mamá y del papá del menor. Para nosotros esa situación no es delito, porque está dentro del consentimiento entre ellos y los padres del menor. Sin embargo, para la Justicia blanca sí es delito.

Pero también ocurre que hay situaciones que para el Estado no es delito y para nosotros sí. En los diálogos pedimos que se juzgue a las personas de la aldea que tienen conocimiento de tipos de magia negra y que lo utilizan para dañar a la gente.

La Justicia blanca no sabe cómo resolver esos casos, pero nosotros sí, porque nosotros sabemos. Y es algo grave que entendemos cómo solucionar. Pero como no hay elementos de prueba, esa persona niega su conocimiento y no hay muestras de que haya hecho daño, por lo que queda libre.

Por eso tenemos que estar de acuerdo y respetar de ambos lados.

¿Qué autoridades tiene la comunidad mbya?
Las autoridades principales de las comunidades son los caciques. La elección del mandatario también se resuelve en las reuniones, donde la gente dice quien tiene más posibilidad de moverse o de dialogar con el Estado o con los demás caciques, y quien tiene más capacidad de trabajar.

Pero también hay autoridades espirituales. Los últimos son los ancianos religiosos o los que están dentro de la iglesia. Es decir, la parte que más trabaja en la religión.

Un cacique consulta siempre con la parte religiosa. Cuando hay algún delito se junta a todos los miembros y se llama a todas las comunidades para que den su visión del caso. Por eso, aunque tengamos autoridades, siempre se resuelve entre todos los caciques y los habitantes de los pueblos.

Algo que quiero destacar es que nosotros no tenemos un cacique general que manda a todos los pueblos de la provincia, porque pensamos que eso no es justo y que tiene que haber una unión general para tomar las decisiones. La gente se puede confundir porque ahora hay un cacique general, que está formado por el Estado.

El convenio OIT que respalda su pedido

El convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por Ley 24.071 en Argentina (año 1992)

establece el deber del Estado argentino de proteger los derechos de pueblos indígenas en condiciones de igualdad y sin discriminaciones.

A su vez, dispone que se debe promover la efectividad de sus derechos económicos, sociales y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones (artículo 2). Reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada en los asuntos que los/as involucran (artículo 6).

Establece que al aplicar las leyes nacionales se deben tener en cuenta las costumbres y el derecho indígena (artículo 8).

Asimismo, reconoce el derecho a la tierra y al territorio indígena, entendido como el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, que incluye su derecho a los bienes naturales existentes en sus tierras (artículos 14 y 15).

Cuando se produzca una actividad sobre su territorio que afecte los bienes naturales, dispone que se los debe participar y deben ser consultados sobre el proyecto a desarrollar.

También se reconoce su derecho a participar de los beneficios de los recursos existentes en sus tierras, así como a ser indemnizados ante cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (artículo 15).

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