Nación tiene fondos para cubrir el financiamiento universitario

Sí hay plata para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, así como también hay posibilidad de incorporarla al Presupuesto nacional 2027 sin modificar el resultado fiscal que defiende el gobierno. Esa es la conclusión central de un análisis de la consultora Zentrix, que estimó que la aplicación de la norma demandaría entre $2 y $3,65 billones adicionales, frente a una partida del Tesoro Nacional de $5,93 billones sin asignación específica que permitiría cubrir ese monto.

En diálogo con Radio Up, el economista y director del organismo, Claudio Montiel, explicó que el análisis toma como punto de partida el proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre pasado. Según detalló, la propuesta oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, pero esa suma no alcanzaría para cumplir con las obligaciones previstas en la ley.

“Lo que nosotros planteamos es que para cumplir con la ley se necesitan entre 2,4 y 3,6 billones de pesos más de lo que ya se está proponiendo en el presupuesto 2027. Y la gran pregunta es de dónde sale la plata”, señaló.

La respuesta, dilucidaron desde Zentrix, se encontraría en las partidas previstas dentro del Tesoro Nacional que quedan a disposición del Poder Ejecutivo y para uso “libre”. De acuerdo con el informe, el proyecto presupuestario contempla casi $6 billones en Obligaciones a Cargo del Tesoro sin una asignación específica, recursos cuyo destino puede definirse durante el ejercicio y que es un “114% más frente a la misma partida del 2026”, aclaró.

Para Montiel, una parte de ese monto podría reorientarse al financiamiento universitario sin incrementar el gasto total proyectado ni comprometer el superávit fiscal. “Cumplir con la ley completa cuesta, como máximo, el 62% de ese monto”, detallaron desde la consultora.

“En lugar de usarlo discrecionalmente para negociar con los gobernadores, para la campaña política o para cuestiones que quizás responden más a la política nacional, úsenlo para las universidades, sin romper el equilibrio fiscal”, planteó.

Aclaró que el trabajo de la consultora no implica desconocer la importancia del equilibrio de las cuentas públicas. En su opinión, “como economista estoy a favor, creo que a Argentina no se puede hoy dar el lujo de entrar en déficit fiscal”, afirmó. Sin embargo, consideró que la discusión debe centrarse en cómo se distribuyen los fondos disponibles y cuáles son las prioridades del Estado. “Estamos discutiendo si hay plata o no, cuando la plata está”, resumió.

El informe describe parte de la problemática que atraviesa el sistema científico y universitario en todo el país. De acuerdo a los datos analizados, el presupuesto que se destinó en 2025 para ciencia y técnica fue del 38% de lo ejecutado en 2023. Para los proyectos de extensión, prácticamente no hubo fondos: fue de apenas el 1% de lo ejecutado en 2023.

La falta de presupuesto también impacta en el alcance de las becas Progresar que, siguiendo el mismo documento, están un 95% por debajo de las registradas en 2023.

Cuánto costaría cumplir la ley

El informe de Zentrix calculó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2027 requeriría entre $2 y $3,65 billones, un monto equivalente a entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado. La consultora contrapuso esa estimación con los $5,93 billones que figuran en el proyecto presupuestario dentro de las obligaciones del Tesoro sin una asignación específica.

“Esta misma partida de plata que no se está usando es de $1,9 billones de pesos, que hoy están guardados para sostener la liquidez del Tesoro”, explicó al comparar los fondos disponibles con el costo estimado de aplicar la norma.

Éxodo de docentes

La discusión presupuestaria tiene un impacto directo sobre los trabajadores universitarios. Según señaló Montiel, después de la recomposición salarial acordada en julio, “un docente que cobraba 100 pesos en noviembre de 2023, hoy cobra 78; es decir 22 puntos reales menos”. En esa línea, consideró que los aumentos en partidas de infraestructura no compensan el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente, ni resuelven las dificultades para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.