Algunos puntos que establece la nueva legislación penal

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los “supervisores”, una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener “formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social”.

“Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados”, señala. 

 

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