Se repiten las tragedias y aun así las comunas siguen sin adherirse a la ley

La Ley de Seguridad Acuática de Misiones fue el resultado de varios años de trabajo, y tuvo como precursores a los familiares de las víctimas de la llamada Tragedia del Paraná. Fueron ellos quienes se pusieron al hombro la necesidad de dotar a Misiones de un marco jurídico que permita regular las actividades recreativas en los espejos de agua.
A ocho años de la puesta en vigencia de la norma, sólo tres de los 76 municipios se han adherido.
Mientras tanto, como en cada verano, las tragedias en balnearios de la Tierra Colorada se repiten. Ayer, en Puerto Piray, un joven de 16 años desapareció cuando se bañaba con sus amigos en aguas del arroyo Piray Miní, en una zona que no puede ser controlada por la Dirección de Seguridad acuática de Misiones porque la comuna de Eldorado no está adherida a la norma (ver página 21).
Es que Posadas, Candelaria y Garupá son las únicas tres comunas en las que la Dirección, organismo creado para llevar adelante el control e implementación de la norma, puede tener injerencia para certificar la seguridad de los natatorios. En el resto de la provincia los nadadores están a su suerte, o a suerte de los municipios que deberían controlar la actividad.
Esto deriva en que en muchas localidades se terminan creando balnearios en lugares no aptos, por ser zonas peligrosas, o en que quienes deben velar por la seguridad no se encuentran debidamente preparados.
Ante esto, desde la Dirección de Seguridad Acuática alertan que “quienes están a cargo de la seguridad en los balnearios, por lo general, no están preparados”, según José Aguirre, titular del organismo de control. Aguirre explicó que quienes deben velar por la seguridad de los bañistas, en balnearios públicos o privados, deben estar “capacitados física e intelectualmente”, y para asegurar esto, desde la Dirección se los somete a pruebas anuales que les permiten revalidar los permisos.
El problema es que sólo a partir de la adhesión de los municipios a la norma, la Dirección puede ejercer el control en balnearios de la localidad. Por ello, un municipio no adherido no asegura la existencia de personal preparado en cada balneario, ya sea privado o público, de su jurisdicción.
“A los municipios no adheridos no podemos entrar, porque no tenemos incidencia para entrar a trabajar y ver cómo están o qué necesidades tienen, o incluso para estudiar por qué se producen los ahogados en sus balnearios”, explicó Aguirre, y agregó que “esos balnearios no tienen un control de la cantidad de gente que entra ni tampoco de la gente que los está cuidando”. Pero no sólo se controla a los balnearios para asegurar que tengan medidas de seguridad y personal matriculado, sino que también se controla y sanciona a quienes se prestan a cumplir tareas de guardavidas sin haber hecho los cursos o validaciones necesarios para ejercer la tarea.

Una cuestión económica
Para Aguirre, la explicación de la no adhesión de las 73 comunas que restan a la ley responde a cuestiones económicas. Es que quienes adhieran a la ley no sólo adhieren a los controles si no también a las obligaciones de seguridad y sobre todo a las obligaciones para con quienes ejerzan el trabajo de guardavidas o socorristas. Esto, porque la norma provincial también fija cuestiones laborales y salariales para el sector.
Aguirre, quien desde hace 15 años ejerce como guardavidas, recorre habitualmente la provincia como funcionario, pero también lo hace de forma particular, y es allí donde se encuentra con las situaciones más exóticas y riesgosas.
“Recorro toda la provincia, y a veces de forma particular y sin decir quién soy me acerco a hablar con la gente y con los guardavidas, y he visto cada cosa que no se puede creer. He hablado con una persona que supuestamente era guardavidas y le tenía miedo al agua, y trabajaba en un natatorio”, relata Aguirre, aún sorprendido. Y agrega “entonces ahí es cuando uno dice: ¿Hasta qué nivel hemos llegado?” para luego explicar que “lo que pasa es que a él le pagan dos pesos y lo dejan todo el día ahí controlando. En cambio, a un guardavidas profesional con título y matriculado deben pagarle lo que corresponde”.
Y concluye: “Es ahí donde está el problema, el tema es económico para las comunas. Pero en realidad eso es no apostar por la seguridad de la gente”.

Municipio por municipio
En los últimos dos años la dependencia provincial recorrió todas las comunas de Misiones en busca de la adhesión. En esa tarea se encontró con intendentes que desconocían la norma, ya sea en su existencia o en su funcionamiento. “Estamos trabajando hace dos años con la Dirección de Seguridad Acuática recorriendo municipio por municipio. Recorrimos todos, uno por uno. Y llevamos la información y nos encontramos con intendentes que no tenían conocimiento de que existía la ley, con otros que sí sabían, pero no sabían cómo funcionaban”, indica Aguirre.
Y explicó que “por ahí se cree que la Ley de Seguridad Acuática tiene que ver mucho con los guardavidas, pero en realidad es mucho más que eso. Estamos para trabajar en la ayuda para armar un plan de contingencia de balnearios y playas, como llevar adelante la demarcación de una zona de pileta o de zonas profundas, que zonas son peligrosas, como trabajar con la comunidad en el tema de la prevención de ahogamientos. Son muchos temas que se abordan y se trabajan con talleres”. Pero aun así, los municipios todavía no se adhieren.