Polémica
El gobierno ahorraría billones al demorar el IPC
El aplazo en la salida del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) dejó al descubierto que las estadísticas en la Argentina continúan -luego de 20 años- sumidas al gobierno de turno. Tal es así que, en el afán de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) seguirá midiendo la principal variable de la economía con una canasta de bienes y servicios de 2003/2004 y no lo hará con la de 2017/2018, que más allá de que quedó vieja, refleja de una forma más certera el comportamiento de consumo de los argentinos.
El cambio metodológico implica, según Estudios Económicos del Banco Provincia, que el Estado Nacional se ahorre casi $5 billones por la menor actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones que ajustan de manera automática por el último IPC, así como también los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER, que representan poco menos de 0,5% del PBI.
El Gobierno proyecta, según sostuvo en una entrevista radial el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que el nuevo método para medir el IPC se implementará “cuando la inflación sea cero”, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
La estructura de consumo vigente refleja un país con un tipo de cambio apreciado ($2.250 y 35% más alto que el actual), mayor peso de bienes y menor participación de servicios en la estructura de ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005. Dos décadas después, los patrones de gasto cambiaron, tanto por transformaciones tecnológicas como por modificaciones en los precios relativos. La inflación proyectada por el instituto para 2026 rondaría el 25,9% con la canasta actual, pero ascendería al 28,6% si se aplicara la actualización metodológica.