Luz verde a la nueva ley de discapacidad

El Senado la aprobó por unanimidad y con ello queda atrás la emergencia en el área. Las palabras del Papa en su reciente visita le metieron mayor presión al gobierno, que por otro lado logró dictamen en su afán de suspender las Paso para 2027

El fin de año se muestra intenso para el Ejecutivo nacional y las cámaras alta y baja, ocasión en que oficialismo, aliados y oposición juegan sus cartas con la mira puesta en 2027. Así, uno de los temas más sensibles que se abordó fue la nueva ley de discapacidad, sancionada por el Senado. La norma dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados en Diputados -el gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

En el medio no puede soslayarse la visita del papa León XIV, quien fue al Cottolengo Don Orione e hizo hincapié en que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”. Muchos senadores lo remarcaron durante el debate. Esa postura también metió presión al oficialismo para avanzar con la nueva ley sin más demoras.

También el oficialismo logró convertir en ley el proyecto de Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), que ya había vuelto al Senado con modificaciones realizadas en la Cámara Baja.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales detractoras del acuerdo, advirtió que el nuevo régimen podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.

En concreto, desde el sector plantean que esto retrasaría la llegada de genéricos al mercado, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.

Además, hubo luz verde para la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo. El rechazo a la extranjerización, que se generalizó entre famosos de peso, incluso entre quienes no suelen opinar de política, obligó al gobierno a retroceder en su ambición.

La ley introduce, asimismo, cambios importantes en los procedimientos de desalojo y en las reglas que rigen cuando un inquilino deja de pagar el alquiler o vence el contrato y no se va. El objetivo central en el tema de los alquileres es acortar los tiempos para que el propietario pueda recuperar un inmueble, mediante procedimientos judiciales más rápidos y la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de la propiedad.

Varios frentes, leve alivio

En ese contexto, el gobierno nacional debe atender varios frentes que comienzan a serle cada vez más adversos. El riesgo país se instaló entre los principales temas de la agenda económica, por un lado; por otro, la Justicia tampoco está en sintonía: es que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el gobierno había eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia.

El alivio llegó desde el Senado cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a la firma el dictamen de la Reforma política. Las intenciones son abrir el recinto el jueves 26 para darle media sanción a la iniciativa.

El texto final no incluye la habilitación de las listas colectoras; suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en las elecciones de 2027. Además, modifica la veda electoral, incluye Ficha Limpia y acota la obligatoriedad de los debates presidenciales, entre otros puntos salientes.

Sin embargo el tironeo se mantiene, ya que en la ciudad y la provincia de Buenos Aires la iniciativa quedaría trunca.

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