Fue a autopsia el cuerpo de la mujer cuya familia se opuso a la ablación

Confirmado el deceso de la mujer cuya familia radicó una denuncia oponiéndose a la donación de sus órganos, para lo cual argumentaron una presunta mala praxis, el juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Piriz, ordenó que el cadáver sea sometido a autopsia para confirmar la causa de muerte.

Dicho proceso legal impidió la ablación, a pesar de que la ley vigente estipula que toda persona mayor de 18 años es donante, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario, lo que no habría ocurrido en este caso.

Previamente se había decretado la muerte cerebral de Nidia Gisela C. (34), quien se hallaba internada en terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá, mientras que en la madrugada de ayer el cuerpo hizo una parada cardíaca.

Según el certificado emitido por la médica María de los Ángeles Amaro, el fallecimiento obedeció a “causas neurológicas”.

Tal como publicó El Territorio en su edición de la víspera, el lunes Miguel Ángel C. (66) se presentó ante la Seccional Tercera para denunciar su sospecha respecto a que su hija podría haber sido víctima de presunta mala praxis médica.

Incluso, previo a su ingreso al Samic de Oberá la paciente había estado en el Hospital Madariaga de Posadas, según la información recabada.

Precisamente, el juzgado interviniente solicitó la historia clínica de la mujer para avanzar en el caso, al tiempo que el examen forense será clave en la pesquisa. La autopsia está prevista para hoy en la morgue judicial de Posadas.

Dolor y dudas

Lo cierto es que el lunes, internada en la UTI del Hospital de Oberá, la paciente padeció una hemorragia cerebral masiva y se decretó la muerte encefálica.

Ello activó el protocolo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), por lo que conforme Ley “Justina” la familia fue notificada al respecto e inmediatamente se opusieron.

En la denuncia del progenitor se adjuntaron certificados médicos y recetas que datan del pasado 4 de agosto, cuando la mujer comenzó a atenderse en el Samic por dolores de cabeza.

El 15 de agosto le otorgaron siete días de licencia médica con reposo absoluto, pero el 31 se descompensó y tuvo que ser internada en observación.

El 1 de septiembre le dieron el alta, pero al otro día -el último sábado- se le paralizó la mitad del cuerpo y fue internada en la UTI con asistencia respiratoria mecánica.

El lunes, en tanto, el neurólogo le diagnosticó “un ACV por presencia dos coágulos de sangre en el cerebro y muerte cerebral”, se cita en la denuncia.

El citado cuadro activó el protocolo del Incucai, pero el mismo quedó frenado por la oposición de la familia.

Alcances de la ley

Luis Esquivel, director El Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis), fue entrevistado ayer por Radioactiva y, sin entrar en particularidades sobre el caso de Oberá, se refirió a los alances de la Ley 27.447, conocida como la Ley “Justina”.

“Toda persona fallecida por muerte encefálica -en el caso de órganos- o fallecida por parada cardíaca -en el caso de tejidos- es donante, salvo que en vida exprese la negativa a la donación en el registro nacional del Incucai o en el Renaper (Registro Nacional de las Personas)” a través del DNI, explicó.

Por esa razón, según el funcionario, “no se molesta a la familia para preguntarles si están dispuestos a donar órganos de un familiar fallecido, porque la ley no autoriza a la familia a aceptar o negar la donación. Quien decide es cada uno de nosotros en vida, y ya no le cargamos a la familia con esa responsabilidad”.

“Sin embargo, hay familias que no comprendieron la ley y se trata de acompañarlos en situación de duelo, siempre y cuando no intervengan terceros que a veces entorpecen el proceso”, agregó.

Necesaria contención

Consultado al respecto, Esquivel precisó que la justicia no tiene injerencia en el cumplimiento de la ley, a menos que se sospeche de una muerte violenta, lo que en puede requerir autopsia.

Sobre el caso de Oberá, aclaró que la mujer “falleció cuando se certificó su muerte encefálica; luego el cuerpo siguió en terapia intensiva, se deterioró, hizo la parada cardíaca y ya no sirve para ablación de órganos”.

Asimismo, subrayó que “la familia puede oponerse, pero según la ley la oposición no tiene valor legal”, al tiempo que agregó: “La mayoría de las familias argentinas están bien informadas y se salvan muchas vidas gracias a la ablación y el trasplante”.

El funcionario mencionó que en ocasiones el dolor por la pérdida de un ser querido y la incomprensión de la ley dificultan el proceso, por lo que desde el Cucaimis acompañan a las familias en tan difícil trance.

En tanto, instó a que “no se pierdan vidas porque no se comprende la ley o porque uno no haya podido salir de tanto dolor y desesperación”.