La Procunar, del Ministerio Público, detalló los desafíos para este año

Fiscales en alerta ante creciente narcocriminalidad en las cárceles

Se repite en dependencias federales y provinciales. Recuerdan el plan para matar a un juez de Misiones. También operaba desde prisión el capo narco ‘Mameluco’ Villalba .
viernes 25 de febrero de 2022 | 5:00hs.
Fiscales en alerta ante creciente narcocriminalidad en las cárceles
Fiscales en alerta ante creciente narcocriminalidad en las cárceles

Fiscales de todo el país están en alerta por las crecientes maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios de distintas jurisdicciones, tanto federales como provinciales. Se elaboró un documento y luego entregaron las conclusiones a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue además una de las principales preocupaciones abordadas en el marco de la reunión de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, desarrollada en la Procuración General en diciembre pasado. A ello se suma que representa uno de los objetivos principales a ser abordados este año por los fiscales de todo el país. Todo lo previo se ve reflejado en el informe anual realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Allí se cita además que la organización narcocriminal de alcance transnacional denominada Primer Comando de Frontera (PCF), liderada por Néstor Fabián Rojas operaba de esta manera desde la prisión hasta llegar a elaborar un plan para atentar contra la vida del juez de instrucción de Posadas, Fernando Verón que lo investigaba.

Otro caso en desarrollo se dio en el marco de una causa en la que se investiga a la banda del condenado capo narco Miguel Ángel ‘Mameluco’ Villalba y su hijo Iván. Los investigadores de la justicia federal creen, a partir de escuchas telefónicas realizadas a los líderes del clan Villalba, que seguían dando órdenes desde su respectivos penales. Se sospecha que el clan también podría estar vinculado a la droga cortada con carfentanillo que causó hace tres semanas 24 muertos y más de 80 intoxicados en el noroeste del conurbano.

El plan desde prisión para matar a un juez

El informe da cuenta de los allanamientos y detenciones que tuvieron lugar el 16 de noviembre de 2020, tras la
compleja investigación llevada a cabo en forma conjunta entre la Procunar y la Fiscalía Federal N°2 de Posadas. Durante 2021 se avanzó en la etapa de instrucción seguida contra la organización narcocriminal de alcance transnacional denominada Primer Comando de Frontera (PCF), la cual mantenía vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara. Cita la estructura ilícita comandada por Néstor Fabián Negro Rojas que desde el interior del Complejo Penitenciario N° 1 de Ezeiza, elaboró un plan -fallido- para atentar contra la vida del juez de Posadas, Fernando Verón.


En las cárceles

De acuerdo al informe, a partir de la intervención de la Procunar en varias investigaciones, se advirtió el despliegue de maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios. Ante esto, se realizó un diagnóstico preliminar con el objetivo de exponer los problemas que representa para la persecución penal. Plantean que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Tras señalar que este fenómeno se repite en distintas jurisdicciones y en varias cárceles del país -tanto federales como provinciales-, está evidenciando que la problemática excede las circunstancias particulares de cada institución o de las características de determinada organización.

El documento al respecto está en manos del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto con la propuesta de conformar una mesa de trabajo que convoque a distintas áreas del Ministerio Público Fiscal con incidencia en la materia y a otros organismos vinculados con la temática, para intercambiar diagnósticos, sugerencias y establecer un plan de política criminal que permita el abordaje de este fenómeno criminal específico.

Como resultado de los encuentros, identificaron los factores que facilitan o promueven las maniobras delictivas intramuros y se efectuaron recomendaciones tendientes a reducir los riesgos para la seguridad interna del personal penitenciario, del resto de la población penitenciaria y de terceros dentro de los establecimientos carcelarios; para proteger la seguridad del resto de la sociedad y, en forma particular, de los operadores del sistema de administración de justicia y otras personas vinculadas a la investigación y persecución penal; y para prevenir la comisión de nuevos delitos cometidos desde el ámbito carcelario. Finalmente, se puso en conocimiento a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación las conclusiones, recomendaciones e informes producidos en el marco de la mesa de trabajo, dada la gravedad y peligrosidad de la cuestión, así como el riesgo latente que esta suscita, por cuanto de allí surge que existen grupos de personas que ocupan los niveles jerárquicos superiores de organizaciones criminales de gran complejidad e influencia en sus territorios, quienes, pese a encontrarse privados de la libertad cumpliendo condenas o prisiones preventivas por hechos delictivos vinculados con el contrabando, tráfico ilícito o comercialización de estupefacientes, continúan liderando sus estructuras criminales, mediante la planificación, coordinación y control de maniobras delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas.

Para este año

Por ello, para este año uno de los objetivos propuesto por los fiscales de todo el país es “profundizar el análisis y la adopción de estrategias tendientes a abordar el problema de la narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios en el marco de la mesa de trabajo creada por la Procuraduría General de la Nación”.
Del mismo modo, según el documento, profundizar el abordaje estratégico respecto de fenómenos relacionados a la narcocriminalidad a través del análisis criminal que permita avanzar en la persecución de organizaciones, en coordinación con la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Ministerios Públicos provinciales. 

La Procuraduría actúa con más de 100 fiscalías en la Argentina

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó su informe de gestión 2021, en el que analiza su intervención en la asistencia a fiscales de todo el país, su labor autónoma en la investigación y su rol como organismo especializado en el diseño de la persecución penal en la materia en conjunto con otras agencias del Estado.

El informe repasa la actividad de las tres áreas operativas que conforman la procuraduría e indica que, en materia de persecución penal, la Procunar actúa colaborando actualmente con más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país.

Los lineamientos de su actuación se basan en tres ejes interrelacionados: la intervención en casos, el enfoque estratégico -que prioriza los casos que involucran a la criminalidad organizada- y la cooperación inter agencial.

La intervención de la Procunar en casos concretos, según el informe, puede darse en casos ya judicializados, en los que se presta colaboración a la fiscalía que interviene; o bien a partir de la recepción de información o denuncias respecto de hechos no judicializados, lo que motiva la formación de una investigación preliminar.

Destaca el informe que el trabajo conjunto con los fiscales provinciales es una prioridad. En ese sentido, la procuraduría especializada interviene en las mesas de intercambio de información -creadas por la ley 27.502- entre los distintos actores en las provincias que hayan adherido e implementado la ley 26.052, que establece la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.

La procuraduría evaluó que la ley constituye un avance en relación con el trabajo de coordinación que viene desarrollando desde 2016 en aquellas jurisdicciones que optaron por la desfederalización de la investigación del microtráfico, con el objeto de mejorar la persecución penal, evitando que la atomización de las pesquisas opere de manera negativa y, por el contrario, potencie el trabajo de cada operador mediante el intercambio coordinado de información y elementos de prueba.

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