En plena crisis, crecen los servicios informales
Organizadores de eventos alertan por estafas y trabajan en una ley de trazabilidad
Las redes sociales y los grupos de compra-venta se volvieron ‘nichos ideales’ para captar a familias que, ante el deseo (y también la necesidad) de celebrar un evento con poco presupuesto, se ven expuestas a estafas con servicios, salones y organizaciones de fiestas.
El último caso se conoció el fin de semana pasado en Posadas cuando, para un evento privado, la supuesta firma que se encargaba de la organización integral del encuentro nunca apareció. Un espacio sin decorar, ausencia de catering y de postre, entre otros servicios por los que se había hecho el pago.
Profesionales de la industria de eventos lamentaron que estos “no son hechos aislados” y que los fraudes en la contratación de servicios para fiestas se incrementaron en los últimos dos años, según contaron a El Territorio.
Ante ese escenario, la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) y la Dirección de Defensa del Consumidor de Misiones emitieron comunicados alertando a la comunidad y solicitando que, como clientes, se informen previamente y pacten citas presenciales con los oferentes con el detalle del presupuesto a firmar. La clave, señalaron, es pedir algún comprobante o contrato por escrito sobre los servicios y precios acordados.
“Por desgracia, cuando un caso así se conoce nos termina manchando a todos”, advirtió Paola Brand, empresaria del rubro. “Un montón de clientes fueron embaucados y después proveedores, colegas nuestros, tuvieron que salir a auxiliarlos”, sumó a su turno Silvina Cabrera, organizadora de eventos corporativos y de reuniones en Concepto Vip. Según explicó, hubo casos en los que otros empresarios debieron prestar decoración, catering u otros servicios para que las celebraciones pudieran realizarse.
Graciela González, decoradora y propietaria de DecoGra, señaló que las situaciones se repiten con distintos servicios y que muchas contrataciones se concretan a través de redes sociales y transferencias. “No podemos dejar que esto siga afectando al resto de gente que hace muchísimos años está trabajando”, planteó.
Desde Amproe -que nuclea a unos 322 socios en toda la provincia- instaron a las y los damnificados a realizar las denuncias formales pertinentes ante Defensa del Consumidor y la Municipalidad de Posadas. Verificar y constatar la identidad o antecedentes comerciales del proveedor; requerir presupuestos detallados por escrito con los alcances del servicio, y sobre todo, no efectuar pagos o señas sin contar previamente con un contrato, son las primeras recomendaciones.
Gastón Jilek, presidente de Amproe, sostuvo que “no se cierra por WhatsApp” un evento y reconoció que “la gente está tratando de optimizar su presupuesto y, en esa búsqueda, termina comprando espejitos de colores”. De allí surge, marcó, la necesidad de contar con una norma que regule y agilice las habilitaciones formales del sector.
Los referentes consultados sostuvieron que una de las dificultades es la falta de un registro integral que permita identificar qué empresas y proveedores están habilitados. Jilek explicó que actualmente la Municipalidad no cuenta con una base de datos de ese tipo y tampoco existe una ley provincial que contemple a todos los rubros vinculados con los eventos.
Por eso, las asociaciones y cámaras trabajan en una “ley marco de trazabilidad de eventos”, que luego permitiría que cada municipio adhiera y establezca sus propias regulaciones según sus características.
“Queremos que esa ley marco sea un paraguas”, anticipó Jilek a este diario. El objetivo es que contemple los distintos actores de la industria y permita avanzar posteriormente con las normas municipales.
Proyecto que adquiere forma
“Presentamos la primera documentación, hace unos 20 días atrás que tuvimos reuniones con distintos ministros”, señaló Jilek. Agregó que la parte legal comenzó a avanzar y que se conformará un equipo de profesionales para trabajar sobre los distintos puntos.
La expectativa del sector es que pueda ser tratado “para mediados del año que viene”, según anticipó el presidente de Amproe.
Además del control, plantean agilizar las habilitaciones. Según explicaron, existen actividades que directamente no figuran como rubros municipales, como el caso de los organizadores profesionales de congresos. “Hoy por hoy un organizador de congresos, tampoco está habilitado, no existe el rubro”, sumó Cabrera.
Menos eventos y menos facturación
La caída del consumo repercute, desde ya, en las prioridades y decisiones familiares al momento de celebrar cualquier acontecimiento. En ese sentido, desde Amproe afirmaron que la actividad cayó en comparación al año pasado: “No somos ajenos a la realidad económica. Cayó no solamente en cantidad, sino en nivel de facturación. Nos cayó el volumen y cayó también nuestra rentabilidad”, describió Jilek.
El impacto es particularmente notoria en los salones, que sostienen estructuras y costos fijos, como energía, limpieza y mantenimiento integral. Según ejemplificó, establecimientos que fueron pensados para funcionar “seis o siete veces en promedio por mes” hoy llegan a tener “un evento al mes con suerte”.
Santiago Roitburd, empresario de Zikukim Arte Pirotécnico y FX, marcó que la actividad no desapareció, sino que cambió. “No me animaría a decirte que se dejaron de hacer eventos porque en realidad se siguen haciendo. Cambiaron los tipos de eventos”, observó.
Como ejemplo, señaló que quienes antes contrataban un salón de mayor categoría, un menú completo y una decoración integral ahora optan por quintas o espacios más pequeños y reducen los servicios contratados. “Se fue achicando mucho y se fue achicando también obviamente la calidad de los servicios”, sostuvo.
El mismo proceso se observa en los congresos, donde Cabrera explicó que se reducen las jornadas destinadas a públicos específicos y se acotan las actividades para disminuir costos.
Para los empresarios, ordenar la actividad permitiría establecer reglas comunes para quienes trabajan formalmente y para quienes operan sin habilitación pero están en proceso de contar con ese registro. “No es en contra del que está empezando a trabajar”, aclaró Jilek. El planteo, sostuvo, es “agilizar también ese proceso para que pueda estar en regla”.
La preocupación atraviesa a todo el sector, en todas las latitudes de una provincia marcada por el comercio fronterizo. “Paradójicamente, nosotros como proveedores estamos pidiendo que nos controlen”, resumió Roitburd.
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