Pese al cierre total, 17 personas quisieron entrar al país desde Foz

Tras hacerse efectivo el cierre de fronteras a las 00.00 de ayer, la Gendarmería Nacional y la Policía de Misiones procedieron en horas de la mañana a bloquear el acceso al país en el Puente Internacional Tancredo Neves.
El procedimiento se llevó a cabo a las 7 de la mañana y, pese a la advertencia de los efectivos de la Policía Rodoviaria Federal de Foz de Iguazú, un grupo de nueve argentinos quedaron varados en el medio del viaducto.
Es decir, los turistas hicieron efectiva su salida del país vecino, pero no pudieron ir más allá de las vallas y los gendarmes apostados en el medio del puente. Según pudo reconstruir El Territorio, más allá de los reclamos, en ningún momento la situación allí se puso tensa. Sí el grupo intentó pedir ayuda por las redes sociales y persuadir a las autoridades para conseguir ingresar, aunque no tuvieron respuestas.
Reclamaban que estaban en un “limbo” y que nadie les había advertido que no iban a poder ingresar a Argentina, pese a que la medida del cierre total se anunció el viernes y empezó a regir a partir del sábado, aunque ese día se dejó ingresar a aquellos que estaban “en tránsito”.
Con el correr de las horas, llegaron al lugar otros ocho argentinos, que se unieron al grupo pese a las recomendaciones recibidas al hacer efectiva su salida de Foz de Iguazú. Gendarmería Nacional, según contaron los mismos implicados, les proveyó una carpa para cubrirse del sol y las autoridades brasileñas les acercaron agua para que se hidraten.
En este contexto, cerca de las 16, y a pedido del cónsul Argentino en Foz, Roberto Lafforgue, la Policía Federal trasladó al Centro de Frontera de Foz de Iguazú al contingente de 17 compatriotas. Según dijo una de ellos, Any Ojeda, seguían ayer a la noche allí y no los habían ubicado en un lugar para dormir, ni le brindaron otro tipo de asistencia, como agua o elementos de higiene. Asimismo, un grupo volvió a pasar la noche en el viaducto.
Cabe destacar que desde el Consulado argentino en Foz de Iguazú emitieron un comunicado para que todo aquel argentino que se encuentra en el vecino país se comunique para recibir ayuda necesaria para mantenerse en tanto se encuentre fuera del país.
Del otro lado de la frontera, en tanto, se encontraba un grupo de 34 personas que ingresaron al país cerca de las 21 del sábado, quienes legalmente estaban dentro del plazo previsto en la ampliación del decreto presidencial que prohibió el ingreso de ciudadanos argentinos al país.
El contingente llegó a suelo misionero en medio de la lluvia, pasaron por los controles y fueron trasladados en micro cerca del mediodía de ayer. Entonces el Centro de Frontera por el cual en los últimos días ingresaron millares de personas quedó finalmente liberado y fue intensamente limpiado. Los camiones que impidieron el tránsito también fueron quitados y restituidos por orden del Juzgado Federal de Eldorado.

Semana intensa
Como informó el El Territorio el sábado, el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, imputó el jueves por la noche a Claudio Filippa y a varios concejales que formaron parte del comité de emergencia formado en la localidad, por infracciones a los artículos 194 y 230 del Código Penal de la Nación Argentina.
Las imputaciones se dieron luego del polémico decreto municipal firmado por el jefe comunal en el cual se ordenaba que a partir de la medianoche del último miércoles no se permita el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une Iguazú con Foz de Iguazú.
La resolución municipal 291/2020 también establecía que sí podían ingresar al país personas con residencia en la Ciudad de las Cataratas y los transportes de mercadería. Así, para evitar el ingreso de más turistas, desde el municipio se dispuso el bloqueo de la salida del Centro de Frontera y para ello colocaron camiones que impidieron el ingreso vía terrestre a la ciudad.
La resolución y las acciones municipales fueron celebradas por muchos residentes que temían posibles contagios de coronavirus ante la incesante llegada de personas provenientes de países en zona de riesgo, pero también generó polémica y un tire y afloje con la Justicia debido a que el municipio no tiene jurisdicción sobre la zona primaria aduanera, como así tampoco el Parque Nacional Iguazú y las rutas nacionales.
“Es innecesario e ilegal, hay un DNU (274/2020) desde el 16 de marzo que regula el tema. Se estaría cometiendo un delito mucho más grave”, había explicado una fuente consultada en ese momento. Según supo este medio, hubo muchas negociaciones por parte de autoridades del Juzgado y Gendarmería Nacional para que el intendente no lleve adelante las medidas, pero este se mantuvo firme en su postura.
Los artículos violados son el 194 y el 230, inciso 2. El primero de ellos establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, mientras que el segundo indica que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Personas que trabajaron en el lugar señalaron que en el centro de frontera quedaron atrapados familias con niños y bebes y que incluso la municipalidad les llegó a sacar la provisión de agua, algo que calificaron como inhumano. Las fuerzas policiales entendían el cierre de la localidad, pero solamente pedían que se los deje trabajar tranquilamente en zona aduanera, algo que nunca ocurrió.
En medio de ese contexto y complicaciones, quienes llegaban era ubicados en colectivos o trasladados hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú.