Caso Guayaré: fundamentos de la sentencia que impuso una pena mínima al fisicoculturista Batista

En marzo, Javier Orlando Batista fue condenado por lesiones leves agravadas, pese a que la víctima, Yennifer Guayaré, quedó cuadripléjica. Los jueces descartaron la acusación por lesiones gravísimas al sostener que una patología ósea preexistente y desconocida hasta entonces influyó de manera determinante en las graves secuelas.

Hace algunas semanas, la segunda sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra el fisicoculturista Javier Orlando Batista, generó fuerte repercusión pública e indignación en distintos sectores sociales, especialmente por la decisión judicial de modificar la imputación y no condenarlo por lesiones gravísimas (delito por el que había sido condenado a 9 años de prisión a instancias de un juicio oral anterior, fallo que fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia), y sí por lesiones leves agravadas. La víctima, Yennifer Guayaré, quedó cuadripléjica luego de la agresión, que ocurrió en una cena en el Club Cooperativa cuando ambos mantenían una relación de pareja en 2016.

Los cuestionamientos se sustentaron en que el imputado recibió finalmente una pena de dos años de prisión (que se dio por cumplida) pese a la gravedad irreversible del estado de salud de la joven, que desde entonces debe movilizarse en silla de ruedas y transitar la vida teniendo que soportar graves complicaciones, mientras que para el agresor las consecuencias penales fueron consideradas mínimas por sectores críticos del fallo.

En los fundamentos del fallo, los jueces Horacio Paniagua, David Milicich y Julio Dante Carvallo (quien intervino en calidad de juez subrogante) coincidieron en que la agresión física existió, que hubo violencia de género y Batista debía ser condenado, pero concluyeron que no podía atribuírsele jurídicamente el resultado más grave porque tras la agresión se descubrió un factor médico previo y desconocido hasta ese momento: un osteocondroma alojado entre la cuarta y quinta vértebras cervicales de Guayaré; patología que terminó siendo eje central del análisis jurídico.

De gravísimas, a leves agravadas

La causa había llegado a juicio con una acusación por lesiones gravísimas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, figura prevista en los artículos 91 y 92 del Código Penal en relación con los agravantes del artículo 80 incisos 1 y 11, que contempla una pena de 3 a 15 años de prisión.

Durante el debate oral realizado en plena pandemia declararon médicos, peritos y testigos, también la víctima y el acusado. Se expuso en ese contexto que Guayaré padecía un tumor óseo benigno no diagnosticado hasta luego del hecho de violencia.

La joven declaró cómo fue la agresión, el contexto de violencia en la relación y las graves secuelas físicas que padece desde entonces. El Tribunal la consideró coherente y creíble. Batista negó haber ejercido violencia y sostuvo que desconocía la existencia de una enfermedad previa. 

La por entonces fiscal Estela Salguero argumentó que la agresión le provocó secuelas gravísimas permanentes y el agresor fue condenado a 9 años de cárcel, sentencia que fue recurrida por la defensa y el STJ la anuló, ordenando el dictado de un nuevo fallo.

La discusión sobre la imputación objetiva

En los últimos días de marzo, tras el análisis de las pruebas documentales y testimoniales incorporadas, los jueces concluyeron que el osteocondroma debilitó la estructura del hueso afectado y alteró las consecuencias del golpe que sufrió Guayaré, aspecto determinante en el cambio de imputación. "La responsabilidad penal no puede construirse únicamente sobre la base de una relación causal material", argumentaron, apuntando que debía analizarse "si el resultado puede ser jurídicamente atribuido a la conducta del autor".

Los jueces concluyeron que el derecho penal no permite responsabilizar automáticamente a una persona por cualquier consecuencia posterior a una agresión y que, para condenar por un resultado grave, no alcanza solamente con que el hecho haya ocurrido antes en el tiempo. "La mera relación causal no basta para fundar responsabilidad penal", señalaron al desarrollar análisis sobre la imputación objetiva.

En ese plano el Tribunal indicó que debía analizarse si Batista creó realmente el riesgo que terminó produciendo el resultado más severo o si ese desenlace estuvo influenciado de manera decisiva por el tumor óseo desconocido. Según la interpretación de los magistrados, el acusado golpeó a la víctima, pero no podía afirmarse con certeza absoluta que la cuadriplejía y las secuelas extremas se produjeron solamente por esa agresión y no por la enfermedad previa. Ese punto fue especialmente valorado en la resolución. Allí se remarcó que "el imputado desconocía por completo la existencia del proceso tumoral", y que "ni siquiera la propia víctima sabía en ese momento que padecía un osteocondroma".

El fallo explica que en derecho penal moderno existe un concepto conocido como "imputación objetiva", que básicamente significa que una persona solo puede responder penalmente por aquellos resultados que realmente derivan del riesgo que creó con su conducta. En ese sentido, los fundamentos indicaron textualmente que "corresponde determinar si el resultado lesivo constituye precisamente la concreción del riesgo jurídicamente desaprobado generado por el autor o si responde a circunstancias extraordinarias ajenas a su esfera de dominio".

En ese plano de análisis los magistrados buscaron determinar si las secuelas extremas podían atribuirse directamente al golpe o si estaban condicionadas por la enfermedad ósea preexistente, y concluyeron que "el resultado finalmente producido no puede atribuirse objetivamente en su totalidad a la conducta desplegada por el imputado", entendiendo que el osteocondroma funcionó como un factor extraordinario que modificó el impacto físico de la agresión y derivó en la lesión de la médula ósea, que causó la inmovilidad permanente de las cuatro extremidades.

La resolución incluso indicó que "la patología ósea preexistente incidió de manera determinante en el desenlace lesivo", razón por la cual, expusieron, no podía mantenerse la imputación por lesiones gravísimas, y en línea con eso, el Tribunal  remarcó que no existían elementos que permitieran afirmar que Batista conociera el cuadro médico previo o que con su conducta pudiera representarse un desenlace de semejante gravedad.

Perspectiva de género y responsabilidad penal

"No puede exigirse al imputado la previsión de una condición patológica desconocida incluso para la propia víctima", expresaron los jueces, que sin embargo consideraron acreditado el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, previsto en los artículos 89 y 92 del Código Penal, en relación con el artículo 80 inciso 11.

La sentencia sostiene que la recalificación "no significa minimizar la violencia sufrida por Guayaré" y, se apunta además que en este tipo de hechos debía aplicarse perspectiva de género, aunque aclara que "eso no autoriza a apartarse de principios básicos del derecho penal ni a atribuir resultados que no estuvieran demostrados con certeza". 

"El enfoque de género no releva al Tribunal del deber constitucional de verificar rigurosamente la imputación objetiva del resultado", expresaron los jueces en el fallo. El Tribunal entendió entonces que, por un lado, Batista ejerció violencia y debía ser condenado, y por otro, que no podía ser responsabilizado penalmente por un resultado agravado condicionado por una enfermedad preexistente desconocida. Ese razonamiento fue el que finalmente llevó a los jueces a imponer una pena de dos años de prisión y descartar la figura penal más grave por la que el acusado había sido originalmente condenado en el juicio oral.

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