Autoridades del CGE denunciaron penalmente la toma del edificio
Las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) denunciaron penalmente ante la Fiscalía de Instrucción N° 3 a los docentes que desde el miércoles pasado mantienen tomado el edificio donde funciona el organismo, como medida de protesta por mejoras salariales. Los gremios en lucha respondieron a la denuncia sosteniendo que es una "actitud burda y cobarde".
El miércoles 16 de marzo, docentes autoconvocados de distintos puntos de la provincia tomaron el recinto del CGE en el Centro Cívico de Posadas, medida con la que solicitan mejoras salariales para los maestros y profesores. Lo hacen por estar en desacuerdo con el acuerdo salarial firmado en la mesa paritaria nacional por algunos gremios y el gobierno provincial.
Desde ese día los manifestantes permanecen en el edificio, y si bien no impiden el ingreso ni egreso de los trabajadores del organismo, que pueden seguir desarrollando sus tareas, mantienen un acampe en las instalaciones, que según entienden las autoridades, entorpece el normal funcionamiento del organismo.
Ante esto, las autoridades decidieron avanzar con la presentación judicial. “Luego de 6 días de toma del edificio del CGE, y en defensa de los trabajadores del Consejo de Educación, hicimos la denuncia penal”, confiaron a este medio fuentes del organismo.
En el escrito presentado ante la Justicia, que fue ingresado por mesa de entrada de la Fiscalía en la tarde del lunes, se indica que el titular del CGE, Juan Alberto Galarzar, se presenta “en defensa de de los derechos de los trabajadores del Consejo General de Educación” para formular “denuncia penal en los términos del Art. 181 del Código Penal Argentino, contra las personas indeterminadas (docentes y no docentes) y determinadas que invadieron y se mantienen día y noche desde el día 16/03/2022 dentro dcl Edificio del Consejo General de Educación impidiendo se realicen las tareas habituales de la administración pública”.
Agrega además que lo hacen “turbando claramente el derecho real de propiedad del Estado Provincial” y que asimismo, “podrían estarse cometiendo atentados contra el orden público, tipificado en art. 213 bis; delitos contra la administración pública, atentando contra los funcionarios públicos del Consejo General de Educación, mediante intimidación (Ar.237, 241 inc. 2 C.P)”.
Además, en la presentación se señala de forma directa, con nombre, apellido y DNI, a dirigentes gremiales de diferentes organizaciones, como quienes “se encuentran a la cabeza de la usurpación del Consejo General de Educación”.
En el documento se explica que los manifestantes, “de manera intempestiva irrumpieron en el Edificio del Consejo General de Educación, con bombos, redoblantes, tontones y demás instrumentos de tambóricos” y que luego de esto “fueron llegando colchones, carpas, mantas, frazadas, comida y bebidas para instalarse dentro del edificio, situación que se mantiene hasta la fecha”.
Explican también que “durante el horario laboral se mantienen tocando los tambores dentro del organismo, cantando, gritando; situación que impide desarrollar las tareas normales propias del organismo, no se puede caminar por los pasillos de tanta gente que habita en ellos desde el dia 16/03/2022 que tomaron el edificio, hacen Picnic en distintos sectores dentro de! edificio, habiendo comida y bebida por todos lados, asf también se adentran infinidad de vendedores ambulantes, debido a que encuentren demanda dentro del edificio por la cantidad de personas que habitan en él”.
En la denuncia que firma Galarza se asegura, también, que “en el marco de la toma mencionada, ha desaparecido una computadora (notebook), hecho que fue denunciado por personal del Consejo General de Educación”.
Además, denuncia Galarza, “pegan carteles, refiriendo infinidad de cuestiones hacia los funcionarios que allí se desempeñan, intimidándolos, así también los filman en el ejercicio de su actividad laboral, perjudicÄ‘icando su Honorabilidad como miembros del Cuerpo Colegiado”.
Por otra parte sostiene que durante la tarde y noche “se mantienen dentro del edificio, en todos los pisos, entran a las oficinas, pudiendo acceder a información propia del organismo, prenden los aires acondicionados, malgastando los recursos del estado”.
Según Galarza, “toda esta situación impide el desenvolvimiento de las actividades propias del Consejo General de Educación, tornando imposible cumplir con la función propia de la parte administrativa, como de la parte deliberativa, haciendo imposible Sesionar, con bombos y tambores tras la puerta de la sala de Sesiones”.
Por todo esto, las autoridades recurrieron a la Justicia, que ahora deberá definir cómo actuar ante esta situación.
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