Múltiples allanamientos de la PFA derivaron en el arresto de hijo de un capo narco

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Policía Federal Argentina (PFA), llevó adelante 38 allanamientos en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, en el marco del Plan Bandera, así como también en la provincia de Córdoba y en el Gran Buenos Aires. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas  12 personas, entre ellas Santino Alvarado, hijo de Esteban Lindor Alvarado, quien fue localizado en una vivienda de la localidad de Funes.

Al momento de su detención, el imputado rompió tres teléfonos celulares. Asimismo, se incautaron cocaína, armas de fuego, municiones, cargadores y una granada. Los investigadores sospechan que la organización se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y armas, al cobro de dinero y a maniobras de lavado de activos.

La investigación judicial apunta al entorno de Esteban Lindor Alvarado y a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los detenidos también se encuentran María Fernanda Rojas, señalada como mano derecha de Esteban Alvarado, y Claudio Tavella, abogado del nombrado, ambos identificados por los investigadores como personas de su extrema confianza.

De acuerdo con las tareas investigativas, Santino Alvarado habría utilizado a su círculo de allegados para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la venta de armas de fuego y municiones, la comercialización de estupefacientes y el cambio de divisas. Estas operaciones habrían sido disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta, como parte de un presunto circuito de lavado de activos.

Por su parte, María Fernanda Rojas habría desempeñado un papel central en el manejo de los movimientos de dinero de la estructura. Los investigadores determinaron que contaba con un amplio conocimiento de su funcionamiento y de las relaciones internas, por lo que presumen que, desde la detención de Esteban Alvarado, habría asumido un rol relevante para garantizar la continuidad de sus actividades. Además, las tareas de vigilancia permitieron establecer que mantenía un perfil reservado y adoptaba constantes recaudos en sus desplazamientos y contactos.

En cuanto a Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, la investigación estableció que ambos habían compartido un período de detención años atrás, circunstancia a partir de la cual habrían consolidado un vínculo de estrecha confianza. Según las pesquisas, Tavella no solo ejercería su representación legal, sino que también sería una de las personas encargadas de atender distintos requerimientos de Alvarado y mantendría comunicaciones telefónicas cotidianas con él.

La causa se inició como desprendimiento de una investigación que tramitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en la que se había frustrado un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza. A partir de ese episodio, la Justicia ordenó profundizar las pesquisas sobre su entorno ante la posible comisión de delitos vinculados con la Ley de Drogas.

Las tareas de inteligencia se concentraron en Santino Alvarado y sus contactos más cercanos. Mediante intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y el uso de drones, los investigadores identificaron personas, domicilios y vehículos, y reunieron indicios sobre las presuntas actividades ilícitas y los roles que cumpliría cada integrante.

Con la información obtenida, la División Operaciones Federales de la PFA desplegó los procedimientos por orden del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con intervención de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, a cargo del Dr. Matías Scilabra.

Durante las mandas judiciales, en una vivienda vinculada a Santino Alvarado, los efectivos incautaron una escopeta calibre 12/70 con 14 municiones, una pistola calibre 9 milímetros con mira láser y tres cargadores que contenían un total de 88 municiones, además de una pistola calibre .380 con dos cargadores y 125 municiones, otra escopeta calibre 16 y un revólver Magnum calibre .357.

En otro inmueble relacionado a otro de los integrantes de la banda, se encontró un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilogramo, identificado con el sello de un delfín, una pistola calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador y dos municiones en su cargador. También se secuestraron una pistola calibre 6,35, dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.

Además, fueron incautados 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana y 45 plantas de cannabis sativa, ocho automóviles, dos camionetas y dos motocicletas, además de más de 21 millones de pesos, 1.100 dólares y 25 teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, acusados de infracción a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.