El oficialismo pretende desregular la actividad inmobiliaria en Buenos Aires

La discusión por la desregulación del mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Un grupo de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza trabaja sobre una iniciativa que busca modificar la ley que regula la actividad de martilleros y corredores públicos, en línea con el proyecto que el Gobierno nacional prepara bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger (fuentes del ministerio reconocieron a Ámbito que la propuesta podría ingresar al Congreso nacional en las próximas dos semanas).

La propuesta, que tiene al diputado Juan Osaba como principal impulsor y cuenta con respaldo de otros legisladores libertarios, todavía se encuentra en etapa de análisis y podría terminar con un proyecto conjunto entre ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. La sola posibilidad de avanzar con la iniciativa ya provocó una fuerte reacción del sector profesional. El eje de la discusión pasa por la Ley 10.973, que regula el ejercicio de los martilleros y corredores públicos en la provincia. Desde el espacio libertario sostienen que la normativa vigente constituye una barrera que limita la competencia y restringe la libertad de elección de propietarios y compradores.

Cambios impulsados

La iniciativa apunta a habilitar la intermediación inmobiliaria a personas humanas y jurídicas que no posean matrícula profesional. También incorpora el principio de autonomía de la voluntad para la fijación de honorarios y comisiones, con acuerdos libres entre las partes. Otro de los cambios más profundos consiste en eliminar las sanciones para quienes participen en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. En la actualidad, la normativa contempla multas que pueden alcanzar hasta el doble de los honorarios percibidos.

Dentro del espacio libertario sostienen que las tareas vinculadas con el control legal de las operaciones ya cuentan con la intervención de abogados y escribanos, por lo que consideran innecesaria la obligatoriedad de la matrícula para ejercer tareas de intermediación.

La propuesta guarda una fuerte sintonía con el proyecto nacional que impulsa Federico Sturzenegger y que busca modificar de manera integral el sistema inmobiliario argentino.

El borrador que prepara el Gobierno nacional contempla la eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito del título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario.

Además, prevé liberar honorarios, permitir el ejercicio simultáneo con otras actividades, habilitar el trabajo interjurisdiccional y reconocer expresamente la posibilidad de operar mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

La iniciativa que analizan diputados bonaerenses de La Libertad Avanza toma como referencia el proyecto que impulsa Federico Sturzenegger a nivel nacional. El borrador contempla una serie de cambios profundos sobre el esquema actual del corretaje y la actividad de los martilleros:

Se eliminaría la exigencia del título universitario y de la matrícula obligatoria para ejercer.

Las personas humanas y jurídicas podrían actuar como corredores inmobiliarios.

Los honorarios y las comisiones quedarían sujetos al libre acuerdo entre las partes, sin pisos mínimos ni topes máximos.

Se habilitaría el ejercicio simultáneo con otras profesiones o actividades lícitas.

Se permitiría operar mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

Se establecería que el corretaje no podrá quedar sujeto a restricciones que generen barreras de entrada o distorsiones de mercado.

Agilizar y abaratar operaciones

La propuesta forma parte de la agenda desreguladora que impulsa el gobierno nacional bajo el argumento de reducir costos y eliminar estructuras corporativas. Sturzenegger ya anticipó en distintos encuentros con referentes del sector su intención de avanzar sobre regulaciones que, según su visión, encarecen los servicios profesionales y limitan la competencia. Dentro del oficialismo consideran que la digitalización de procesos, las firmas electrónicas, la interoperabilidad de datos y una competencia más abierta podrían generar operaciones más ágiles y económicas.

Del otro lado, los colegios inmobiliarios rechazan ese diagnóstico. Las entidades sostienen que más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se concretan con participación de corredores matriculados y que apenas entre el 3% y el 5% corresponde a operaciones entre particulares, permutas o acuerdos sin intermediación profesional. El debate sobre la desregulación, los honorarios y la seguridad jurídica de las operaciones ya comenzó a trasladarse a la provincia de Buenos Aires y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión del sector.

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