Geriátrico de Posadas recibió intimación por irregularidades

La denuncia penal por abandono de persona a la residencia de ancianos Itatí derivó además en una serie de procedimientos administrativos. Ayer, se reunió, en la Defensoría del Pueblo de Posadas, el Observatorio de los Derechos del Adulto Mayor, conformado por varias instituciones, entre ellas, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo del Adulto Mayor.

En la reunión estuvo citado Roberto Cordero, propietario del geriátrico - ubicado en la intersección de Junín y Salta - a quien se le intimó a regularizar su situación respecto de la habilitación del lugar.

Es que la residencia no cuenta con habilitación comercial, cuyo trámite depende exclusivamente de la Municipalidad, siempre y cuando cumpla con los parámetros exigidos por los organismos de control como lo es Salud Pública.

 “Intimamos a esta persona - en referencia al propietario - con un plazo máximo de una semana, hasta el miércoles próximo, para constatar los avances en los trámites de habilitación, además pedimos un informe del estado de salud de cada uno de los residentes”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Alberto Penayo, defensor del Pueblo. Actualmente, el hogar de ancianos sigue en funciones y alberga a once personas.

En el cónclave, las autoridades sanitarias plantearon que en diciembre pasado se elevó un expediente con una serie de observaciones al lugar para que sea considerado apto como residencia de ancianos. En ese entonces, se le impuso 90 días para resolver, entre otras cuestiones: faltante de prestaciones a los residentes, accesibilidad a las instalaciones y necesidad de recurso humano capacitado como enfermeras, trabajadores sociales y kinesiólogos.

“Este jueves (por hoy)  se hará un relevamiento del lugar, con la gente, infraestructura hospitalaria y un médico. Se actualizará el informe, ya que la última visita fue en diciembre”, señalaron fuentes de Salud Pública y agregaron, “como mínimo se solicitó constancia de uso del suelo que se tramita en el municipio”.

Penayo remarcó en ese sentido que “la visita al geriátrico será para relevar si se avanzó o no con las observaciones que se habían hecho en diciembre”.

Del control que se llevará a cabo desde hoy a las 9, participarán además de representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública, profesionales de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

“Si no cumple con lo establecido, la Defensoría del Pueblo pedirá a la Municipalidad de Posadas la clausura del lugar. No es excusa que lo que se cobra es muy magro y por eso el lugar está en esas condiciones irregulares. Una vez reunidos todos los requisitos sobre la mesa, el próximo miércoles lo tenemos que resolver. No tenemos que permitir que esto siga funcionando de esta manera”.

“Clausurar el lugar también implica el involucramiento de las familias. Desde mañana serán citados todos los familiares de los residentes del hogar. Lo dije siempre: la primera responsabilidad es de la familia”, señaló Penayo.

El propietario de la residencia Itatí refirió en la reunión a la burocracia de los organismos para contar con la habilitación cuando se cobra valores económicos a los familiares, por lo que se le sugirió que si el negocio no es rentable debe “cerrarlo”.

“Como autoridad de aplicación hacemos un informe y evaluación y le damos una opinión al municipio. Deben ponerse al día con 32 puntos establecidos en la carpeta de habilitación del lugar como institución geriátrica, contemplado en la Ley N° 41", advirtieron desde la cartera sanitaria.

Según las declaraciones del propietario, - de acuerdo al acta -  "todos los familiares estan conformes y por ello no retiran a sus familiares del lugar" tal cual lo había sugerido la Dirección de Gerontología de la provincia. Justamente, por ello los familiares de los once residentes serán citados en el marco de la investigación que realiza el Observatorio de Derechos del Adulto Mayor.

Los funcionarios consultados explicaron que Salud Pública no dispone de poder para clausurar, dado que es facultad de la Municipalidad o bien de la Justicia Penal.

Qué deben tener en cuenta las familias
En Misiones hay 17 instituciones geriátricas habilitadas, de las cuales cinco tienen convenio con obras sociales. Para alojar a un anciano, dependiendo de los servicios y el estado de salud del residente, tiene un costo de entre 60 mil y 90 mil pesos.

Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia recomiendan a las familias tener en cuenta: exigir habilitación comercial, que debe estar expuesta; exigir que las prestaciones de contrato sean cumplimentadas y escritas en historias clínicas respectivas; visitar habitualmente a sus adultos mayores institucionalizados y preguntarles cómo están o cómo se sienten; velar por el bienestar del residentes y sus necesidades propias (elementos de higiene, salidas, acompañamiento a controles rutinarios, uso de teléfono).