Reclaman reabrir Mesa de Diálogo de la Policía y del Servicio Penitenciario

El diputado provincial, Ramón Oscar Amarilla encabezó, en esta jornada del miércoles 28, el pedido formal al gobierno de la provincia de Misiones, para que “arbitren los medios necesarios para retomar los canales de comunicación con los representantes electos de la Mesa de Dialogo de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial, en virtud de la interrupción unilateral de la comunicación por parte del estamento gubernamental y de la plana mayor, generando una afectación directa al bienestar del personal”.

En conferencia de prensa y acompañado por camaradas de las distintas reparticiones y tras lamentar la ausencia de los demás diputados provinciales, Amarilla explicó que el escrito fue elevado de manera formal al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, al ministro de Hacienda y Economía, Adolfo Safrán, además al subsecretario de Seguridad y Justicia, al ministro coordinador de gabinete. Del mismo modo, por lo detallado por el referente del sector “al director de Liquidaciones de la provincia, el contador nacional Miguel Dos Santos, al jefe de la Policía, Sandro Martínez, al subjefe Marcos López Asencio a la directora del servicio penitenciario provincial, la alcaide general Valeria Mereles, y para su director general, alcaide general Mesa. Les nombro a todos para que se den cuenta de que nosotros verdaderamente tenemos intenciones y ganas de dialogar con las autoridades, con el gobierno de la provincia de Misiones, que unilateralmente, en su momento, después de habernos privado de la libertad un montón de colegas, que no cometimos ningún delito, que no pertenecíamos a ningún grupo de Whatsapp, como en mi caso, ellos han cortado el diálogo con la policía, con el Servicio Penitenciario, con la mesa de diálogo”. 

Por lo planteado por Amarilla el primer paso importante es la reapertura del diálogo. Además de ser el tema central lo salarial, también añadió la situación del Instituto de Previsión Social.

“Nosotros llevamos 47% de pérdida del poder adquisitivo en todo este tiempo y no hemos recibido ningún incremento desde el ultimo acampe realizado en mayo 2024”, afirmó.

Planteó que, de acuerdo al costo de vida, la mayoría de los agentes, que cobran 900 mil pesos están en una situación de indigencia y que aquellos de mayor jerarquía logran acercarse al costo de vida para no caer en la indigencia.

El escrito
En el escrito recuerdan que la Mesa de Diálogo cuenta con reconocimiento oficial bajo las actas firmadas los días 1 y 2 de septiembre del año 2020. “El estado debe ser el primero en cumplir con los compromisos asumidos. La vigencia de las actas de 2020 establece un precedente de buena fe. Retomar la Mesa de Diálogo es un acto de ejemplaridad institucional que refuerza la confianza de los subordinados en sus mandos y en el sistema democrático, alejando cualquier sentimiento de arbitrariedad”.

Sobre los ingresos
Uno de los puntos centrales es el pedido de actualización salarial. “La realidad socioeconómica de la provincia se ve marcada por la persistente inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de las fuerzas de seguridad. Cuando el salario de un efectivo policial o penitenciario no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total se produce un fenómeno de vulnerabilidad laboral. Un trabajador preocupado por la subsistencia básica de su familia es un trabajador cuyo bienestar está comprometido, afectando colateralmente la calidad del servicio de seguridad que se brinda a la ciudadanía. La falta de un canal de comunicación para canalizar reclamos laborales y salariales, incrementa el agotamiento emocional y la sensación de desprotección institucional”, plantearon el escrito.

Justamente añaden que el pedido de reapertura de la mesa de diálogo es para tratar “con carácter de urgencia la actualización salarial y las condiciones laborales del personal de seguridad, quienes hoy se encuentran con sus haberes postergados frente a la inflación reinante”.

Extienden el pedido para que se arbitren los medios necesarios para las demás Instituciones Laborales y Sindicales, tanto provinciales como municipales.

En tal contexto requieren se disponga “la inmediata reanudación del diálogo institucional, en un marco de legalidad, respeto y responsabilidad estatal”.