Gabriela Luján, trabajadora social
"El docente tiene la obligación y responsabilidad de denunciar"
En su gran mayoría, un 80 por ciento, los abusos a menores ocurren en el seno familiar o de una persona cercana al hogar. Es por ello que el dictado de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas es fundamental para que los niños sepan identificar lo que les pasa y poder contarlo.
Como se sabe, muchos casos de abuso sexual se han detectado a partir del dictado de las ESI, lo que activa no sólo una denuncia y una investigación penal, sino también una red de contención para la víctima, compañeros, amigos, docentes y directivos. Es por eso que la vuelta a la presencialidad ha representado también un aliciente para esta problemática.
En este sentido, el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI), dependiente del Consejo General de Educación (CGE), tiene un rol estratégico. Como su nombre lo indica, es un grupo de varias disciplinas (abogados, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales) quienes dan respuesta a diferentes problemáticas que se pueden dar dentro de la institución educativa, entre ellos los abusos.
Gabriela Luján (41), licenciada en Trabajo Social que se desempeña en el GPI, brindó una entrevista a El Territorio en la cual dio detalles de los protocolos de acción ante la detección de un caso, el acompañamiento que se hace al alumno/a e institución y cómo se coordinan con otras instituciones.
Si bien aún no hay estadísticas de las intervenciones en el 2021, la profesional señaló que los casos de abuso detectados “han aumentado de manera notable en los últimos años. Generalmente las edades de los niños son cada vez más pequeños”. No obstante, observó que no se trata simplemente de un aumento de casos, sino que responde al dictado de ESI y también al compromiso docente.
Ante la detección de hechos de abuso, el maestro o profesor tiene que seguir un protocolo, que incluye como paso fundamental reportarlo a las autoridades policiales o judiciales, si es que esto no fue realizado por padres o tutores. “Debería confeccionar un acta, si es un docente pone en conocimiento a un directivo. El directivo también informa de la situación. Cuando se toma conocimiento, tiene la responsabilidad y la obligación como funcionario público de hacer la denuncia”, remarcó Luján.
Y siguió sobre la intervención del GPI: “El apoyo es al docente, también hacemos un acompañamiento pero la intervención no va a ser sostenida desde nuestro lugar. Lo que hacemos es trabajar en redes con las instituciones que sí son específicas en cuanto al tema de niñez y contención específica para temas de abuso como la Línea 102, Defensoría de los Derechos del Niño o la Dirección de Niñez local”.
Al respecto, el Gabinete tiene siete sedes en la provincia para que el acompañamiento sea desde la proximidad y contexto natural.
“Nosotros lo que hacemos es trabajar después con la escuela, generalmente contener al colega, dar estrategias para no estigmatizar al niño y también para que esta situación sea de disparador para hacer talleres de prevención, de charlas de educación sexual. También trabajamos con los directivos para brindar un tipo de estrategia a la intervención de estas problemáticas, como otras”, amplió.
Este proceso se basa en la Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar que brinda el Ministerio de Educación de la Nación y establece lineamientos de cómo actuar antes -la prevención-, durante y después de la detección de casos.
A modo de ejemplo, cuando un niño pone en palabras lo que está sufriendo y se lo cuenta a un educador, este debe reportarlo, pero tiene que evitar la revictimización y no pedirle que lo repita ante otros funcionarios
En esta línea, la trabajadora social destacó el compromiso del docente, que “en estos últimos años tomó un rol protagónico en cuanto a la protección de derechos de los niños. Han asumido su responsabilidad como funcionarios y han hecho denuncias de este tipo de situaciones. En el 2020, más allá de que no hubo clases presenciales, han mantenido el contacto de forma virtual y cuando los niños no se comunicaban se acercaban para estar alertas, atentos. No porque se había manifestado algún tipo de abuso en esos grupos, sino porque estaban atentos a cualquier situación que generara vulnerabilidad y riesgo para el niño”.
Luján insistió que la educación sexual y el hablar de higiene y cuidado del cuerpo, sobre todo en el contexto sanitario actual, “habilita y genera en el niño un espacio de confianza y de reconocer situaciones que ellos vivieron o están viviendo que no están dentro de los parámetros correctos o normales. De poder acercarse y hablar, y que del otro lado sean escuchados. El docente no minimiza, actúa y da una respuesta concreta a esta situación compleja y eso hace que el número haya incrementado, porque sale a la luz”.
Destacó también que los niños son grandes promotores de salud y derechos, por lo que replican y remarcan lo que aprenden en la escuela con su grupo familiar y otros amigos. Puntualizó que también es importante que educandos de otras edades conozcan los métodos anticonceptivos y que se hable de la interrupción legal del embarazo.
Consultada por los aspectos a mejorar, Luján concluyó: “La ley es espectacular en cuando está planteada, pero el hecho es poder plasmarla e implementarla en plenitud, en todos los niveles, en todas las escuelas, independientemente de que sean laicas, públicas, privadas o con alguna orientación religiosa. Pero que sea implementada no como un tema tabú, sino como un tema que es real para brindar herramientas a los niños, para poder identificar y prevenir cualquier situación de abuso a la que puedan estar expuestos”.
Informe de domingo
El drama de los abusos intrafamiliares
Números, factores de incidencia y claves para entender la problemática
Juzgados, con protocolos y oficinas especializadas
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