Formosa, cuatro periodistas condenados, un cacique presionado y la Justicia de Insfrán en la mira

La Justicia de Faltas de Formosa condenó a cuatro integrantes del equipo periodístico de La Nación+ que había viajado a Las Lomitas para documentar la realidad de las comunidades originarias de la provincia. El fallo, firmado por el juez de menor cuantía Omar Padilla, dispuso cinco días de arresto o una multa de $282.550 para cada uno de los profesionales, en una resolución que dejó al desnudo, una vez más, el modo en que el poder formoseño trata a quienes intentan mostrar lo que ocurre puertas adentro de la provincia que Gildo Insfrán gobierna desde hace casi cuatro décadas.

Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Javier Corbalán y los productores Lautaro Guillamondegui y Joaquín Rajadel, quienes en septiembre de 2025 llegaron a la zona para el proyecto Hambre de Futuro, con el objetivo de retratar la situación del pueblo nivaclé en las comunidades San José y El Algarrobal. El magistrado los consideró responsables de violar el artículo 73 del Código de Faltas provincial por no contar con una autorización previa ni una credencial habilitante para ejercer el periodismo en el territorio, un requisito que en la Argentina directamente no existe para desarrollar esa actividad y que ADEPA remarcó como uno de los puntos más groseros de la sentencia.

Un juez con pasado militante que terminó condenando periodistas

La sentencia lleva la firma de Omar Padilla, quien asumió como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas en marzo de 2025 luego de ser designado por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Antes de llegar al cargo, Padilla había sido concejal y dirigente del peronismo local, y en una actividad política previa a su nombramiento judicial había elogiado públicamente el liderazgo de Insfrán. Ese antecedente encendió las alarmas entre organizaciones de prensa, que vieron en el fallo una nueva muestra de cómo el aparato de poder formoseño utiliza sus estructuras institucionales para disciplinar a quien se anime a mostrar la otra cara de la provincia.

El propio relato del equipo periodístico, difundido por el medio y ratificado por Urdinez en declaraciones a Radio Uno, describe que el ingreso a la zona contó con el aval de las autoridades comunitarias y que las primeras jornadas transcurrieron sin sobresaltos, con asambleas y entrevistas al cacique de San José, Guillermo López, y a distintos vecinos. El clima cambió recién después de que se publicaran los primeros adelantos en redes sociales sobre las condiciones de vida de los pueblos originarios: a partir de ahí, según denunciaron los periodistas, empezaron a notar que autos identificados con personal de inteligencia provincial los seguían por la ruta, en un patrón de hostigamiento que excede largamente lo que debería ser una simple objeción administrativa.

Interceptados en la ruta y un cacique que firmó sin saber qué firmaba

El 19 de septiembre de 2025 el equipo fue interceptado por un control policial cuando viajaba hacia Lamadrid y obligado a trasladarse a una comisaría para notificarlos de una denuncia penal en su contra. Allí, según el testimonio de los cronistas, permanecieron más de dos horas discutiendo con efectivos y personas de civil, una de las cuales les cuestionó directamente los contenidos que habían subido a Instagram sobre la falta de reconocimiento oficial a las comunidades. Las autoridades, además, se negaron a que fotografiaran la documentación que les hacían firmar, un detalle que por sí solo alcanza para desconfiar del procedimiento.

Cuando el equipo consultó al propio cacique López sobre la denuncia por supuesta alteración del orden público, el líder comunitario aseguró que desconocía el contenido de lo que había rubricado. Según reconstruyó la comunidad, efectivos policiales lo habían llevado la noche anterior a la comisaría y le hicieron firmar un documento con nombres y datos de los periodistas que él mismo no conocía. La escena, más que un trámite administrativo, describe un operativo armado a medida para frenar la cobertura, con un damnificado que ni siquiera sabía qué estaba firmando.

Frente a estas irregularidades, ADEPA expresó su profunda preocupación y rechazo, y objetó especialmente que una controversia vinculada a una cobertura periodística haya terminado en una sanción contravencional. El Foro de Periodismo Argentino, por su parte, había difundido un comunicado la noche previa al fallo en el que remarcó su firme rechazo y alertó sobre la criminalización de la labor informativa. Urdinez, además, adelantó que la resolución será apelada de inmediato y la calificó como un antecedente peligroso e injusto para la cobertura de realidades complejas en el interior formoseño. "El sistema opresivo está armado para que nadie que venga de afuera pueda ni siquiera charlar con gente de la comunidad", denunció la cronista.

Milei celebró el fallo y evitó cualquier crítica a Insfrán

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei se metió en la discusión, pero no para cuestionar al poder formoseño. Apenas se conoció la condena, escribió en sus redes sociales "tiro por la culata" y calificó a los periodistas como "basuras inmundas con micrófono", a quienes acusó de trabajar para sectores de la política vinculados a Insfrán. Lo llamativo es que Milei, uno de los dirigentes que más duramente ha cuestionado el modelo político formoseño, eligió en este caso no dirigir un solo señalamiento hacia el gobernador ni hacia el magistrado que firmó la condena, pese a que el propio Padilla acumula un historial de militancia y respaldo público al insfranismo. La reacción presidencial terminó así, de manera paradójica, alineada con los intereses de la misma estructura de poder que supo denunciar en otras oportunidades.

Bullrich marcó la diferencia y apuntó directo contra Insfrán

La postura de Milei contrastó fuerte con la de su propia senadora, Patricia Bullrich, que sí salió a cuestionar sin vueltas al gobernador formoseño. "En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen", escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de X. Y siguió con una definición todavía más filosa: "¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco".

El contraste entre ambas reacciones libertarias dejó en offside al propio Presidente: mientras Bullrich habló de feudalismo dictatorial para describir el poder de Insfrán, Milei prefirió cargar contra los propios periodistas condenados. Pese a las trabas y a la sanción, el equipo de Hambre de Futuro logró terminar el trabajo audiovisual, que ya está disponible en LN+ y en YouTube, y no descartaron regresar a la provincia para seguir mostrando una realidad que el poder formoseño, una vez más, intentó tapar a fuerza de expedientes.