Estos centros son impulsados en el continente por la Unión Europea en América Latina, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO). Incluso, a principios del mes pasado, representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay se reunieron en Buenos Aires con el objetivo “de examinar las condiciones políticas, legislativas, geográficas y operacionales para la implementación”.
En esa reunión, según la información oficial, los países profundizaron conocimientos de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera Europeos (CCPA), y se mostraron interesados en implementarlos aquí. En la actualidad existe un proyecto piloto que funciona en Paso Canoas, que divide a Panamá y Costa Rica. 

Reunión en Barracão
Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, el martes hubo una reunión en la que participaron autoridades gubernamentales y policiales de Bernardo de Irigoyen, Dionísio Cerqueira, Bom Jesús do Sul (estado de Santa Catarina) y Barracão (Paraná). Se concretó en la sede del Consorcio Intermunicipal de Frontera (CIF), que queda en Barracão.
De la cita también participó la Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras del Ministerio de Seguridad, que es conducida por el dirigente Matías Lobos. Desde la Secretaría aclararon que aún se trata de un proyecto aunque la reunión es una muestra clara de intenciones, pero pese a la insistencia de este medio, Lobos no encontró tiempo para brindar declaraciones al respecto. El mismo silencio mostró el intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández.
Sobre las conclusiones del encuentro, los presentes coincidieron en la necesidad de avanzar sobre la integración de los controles, la articulación operativa y la estandarización de procedimientos por parte de las agencias policiales de la Argentina y Brasil. Y para ello, tanto funcionarios políticos como policiales presentarán la semana que viene varios informes.
Según el documento al que tuvo acceso este medio, en primer lugar los intendentes de las localidades deberán consignar su intención de apoyo con los recursos     disponibles y también expresarán sus ideas e inquietudes al respecto. En tanto, las fuerzas policiales aportarán estadísticas delictuales y elevarán sugerencias respecto de cómo implementar este modelo de trabajo, además de informar sobre los recursos disponibles y necesarios.
“Estos informes serán elevados a las autoridades ministeriales de cada país para su aprobación y posible firma de un acuerdo bilateral en la reunión del 31 de mayo de 2019 en el marco del Mercosur, como marco jurídico para iniciar las acciones necesarias para la implementación de un Centro de Coordinación Policial en esta región”, se lee al final del texto.
En representación de Argentina estuvieron en la cita el intendente de Irigoyen, Guillermo Fernández, junto a efectivos de la Policía de Misiones y de Gendarmería Nacional. Por el lado de Brasil, además de los intendentes,  estuvieron representantes de la Policía Federal y Militar de ambos estados y Bomberos, entro otros.
“En términos generales, según sea la localización de los centros, su función puede variar sustancialmente y adaptarse a las necesidades particulares de cada punto fronterizo desarrollando actividades que van desde la identificación y cooperación en materia migratoria, la delincuencia ordinaria fronteriza que afecta a los países fronterizos, los distintos grandes tráficos como el tráfico de armas, narcotráfico, la trata de seres humanos, el contrabando o los delitos ambientales”, describe la página de El PAcCTO a estos centros. 

La situación de la frontera
El Territorio realizó varios informes sobre la particularidad de la zona y la facilidad para la comisión de la amplia gama de delitos, más allá de la unión y armonía que existe entre los ciudadanos de las cuatro localidades de Brasil y Argentina. Allí prácticamente todo vale y las únicas que tienen limitaciones a la hora de actuar son las fuerzas policiales, que se ven atadas de manos por las jurisdicciones.
Es decir, los efectivos solamente pueden seguir a los delincuentes hasta el límite fronterizo. De todas formas, la Policía de Misiones implementó en los últimos años el proyecto Frontera Blindada, en el cual la comunicación  con sus pares de Brasil se agilizó muchísimo.  
Las monedas, los idiomas, las costumbres, las relaciones familiares, todo está articulado y confluye sin sobresaltos. Y en este contexto también se desarrolla el mundo del delito, que ha encontrado un terreno fértil para el contrabando de todo tipo, el narcotráfico,  la impunidad para matar y hasta el tráfico de personas, apoyados sobre todo en los campos que se sitúan a lo largo de la ruta nacional 101.
Los caminos alternativos e internos alrededor de esta arteria, donde no se ven grandes plantaciones de ningún tipo, están muy bien cuidados y se nota que por allí el tránsito es muy intenso. Por la noche, camiones que llevan -entre otras cosas- poroto, alpiste y cebolla son descargados en las distintas chacras e ingresan a Argentina sin ningún tipo de control ni trámite aduanero.
Las facilidades descritas han hecho que los delitos se diversifiquen y hagan este punto provincial cada vez más violento. El narcotráfico llegó para quedarse y se han hecho decomisos de marihuana y detenciones de personas que formaban parte de esta logística en los últimos años. Los estupefacientes se venden al vecino país debido a que las ganancias se multiplican.
Según los datos que maneja la fuerza brasileña, por esta singular triple frontera pasan 1 millón de personas al año, la mayoría con fines turísticos, aunque muchos se quedan, circulan y compran allí.
La Unidad Regional XII de la Policía de Misiones abarca desde Tobuna -San Pedro- hasta San Antonio, pasando por Pozo Azul, Dos Hermanas y Bernardo de Irigoyen, donde está la sede. Son sólo cuatro comisarías y menos de 100 efectivos para la vasta jurisdicción. También funciona Gendarmería Nacional, pero tiene un control fijo de acceso a la localidad y las patrullas no se advierten.
En Brasil, en tanto, el plan de seguridad es mucho más amplio, ya que para ellos la diagramación de un plan de seguridad incluye a los cuatro municipios de forma integral. Es así que la seguridad pública -según sus dichos- está pensada para una población de 60 a 70.000 personas, teniendo en cuenta la sumatoria de habitantes de Dionísio Cerquiera (Santa Catarina), Barracao, Bom Jesús Do Sur (Paraná) y Bernardo de Irigoyen.
En relación a eso, hace poco la Segunda Compañía de la Policía Militar de la Frontera de Dionísio Cerqueira pasó a ser un Batallón.

El antecedente de la banda narco condenada

El mes pasado una banda narco que depositaba marihuana en Brasil mediante una chacra de la frontera seca, en Bernardo de Irigoyen, fue condenada por la Justicia Federal a penas de 3 a 6 años.
El fallo estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas, compuesto por  los jueces Manuel Jesús Moreira - presidente- , Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso y recayó sobre Daniel Vedoy (37), Sergio Faustino Dávalos (35), Walter Antúnez de Lara (35), Leandro David Kawalec (38) y Renato Adán de Acevedo (57).
Vedoy, Dávalos, Antúnez de Lara y Kawalec fueron condenados a seis años de prisión por almacenamiento y transporte de estupefacientes en concurso real agravado, mientras que a De Acevedo, quien era dueño de la chacra lindante con Brasil por donde se pasaba la droga, lo sancionaron con tres años de ejecución efectiva.
 La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de Eldorado a través Departamento Triple Frontera de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), que hizo seguimientos, sacó fotos e intervino las líneas telefónicas de todos los implicados.
Finalmente, el 29 de diciembre de 2016 hicieron varios allanamientos e incautaron más de 400 kilogramos de marihuana y varios vehículos, algunos de ellos con patente brasileña, aunque no todos fueron detenidos.
En su momento los investigadores describieron a los implicados como “amos y señores” de la zona, detallando incluso que tenían relaciones con el gobierno municipal, algo que siempre fue negado.