El ajuste de Milei golpea al Parque Iguazú con un canon de $4,2 millones que amenaza los accesos

El Gobierno nacional aplicó un recorte de $41,7 millones al presupuesto del Parque Nacional Iguazú y, meses después, la Administración de Parques Nacionales pretende establecer un nuevo canon de $4,2 millones mensuales para una empresa de remises que presta servicio dentro del área protegida. La medida alcanza a 18 familias y genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la actividad turística y el acceso a Cataratas.

El ajuste sobre los recursos destinados al Parque Nacional Iguazú fue oficializado durante este año a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La reducción alcanza los $41.715.920 y forma parte de una poda de más de $2.500 millones sobre partidas de la Administración de Parques Nacionales. En el caso de Misiones, también fue afectada la Reserva Federal Campo San Juan, con una quita superior a los $12 millones.

Menos recursos para cuidar el Parque

El recorte impactó sobre partidas vinculadas al funcionamiento operativo, patrullajes, combustible, mantenimiento y preservación ambiental de las áreas protegidas. La situación generó reclamos desde Misiones ante el Gobierno nacional por el impacto que la reducción de fondos podía tener sobre uno de los principales patrimonios naturales y turísticos del país.

En ese contexto aparece ahora una nueva controversia dentro del Parque Nacional Iguazú. La Administración de Parques Nacionales propuso cobrar un derecho mensual de explotación a la empresa Remisses Ecología S.R.L., que presta servicio desde el hotel Gran Meliá, ubicado dentro del área protegida.

El canon planteado equivale a 70 entradas generales al Parque Nacional Iguazú. Como el valor actual del ingreso general es de $60.000, la suma alcanza los $4,2 millones mensuales. Además, el esquema contempla una contraprestación anual equivalente a otras 140 entradas, actualmente unos $8,4 millones, que debería materializarse mediante equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos para el Parque.

El costo del ajuste llega a los trabajadores

La actividad es desarrollada por Remisses Ecología desde hace décadas. Según explicaron los trabajadores, unas 18 familias dependen directamente de ese servicio. La empresa ya afronta un pago mensual cercano a los $2 millones al hotel Gran Meliá por operar en sus instalaciones, por lo que consideran inviable sumar un nuevo desembolso de $4,2 millones mensuales a Parques Nacionales.

Uno de los trabajadores, Omar Rodríguez, señaló que lleva 36 años desempeñándose en el lugar, desde la época del antiguo Hotel Internacional, luego durante la etapa del Sheraton y actualmente con el Gran Meliá. El reclamo apunta a que la nueva exigencia representa una carga que no existía para quienes desarrollan esta actividad desde hace décadas.

La controversia no se limita al bolsillo de los remiseros. Los trabajadores advirtieron que, de no encontrar una solución, podrían adoptar medidas que terminen afectando la operatoria turística y el acceso a Cataratas del Iguazú, con impacto sobre visitantes, agencias, excursiones y otros prestadores.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el impacto concreto de la política de ajuste aplicada por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema de parques nacionales. Por un lado, Nación reduce recursos destinados al funcionamiento y conservación del Parque Nacional Iguazú. Por otro, la administración del área busca incrementar los ingresos propios mediante nuevos derechos de explotación cobrados a quienes desarrollan actividades dentro del área protegida.

El contraste adquiere especial dimensión en Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de la Argentina y una de las áreas naturales de mayor importancia del país. El parque protege unas 68.000 hectáreas de selva paranaense y tiene a las Cataratas como principal atractivo, por lo que cualquier conflicto que afecte su funcionamiento termina repercutiendo sobre una cadena turística mucho más amplia.

Así, mientras el ajuste nacional ya significó una quita millonaria para el Parque, el nuevo canon amenaza con trasladar parte de la presión fiscal y administrativa hacia trabajadores y prestadores que dependen de la actividad turística. La discusión excede los $4,2 millones mensuales: pone en cuestión cómo se financia y cómo se sostiene un área protegida que, al mismo tiempo que recibe menos recursos públicos, genera una enorme actividad económica para el país y especialmente para Puerto Iguazú.