Caso Cecilia Lazcano: crece la hipótesis de un tercer implicado en el crimen
A casi dos meses del homicidio de Cecilia Lazcano, ocurrido el 16 de julio en Alvear, la causa entró en una etapa de fuerte tensión entre la querella y la fiscalía de Santo Tomé. El abogado querellante Juan Saucedo denunció demoras en la investigación, un trato preferencial hacia la menor imputada y la posible participación de un tercer implicado en el crimen, identificado por ahora solo como "Max".
En diálogo con un medio chaqueño, Saucedo advirtió que la causa debió tener otra celeridad desde el inicio y que su avance se dio, en gran medida, por el impulso sostenido de la familia de Cecilia y de la propia querella. El expediente se encuentra ahora a la espera de la declaración testimonial de amigos de la víctima, todos menores de edad, que se realizará bajo la modalidad de Cámara Gesell.
Un cambio de situación procesal para la menor imputada
En paralelo, la querella logró la nulidad de la resolución dictada el 28 de agosto por la jueza de Garantías subrogante Claudia Luco Montero, que había autorizado a la menor imputada, de 17 años y acusada como coautora e instigadora, a residir en Santo Tomé con total libertad de movimientos, con la escolarización y la terapia psicológica como únicas condiciones. Según explicó Saucedo, esa medida resultaba insuficiente para garantizar el éxito de la investigación, y el Tribunal de Revisión terminó anulándola de oficio por irregularidades.
Sin embargo, el 3 de septiembre se dictó una nueva resolución que también fue apelada por la querella: la prisión domiciliaria en Santo Tomé. "No se dio ninguna garantía de que la menor no va a hablar con los posibles testigos", cuestionó el abogado, al remarcar que la joven quedó al cuidado de su madre y de su padre, quien es sargento de la Policía de Corrientes, y que la única restricción impuesta es la prohibición de ingresar a Alvear. La audiencia de impugnación que definirá si finalmente se dicta la prisión preventiva en un instituto de menores está prevista para este viernes 11 de septiembre.
La hipótesis de un tercer implicado
El punto más grave que introdujo la querella es la posible intervención de una tercera persona, mencionada en los chats intercambiados entre los dos menores imputados: el joven J.G., detenido en el Centro de Contención Juvenil, y su novia. "Se mencionó el nombre por el cual se hacía referencia a esta tercera persona, el nombre Max. Ese Max sería un pariente de la madre de la menor imputada", sostuvo Saucedo.
El abogado cuestionó que el fiscal Facundo Cabral haya descartado esa línea de investigación como "producto del imaginario de dos menores", sin que mediara un análisis científico que permitiera desestimarla. Para la querella, además, existen indicios de que en esos intercambios de mensajes intervenían personas adultas. "Hay cambios de vocabulario, se trataban de usted, utilizaban términos que no son compatibles con la edad de los menores. Tenemos la sospecha fundada de que había adultos detrás", recalcó.
Saucedo también advirtió que el acceso que tuvieron la menor imputada y su familia a la información de la causa, sumado a que el padre es policía en funciones, podría haber facilitado que ese eventual tercer implicado lograra desaparecer.
Cuestionamientos directos a la fiscalía
La querella apuntó de manera directa contra la fiscalía por la demora en el análisis integral de los celulares secuestrados. Aunque la Dirección de Delitos Complejos ya realizó una primera extracción de datos, todavía no se concretó el entrecruzamiento completo de toda la información, una medida que la querella considera clave para determinar responsabilidades.
"Si no hubiese sido por la insistencia de la familia de Cecilia, esto se hubiese quedado en ni siquiera un homicidio, un suicidio iba a ser, porque el mismo fiscal había instalado esa tesis", afirmó Saucedo.
Entre las medidas que fueron solicitadas y todavía no tuvieron respuesta, el abogado mencionó el pedido de recompensa al Ministerio de Seguridad de la Nación para testigos con reserva de identidad, y el secuestro de los celulares de los padres de la menor imputada. "Fíjense que el fiscal los llamó por teléfono y les dijo por favor, pueden entregar el celular. Nadie va a entregar un celular que lo comprometa. Constituye un riesgo procesal de entorpecimiento de la causa", señaló, al dejar entrever que la familia pudo haber tenido tiempo de manipular los equipos antes de entregarlos.
Por ese motivo, Saucedo confirmó que presentará una recusación contra el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, al considerar que se busca cerrar la causa de manera prematura. "No tenemos la menor duda de que se está intentando cerrar la causa. Para la fiscalía ya estaría cerrada la investigación", concluyó.