Los millones en cripto y las pruebas que no alcanzaron en la causa $Libra

El celular del trader Mauricio Novelli, las cajas de seguridad vinculadas a su persona y a su familia y las billeteras cripto que movieron fondos tras el lanzamiento de $Libra fueron los ejes principales de un expediente que quedó prácticamente cerrado. Al disponer el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve investigados, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi concluyó que esas pruebas no alcanzaban para demostrar los delitos denunciados.

La sorpresiva resolución del 23 de octubre puso el foco en una pregunta clave: si los documentos y movimientos detectados durante la investigación permitían acreditar un acuerdo para favorecer el lanzamiento de la criptomoneda a cambio de dinero, o si constituían indicios que no habían podido ser corroborados.

La denuncia describió una presunta maniobra en la que el respaldo público del Presidente habría funcionado como garantía de confianza para atraer inversores, mientras un grupo reducido de billeteras retiraba fondos después de la suba del token. Los denunciantes estimaron que esa operatoria habría permitido extraer alrededor de u$s100 millones y provocado pérdidas a más de 40.000 compradores.

Pero el magistrado entendió que, aun cuando se habían reconstruido operaciones y encontrado documentos de interés, no se había probado el vínculo necesario entre esos elementos y un delito. Uno de los puntos del expediente surgió del análisis forense de los dispositivos de Novelli. Allí apareció una nota que contenía la frase en inglés “this is the final agreement as discussed with H.” (“este es el acuerdo final, como se habló con H.”).

El hallazgo alimentó las sospechas sobre un eventual entendimiento entre operadores privados y el entorno presidencial. En el marco de la denuncia, la hipótesis era que detrás de la promoción de $Libra podía existir un acuerdo económico que involucrara al creador del token, Hayden Davis, y a personas con acceso al Presidente.

Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi destacó que el peritaje no había permitido demostrar que la nota hubiera sido enviada a terceros ni que el supuesto acuerdo hubiese sido efectivamente formulado, recibido y aceptado. El juez fue explícito sobre el alcance que podía atribuirse a ese documento: “No demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo perfeccionado ni permite establecer sus términos definitivos, sus partes, su objeto o la eventual inclusión de una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia”, sostuvo.

El expediente también contenía una oferta de Kelsier Group fechada el 21 de noviembre de 2024, dirigida a Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

El documento mencionaba posibles actividades vinculadas con el Gobierno argentino, la tecnología blockchain, Web3 e inteligencia artificial, además de referencias a Javier y Karina Milei. Para el juez, no obstante, la existencia de ese papel no acreditaba por sí sola un acuerdo ilícito ni que se hubiera pactado un pago para conseguir reuniones o favores oficiales. La falta de firmas y de elementos que demostraran su aceptación resultó central en la valoración judicial.

Así, uno de los elementos que despertaba mayores sospechas en torno al teléfono de Novelli terminó siendo considerado insuficiente para probar que hubiera existido un pacto criminal.

Las cajas de seguridad: movimientos antes del lanzamiento, pero sin dinero cuando las allanaron. Otro capítulo estuvo relacionado con las cajas de seguridad bancarias identificadas a nombre de Novelli. La investigación había detectado movimientos de ingreso y egreso, así como registros y filmaciones de operaciones realizadas por sus familiares María Alicia Rafaele y María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento del criptoactivo.

La cercanía temporal de esos movimientos con el episodio de $Libra despertó interrogantes sobre el posible manejo de dinero en efectivo y su eventual relación con los hechos investigados.