Caso Oviedo: estafa millonaria y otro asesinato sin resolver

A media mañana del 17 de marzo de 1999, el barrio Rocamora, de Posadas, se vio sacudido por un episodio que después de veinte años no fue esclarecido. Se trató del crimen del contador Gerardo “Lalo” Oviedo (41), llevado a cabo por presuntos sicarios que lo ultimaron de un tiro en la nuca en el living de su casa que estaba en construcción.

El crimen, caracterizado por la impunidad de la muerte por encargo, ocurrió cerca de las 9.45 cuando Oviedo se encontraba junto a un empleado y a su Mercedes Benz coupé 450 SL en el garaje de la propiedad, ubicada sobre la calle Padre Serrano al 3700. Allí, fueron abordados por dos hombres que, a punta de pistolas, los obligaron a ingresar a la vivienda.

Los asesinos, que portaban armas de altos calibres -uno de ellos tenía un arma calibre 22 con silenciador-, bajaron de un automóvil Ford Escort Rojo de la empresa Localiza Rent a Car, propiedad de Pedro Amadeo “Pity” Arrúa.

La persona que se encontraba con Oviedo en el momento del ataque era un chofer de uno de sus remises que se había acercado a rendir cuentas a su jefe. En aquel momento, el hombre relató que uno de los intrusos, luego de exigirle que se eche al piso boca abajo, le sacó a la víctima el anillo, el reloj y una cadenita para luego disparar varios tiros y ejecutar al contador que falleció cuando era trasladado al Hospital Ramón Madariaga.

Según las pesquisas, cinco fueron las detonaciones de las cuales una le impactó en la nuca. La hipótesis de robo fue prácticamente descartada por la Justicia cuando el reloj sustraído fue hallado en una zanja cercana, en el trayecto que hicieron los asesinos cuando corrieron del lugar.

En cercanías al domicilio les esperaba otro hombre al mando del automóvil rojo que posteriormente fue estacionado en las calles del centro de la ciudad. Lo dejaron en doble fila por la calle Colón casi Salta, motivo por el cual la empresa Estacionar lo trasladó hacia un corralón.

Por el calibre de las armas y por el modo en el que fue llevado a cabo la ejecución, los pesquisas refirieron que el crimen fue cometido con un grado de profesionalismo inusual. El juez Eduardo D’Orsaneo, a cargo del caso, había adelantado que era un caso difícil y que sería mejor mantener reserva de los testigos.

Asesinos
En las primeras noticias del hecho, en relación a las pesquisas preliminares, dieron a conocer características de los tres supuestos sospechosos que viajaban en el Ford Escort alquilado.

Los hombres tenían entre 35 y 40 años y rondaban los 1,70 metros de altura. Según el testimonio clave del empleado de Oviedo, uno de los implicados era regordete y petiso con cabellos largos y el otro era delgado, alto y vestía un pantalón de jean y remera negra.

A plena luz del día, huyeron por la calle Padre Serrano y doblaron en la esquina por Álvar Núñez Cabeza de Vaca donde los esperaba el Ford Escort color rojo con el cual escaparon al centro de la ciudad.

Un auto alquilado
El automóvil implicado se trató de un alquiler a la empresa Localiza Rent a Car que pertenecía en aquel momento a otro presunto implicado en los cheques de papel misionero, el empresario Pedro “Pity” Arrúa, quien sumó a su prontuario delictivo una condena en julio de 2021 por liderar desde una cárcel de Entre Ríos una organización que se dedicaba a traficar estupefacientes por la región.

Tras el crimen de Oviedo, Arrúa fue demorado por el juez D’Orsaneo y alojado en la Brigada de Investigaciones luego de que se allanara la oficina de la agencia en búsqueda de información sobre las personas que habían rentado el vehículo.

El empresario admitió que rentó el automóvil “en negro” a unos individuos con acento paraguayo a quienes no exigió documentos.

Agregó que le devolvieron las llaves el miércoles al mediodía y dijeron que el auto estaba a unas cuadras de allí porque no habían encontrado lugar para estacionar.

En la guantera del vehículo hallaron el silenciador utilizado por los asesinos que fueron vistos en la zona del crimen. Hecho que, finalmente, nunca fue esclarecido.

Presunto móvil
En los primeros meses de 1997, mediante una supuesta organización ilícita, se desviaron a través de cuentas bancarias unos 2,5 millones de pesos de los pagos que hacía la empresa estatal Papel Misionero a la Dirección General Impositiva (DGI).

Gerardo Oviedo, ex contador de la DGI, había estado relacionado con la estafa millonaria, ventilada en marzo de 2017 e investigada por la Justicia Federal de Posadas desde julio de ese año, en la cual también estaba involucrado Pedro Amadeo Arrúa.

Oviedo y Arrúa eran viejos conocidos y ambos figuraban en la causa, además del gestor Sergio Ortiz, imputados como partícipes de una supuesta “asociación ilícita” que, en aquel momento, no tenía adjudicado el escalón de mando, lo que permitió a los sospechosos y a media docena de investigados gozar del beneficio de la excarcelación.

Las vinculaciones con la estafa a la empresa Papel Misionero y la DGI se tejieron en vísperas del hecho cuando se supo que el ex empleado de la DGI tenía fijado el lunes 29 como fecha para la declaración indagatoria. Por su parte, el abogado de la víctima, José Mass, desestimó que el asesinato del contador esté vinculado con la estafa ya que dijo entender que Oviedo no tuvo relación con ello y que “no había nada que silenciar”.

Aseguró que el hombre se iba a abstener de declarar por el consejo de la defensa y agregó que todos los que fueron citados a declarar también se habían abstenido.

De la docena de imputados -la mayoría por haber facilitado sus cuentas para depositar el dinero sustraído de la empresa- sólo dos fueron absueltos por el Tribunal Federal pese a que ya se había acordado una pena mínima de prisión en suspenso.

La causa desfiló por dos juzgados provinciales y luego pasó a la Justicia Federal, donde se realizó una investigación que fue elevada al Tribunal Federal en marzo de 2002. Allí, Arrúa fue condenado por la estafa y estuvo detenido cuatro años en cárceles federales.

Sicarios de frontera en 1990

El juez en lo criminal Agustín Lovera Cañete había comentado en relación al crimen del contador Oviedo que “en esta frontera es muy fácil contratar un sicario por 300 dólares”.

El hombre, oriundo de Paraguay, había sido obligado a dejar Encarnación apremiado por amenazas de la mafía que manejaba el contrabando de autos y de droga. La misma que, según las pesquisas de ese momento, había secuestrado y dejado a plena luz del día a su esposa sin que la Justicia paraguaya descubriera nunca a los autores.

En Misiones hubo varios hechos relacionados a la muerte por encargo en los años 90. Según el archivo de El Territorio, se trató del asesinato de Marcelo Siri, Tuto Freidel, el escribano Alejandro Pacheco, Planas de Carballo, Carlos Iriarte, el taxista José Sureda y Marisa Serrano, entre otros.

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